Miguel Polo Polo le pidió a Elon Musk suspender las cuentas de X de Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Hoy Colombia lo necesita”

Luego de que la mañana del martes 7 de julio de 2026 el presidente electo Abelardo de la Espriella ordenara suspender el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, al justificar la medida como una decisión para “proteger los intereses de la Nación”, el excongresista Miguel Polo Polo le hizo una petición a Elon Musk, el empresario norteamericano dueño de X y exconsejero superior del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de que le suspenda las cuentas al jefe de Estado, Gustavo Petro.

Además del mandatario colombiano, Polo Polo también le pidió a Musk considerar hacer lo mismo con los perfiles del excandidato presidencial Iván Cepeda, que cayó en la segunda vuelta de elecciones del domingo 21 de junio con De la Espriella; además de otros líderes del Pacto Histórico, movimiento afín a Petro y con corte progresista y de izquierda.

“Señor @elonmusk, hoy Colombia lo necesita. Le solicitamos formalmente que suspenda las cuentas de @petrogustavo, @IvanCepedaCast y demás líderes del @PactoCol”, inicia el mensaje de Polo Polo que publicó en X horas después del anuncio hecho por De la Espriella en X, y que confirmó el vicepresidente electo y líder del equipo de empalme de gobierno, José Manuel Restrepo.

En la misma publicación, Polo Polo le argumentó a Musk que están circulando “mensajes incendiarios que están difundiendo a través de su red social X están poniendo en riesgo la estabilidad de la democracia colombiana y alentando hechos de violencia en las calles del país”.

Por lo anterior, el exrepresentante a la Cámara le dijo a Musk al final de su mensaje que, “como propietario de la plataforma, tiene la responsabilidad de impedir que esta sea utilizada para promover mensajes que puedan agravar la crisis y afectar una transición pacífica del poder”.

Para cerrar, Polo afirmó que “Colombia necesita que prevalezcan la institucionalidad, la democracia y la paz”.

El mensaje se conoció en medio de una escalada política que también incluyó declaraciones de su equipo sobre una eventual extradición del actual mandatario cuando deje el poder, y en concreto de Carlos Alonso Lucio.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, De la Espriella informó que dio la instrucción “para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”. También precisó que la orden fue impartida al vicepresidente electo.

El mandatario electo sostuvo que la suspensión responde a una obligación institucional frente a la transición.

“Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, dijo el ganador de la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

De la Espriella añadió que ampliará durante la mañana las razones y el alcance de la medida. “En el transcurso de la mañana me dirigiré a la Nación a través de mis redes sociales para explicarles a todos los colombianos las razones de esta decisión y las medidas que adoptaré de inmediato”, señaló en la misma publicación vía X.

La extradición de un expresidente no depende solo de la firma del nuevo mandatario

La controversia creció después de que Lucio afirmara, en entrevista con Cambio, que “el presidente lo ha dicho con claridad. Y la respuesta es que él sí extraditaría a Gustavo Petro”.

La declaración fue hecha en plena transición presidencial y elevó el tono del debate político y jurídico.

Según Lucio, existen denuncias suficientes para que el actual jefe de Estado responda ante la justicia. “Petro ha delinquido”, sostuvo el exsenador, en referencia a procesos radicados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La respuesta directa a la pregunta que abrió la polémica es que un presidente de Colombia no puede extraditar por sí solo a un expresidente.

La Constitución y la ley exigen un trámite judicial y diplomático previo, de modo que la decisión no depende exclusivamente de la voluntad política del mandatario en ejercicio.