Solo una de las cinco reformas sociales de Gustavo Petro avanza a semanas del fin de su mandato

A pocas semanas de que el presidente Gustavo Petro entregue el poder al mandatario electo Abelardo de la Espriella, un balance publicado por El Colombiano concluyó que solo una de las cinco principales reformas sociales impulsadas por el Gobierno logró convertirse en ley y comenzar su implementación. Las demás iniciativas enfrentaron obstáculos en el Congreso, decisiones de las altas cortes o quedaron inconclusas durante su desarrollo.

De acuerdo con el diario, desde el inicio de su mandato, el 7 de agosto de 2022, Petro planteó como una de sus principales apuestas impulsar una serie de reformas encaminadas, según ha sostenido el mandatario durante su gobierno, a mejorar las condiciones de vida de la población y reducir las brechas sociales.

Sin embargo, la reforma laboral fue la única que logró completar el trámite legislativo, mientras que la reforma a la salud, la pensional, la agraria y la creación del Ministerio de la Igualdad registraron diferentes dificultades que impidieron su consolidación o mantienen su futuro pendiente.

La reforma laboral fue la única que se convirtió en ley

Según el balance del medio, la reforma laboral es la única de las cinco iniciativas que logró superar el trámite en el Congreso y fue sancionada por el presidente Petro el 25 de junio de 2025.

El medio recordó que el proyecto atravesó uno de los debates más complejos del actual gobierno. Cuando la iniciativa perdió impulso en el Senado, el Ejecutivo promovió una consulta popular para someter varios de sus puntos a votación ciudadana. Tras el hundimiento de esa propuesta y la controversia generada por el denominado “decretazo”, el proyecto fue retomado mediante una apelación y finalmente aprobado por el Legislativo.

No obstante, su implementación será gradual hasta 2027, por lo que, según expertos citados por el diario, todavía no existen elementos suficientes para medir con precisión sus efectos sobre el mercado laboral.

Entre los cambios contemplados en la ley se encuentran el aumento progresivo del recargo por trabajo dominical y festivo hasta alcanzar el 100%, el reconocimiento del trabajo nocturno desde las 7:00 p. m., la reducción gradual de la jornada laboral a 42 horas semanales y nuevas condiciones para aprendices del Sena, estudiantes de medicina durante sus prácticas y trabajadoras del servicio doméstico.

La directora del Observatorio de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, señaló a El Colombiano que la reforma no fue diseñada para generar empleo, sino para fortalecer la protección de quienes ya se encuentran en la formalidad laboral.

La reforma a la salud no logró ser aprobada por el Congreso

La reforma al sistema de salud fue una de las iniciativas que más dificultades enfrentó durante el cuatrienio.

El primer proyecto, presentado en 2023, fue archivado por el Congreso en 2024 luego de cuestionamientos relacionados con su sostenibilidad financiera. Posteriormente, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicó una nueva propuesta, que nuevamente fue archivada.

Aunque una apelación permitió que el proyecto reviviera temporalmente durante el último periodo legislativo, el calendario electoral y el ambiente político impidieron que avanzara.

Ante ese escenario, el Gobierno optó por implementar parte de sus propuestas mediante decretos, entre ellas el Modelo de Salud Preventivo y la conformación de Equipos Básicos de Salud.

Según el Ministerio de Salud, citado por el diario, ya funcionan más de 10.000 equipos integrados por profesionales que prestan atención en distintas comunidades.

No obstante, el medio recordó que varias de esas decisiones fueron objeto de revisión judicial. La Corte Constitucional ordenó al Ministerio transparentar la metodología utilizada para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y suspendió el uso de esos recursos para financiar parte de los Equipos Básicos de Salud. A su vez, el Consejo de Estado anuló el decreto mediante el cual el Gobierno buscaba trasladar afiliados entre EPS.

El medio también señaló que la Contraloría General adelanta investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la ejecución de recursos destinados al programa.

La reforma pensional continúa pendiente de la decisión de la Corte Constitucional

Otra de las iniciativas analizadas fue la reforma pensional, aprobada mediante la Ley 2381 de 2024, pero que todavía no entra en vigencia.

Según el diario, la Corte Constitucional devolvió el proyecto a la Cámara de Representantes al considerar que durante su aprobación no se había surtido el debate suficiente. Aunque la corporación legislativa volvió a votar la iniciativa, el alto tribunal aún no emite una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.

Mientras tanto, el Gobierno avanzó mediante el Decreto 1342 de 2025, con el que incrementó el subsidio del programa Colombia Mayor y amplió su cobertura.

El economista y politólogo Alejandro Espitia, citado por El Colombiano, consideró que uno de los principales aportes de la reforma consiste en institucionalizar ese subsidio para que no dependa de la voluntad del gobierno de turno.

Sin embargo, el diario recordó que la iniciativa también generó diferencias entre el Gobierno y algunos gremios sobre el umbral de cotización al sistema público y que la Fiscalía General de la Nación investiga si recursos presuntamente desviados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) habrían sido utilizados para favorecer su aprobación en el Congreso.

El Ministerio de la Igualdad terminó en proceso de liquidación

Entre las apuestas revisadas también figura la creación del Ministerio de la Igualdad, una iniciativa que buscaba concentrar en una sola entidad las políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos.

La cartera fue creada mediante la Ley 2281 de 2023 y quedó bajo la dirección de la entonces vicepresidenta Francia Márquez.

No obstante, la Corte Constitucional determinó que la norma presentaba vicios de trámite relacionados con la ausencia del aval fiscal correspondiente. Aunque permitió que la entidad continuara funcionando temporalmente mientras el Congreso corregía esas inconsistencias, el Legislativo no alcanzó a hacerlo dentro del plazo fijado.

Como consecuencia, el Ministerio entró en proceso de liquidación.

El diario también recordó que durante su funcionamiento la entidad recibió cuestionamientos por su nivel de ejecución presupuestal y por algunas controversias relacionadas con nombramientos de funcionarios.

Además, señaló que cerca de 600 trabajadores permanecen a la espera de definiciones sobre su situación laboral mientras avanza el proceso de cierre de la cartera.

La reforma agraria quedó incompleta

Respecto a la reforma agraria, el diario indicó que el Gobierno buscó avanzar en una política orientada a ampliar el acceso a la tierra y fortalecer la formalización de la propiedad rural.

Sin embargo, el balance muestra que, con corte al 19 de abril de 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) había adquirido 254.103 hectáreas, cifra que representa cerca de una cuarta parte de la meta de comprar un millón de hectáreas durante el cuatrienio.

El medio también destacó la aprobación de un documento Conpes con 146 acciones proyectadas hasta 2036 y un presupuesto indicativo superior a los 18 billones de pesos.

No obstante, explicó que uno de los principales obstáculos fue el archivo en el Congreso de la iniciativa que buscaba desarrollar la Jurisdicción Agraria, considerada una pieza clave para contar con jueces especializados en conflictos sobre tierras.

A ello se sumaron demoras administrativas, oposición política y dificultades derivadas del accionar de grupos armados en algunas regiones, factores que, según el balance publicado por el diario, limitaron el alcance de la reforma.