
Un militar desplegado en el departamento del Cauca aseguró que en su unidad han tenido que reunir dinero entre los soldados para comprar drones de reconocimiento, ante la falta de equipos para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas con explosivos usadas por las disidencias de las Farc.
“Nos toca hacer la vaca el pelotón para comprar un dron de reconocimiento y que el pelotón tenga”, afirmó en una entrevista con Caracol Radio.
En ese testimonio, el uniformado explicó que la colecta depende del tamaño del grupo y del monto que cada uno pueda aportar. “A veces toca $100 o a $200 mil, dependiendo de la cantidad de hombres”, dijo, y señaló que la compra puede quedar en manos del comandante de pelotón o de un soldado designado para esa tarea.
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El militar contó que incluso terminó usando un dispositivo adquirido por cuenta propia antes de su despliegue. “Yo ya había comprado un dron, pero pues como hobby, ¿si me entiende? Como algo personal, pero pues yo lo estoy utilizando acá en el pelotón para hacer reconocimientos”, sostuvo.
Consultado sobre si la comandancia está al tanto de esa práctica, el uniformado respondió que sí y lo vinculó a las limitaciones de recursos. “Ellos inclusive en los programas nos dicen que, pues la seguridad de nosotros, que hay que invertir en la seguridad, que pues ya sabemos que las limitaciones de presupuesto no alcanza para darles drones a todos, mucho menos antidrones”, afirmó.
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En la misma denuncia, el militar cuestionó la utilidad en terreno de las pistolas antidrones. “Esa pistola primero que todo no sirve y pesa más que una ametralladora M60”, dijo, y agregó: “Han invertido mucha plata haciendo esa, esa clase de, de pistolas acá en Colombia”.
Tras la difusión del caso, el Ejército respondió que no se trató de una orden, sino de un “mensaje de alerta” para que las tropas se mantengan atentas y que los equipos se han entregado “en gran parte de los pelotones que están desplegados”, según la emisora.

El general Diego Jaramillo, comandante de la Brigada Veintinueve del Ejército, atribuyó esas compras a decisiones personales de los uniformados. “Son iniciativas propias de los soldados por la preocupación misma de ellos de poder: ‘¿Qué puedo hacer más?’”, afirmó, y añadió: “No es una condición que se genere, porque cada vez que ellos van a emplear o se va a emplear una unidad para una operación, se emplean todas las capacidades”.
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Ante la insistencia sobre qué ocurre si en el terreno faltan equipos, Jaramillo reiteró la misma explicación. “Si ellos quieren tener más elementos, esas iniciativas propias de la misma condición de lo que ellos necesitan, por ejemplo, pero ya como iniciativa propia”, sostuvo.
Crisis financiera golpea a las Fuerzas Armadas de Colombia
El sector defensa en Colombia enfrenta una crisis marcada por la utilización de municiones y explosivos vencidos, reflejo de un deterioro institucional agravado por limitaciones financieras. Un informe de Semana expone que el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial operan bajo recortes presupuestales, demoras en mantenimiento y modernización, y un manejo financiero desordenado.
El presupuesto asignado para 2025 es de 33 billones de pesos, aunque $921.000 millones permanecen congelados, lo que fuerza la suspensión de compras y proyectos clave. La falta de recursos afecta la movilidad, inteligencia y equipamiento de las fuerzas públicas, mientras organizaciones ilegales fortalecen su capacidad.
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Según la Contraloría, aeronaves como helicópteros UH-1N quedarán fuera de servicio sin reemplazo y el equipamiento existente se emplea en exceso. El Ejército solicitó 22 billones de pesos, pero solo recibió 12, lo que llevó a recortes del 43% en divisiones y brigadas desplegadas en zonas críticas.

El déficit presupuestal obliga a reducir dotaciones, suspender vuelos por falta de combustible y restringir gastos en brigadas, como la Cuarta Brigada en Antioquia, que recibió fondos mínimos para operar en municipios bajo control de grupos armados.
La Policía Nacional, cuyo presupuesto es de 14,7 billones frente a los 23 requeridos, destina la mayor parte a sueldos, dejando solo un 1% para inversiones estratégicas. Las reducciones afectan con más fuerza a regiones vulnerables, donde agentes deben recurrir a recursos propios y colectas para tareas básicas.
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La Armada y la Fuerza Aeroespacial también reportan recortes significativos, con disminuciones en fondos para operaciones navales, tecnología y combustible. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió que el presupuesto solicitado no fue aprobado y que las soluciones parciales no cubren las necesidades estructurales.
La Contraloría investiga irregularidades vinculadas a materiales vencidos y manejo de recursos. Gobiernos locales, como el de Antioquia, impulsan tasas de seguridad para compensar carencias que afectan la protección y el bienestar de policías y soldados.
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