Daniel Quintero defendió el millonario contrato de tiquetes aéreos en la Superintendencia de Salud tras denuncias en medio de la crisis del sistema

La Superintendencia Nacional de Salud respondió a los cuestionamientos surgidos por un contrato para el suministro de tiquetes aéreos, luego de que el concejal de Medellín Santiago Perdomo, del movimiento Creemos, denunciara el monto destinado a este proceso en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

La controversia se produjo tras las afirmaciones del cabildante, quien cuestionó la contratación de tiquetes nacionales e internacionales para funcionarios y colaboradores de la entidad durante el segundo semestre de 2026. Según indicó, un gasto de estas características no debería ser prioritario mientras pacientes de distintas regiones del país continúan reportando dificultades para acceder a medicamentos, citas médicas y procedimientos médicos.

De acuerdo con los señalamientos realizados por Perdomo, el contrato contempla recursos destinados al despacho del superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, así como a la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen, lo que generó interrogantes sobre el propósito de algunos de los desplazamientos incluidos dentro del proceso contractual.

Según la denuncia del concejal, cerca de $194 millones estarían relacionados con viajes del despacho del superintendente y de su equipo de comunicaciones, cifra que fue presentada como uno de los principales cuestionamientos frente a la contratación.

Tras la difusión de estas denuncias, la Superintendencia de Salud emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que explicó el origen y el alcance del contrato. “Frente a las versiones periodísticas difundidas sobre el contrato para el suministro de tiquetes aéreos de la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad se permite aclarar que este proceso corresponde a una contratación anual indispensable para garantizar el cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional”, señaló la entidad.

Asimismo, indicó que este procedimiento hace parte de las contrataciones que realiza anualmente para garantizar el desarrollo de sus funciones institucionales.

En el comunicado, la entidad explicó que, “cada año, la Supersalud adelanta este proceso mediante la modalidad de selección abreviada por subasta inversa electrónica, que es adjudicado a quien presenta el menor valor para la entidad, a través de la plataforma Secop II, en estricto cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, economía y libre concurrencia previstos en la normativa de contratación pública”.

La entidad también detalló el cronograma que siguió el proceso contractual durante la vigencia 2026. Según informó, la convocatoria fue publicada el 1 de abril; la apertura del proceso tuvo lugar el 15 de abril; la evaluación de las propuestas se realizó entre el 23 y el 27 de abril; la subasta inversa electrónica se efectuó el 8 de mayo; la adjudicación ocurrió el 13 de mayo y el contrato comenzó su ejecución el 1 de junio de 2026.

Actualmente, agregó la superintendencia, se encuentra en ejecución el contrato No. 480 de 2026, cuyo valor inicial asciende a $3.790.948.074, recursos que, según explicó, tienen como finalidad garantizar la movilidad de los equipos técnicos y misionales encargados de realizar visitas de inspección, auditorías, actuaciones de vigilancia, atención a usuarios y demás actividades institucionales en los diferentes departamentos del país.

Recursos destinados al despacho del superintendente

Uno de los aspectos abordados por la superintendencia fue el relacionado con los recursos destinados al despacho del superintendente nacional de Salud, frente a los cuestionamientos surgidos tras la denuncia.

En ese sentido, la entidad sostuvo que “del valor total contratado, únicamente $54.564.204, equivalentes al 1,4%, corresponden a la asignación prevista para los desplazamientos del Despacho del Superintendente Nacional de Salud durante el resto de la vigencia 2026. En consecuencia, el 98,6% de los recursos financia los desplazamientos de los servidores de la Supersalud que desarrollan la labor misional en las regiones, haciendo posible la presencia institucional donde los ciudadanos requieren la acción de la Superintendencia”.

La superintendencia reiteró que el contrato responde a una necesidad permanente para el funcionamiento de la entidad y que constituye una herramienta para el desarrollo de las funciones constitucionales y legales de inspección, vigilancia y control del sistema de salud.

Finalmente, la entidad manifestó que continuará suministrando información sobre sus actuaciones y defendió el manejo de los recursos destinados a este proceso contractual. “La entidad continuará actuando con total apego a la ley y con absoluta disposición para rendir cuentas sobre cada una de sus actuaciones”, concluyó.