El nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado en Colombia ya tiene efectos concretos para millones de usuarios urbanos y rurales. Con la entrada en vigor de la Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), tanto grandes como pequeños prestadores, incluyendo gestores comunitarios, deben aplicar los nuevos criterios tarifarios en todo el país.
El impacto más inmediato se refleja en las facturas de agua de Bogotá y Soacha, donde los usuarios empezarán a ver incrementos en los próximos ciclos de cobro.
La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, explicó a 6AM W que los consumos registrados desde el 1 de julio ya se rigen por las tarifas actualizadas.
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Según sus palabras, “los consumos que se empezaron a generar el 1º de julio ya van a tener unas nuevas tarifas. Esto es de acuerdo a como lo establece la resolución, como lo establece la ley 142”.
Los usuarios que reciban facturas a finales de julio notarán que los consumos previos al 1 de julio se liquidarán con los valores antiguos, mientras que los posteriores aplicarán la nueva metodología. De este modo, algunas facturas incluirán ambos conceptos, dependiendo de la fecha exacta del consumo.
A raíz de la expedición de esta normativa, las tarifas de agua en Bogotá tendrán un ajuste cercano al 6.67% para usuarios residenciales de estrato 4, lo que representa un incremento aproximado de $4.900 pesos en la factura mensual.
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En Soacha, el cambio será de 2.3% para el estrato 3, equivalente a unos $1.200 pesos. Avendaño detalló que “sí hay una variación porque precisamente lo que hace esta nueva metodología es que se actualicen los costos, que se reconozca de una manera distinta las inversiones, que se modifiquen las maneras en las que se actualizan estos costos a la vigencia 2024”.
Cambios en el cálculo y segmentación tarifaria
La gerente destacó que “el aumento es 6.67% aproximadamente en la factura. Estos son $4.900 pesos. En la factura mensual de acueducto, en el caso de Bogotá, porque las áreas de prestación del servicio son diferentes”. En Soacha, donde solo existen usuarios residenciales hasta estrato 3, el incremento es del 2.3% y afecta principalmente a ese segmento.
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La normativa reconoce las particularidades sociales, económicas y territoriales de los pequeños prestadores y los gestores comunitarios, quienes juegan un papel clave en zonas rurales y municipios pequeños. De este modo, la regulación busca equilibrar el acceso y la sostenibilidad financiera de los sistemas de agua y saneamiento, ajustando los parámetros según el contexto específico de cada operador.
Nueva medida del Gobierno haría que las tarifas del servicio de acueducto suban de precio
El nuevo marco regulatorio para acueducto y alcantarillado inició su vigencia el 1 de julio de 2026, en medio de disputas abiertas entre el Gobierno y el gremio empresarial. El esquema, diseñado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), fue presentada oficialmente como una herramienta para reducir tarifas, aunque enfrenta cuestionamientos sobre su impacto real.
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De acuerdo con la entidad reguladora, la metodología establecida cobija a los prestadores con hasta cinco mil suscriptores en áreas urbanas, a todos los que operan en zonas rurales sin importar el número de usuarios y a los gestores comunitarios, sin considerar el tamaño de sus sistemas.
El proceso que derivó en esta resolución incluyó “estudios técnicos y la participación de distintas entidades estatales, así como amplios procesos de consulta ciudadana”, lo que, según la CRA, permitió consolidar “un modelo regulatorio inclusivo y diferencial”.
La nueva regulación incorpora estándares, metas e incentivos diferenciados y flexibles para los pequeños prestadores. “Reconocemos las condiciones específicas de operación y facilitamos el fortalecimiento técnico, organizacional y financiero de estos actores”, puntualizó la comisión en su presentación pública. Además, el texto contempla la situación de territorios vulnerables, zonas Pdet y Zomac, y promueve el reconocimiento de las comunidades como protagonistas en la gestión del agua.
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