María Fernanda Cabal se burló de Aida Quilcué por criticar millonario aporte del BID para el empalme: “Que alguien le explique”

Aida Quilcué cuestionó el anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre un apoyo de USD 60.000.000 no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el empalme en Colombia, señalando que una transición entre gobiernos no había requerido antes ese tipo de financiación. Y advirtió que esos recursos podían convertirse en deuda o abrir la puerta a condicionamientos para el país.

La información, difundida el 30 de junio de 2026, fue presentada como parte del primer “Empalme Anticorrupción” en la historia nacional. De la Espriella aseguró que el proceso está a cargo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y que reúne 22 mesas técnicas con más de 1.200 especialistas y facilitadores.

Conforme a lo expuesto, más de 400 personas trabajaron durante más de seis meses para llegar ante el gobierno saliente con “pleno conocimiento del descalabro existente”. En su mensaje en X, el líder del movimiento político Defensores de la Patria describió la transición como un mecanismo orientado a garantizar transparencia en la transferencia de mando y habló de “el desastre que nos están dejando”.

La futura congresista reaccionó con escepticismo frente a la naturaleza de esos fondos. Quilcué sostuvo que “un empalme nunca ha requerido ese tipo de financiación” y preguntó: “¿Realmente Colombia necesita esa deuda para una transición institucional que siempre se ha realizado sin esos recursos?”.

La publicación de la exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda añade que la propuesta implica “recursos que se convierten en deuda y abren la puerta a condicionamientos para el país”. Su crítica se concentró en la conveniencia de aceptar financiamiento externo para una etapa que, a su juicio, históricamente se ha realizado sin ese respaldo.

En respuesta, la exprecandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, sostuvo que es fundamental que Quilcué comprenda la diferencia entre el BID que es un banco multilateral, y otro tipo de entidades financieras, puesto que son claves para el plan económico del país.

“Que alguien le explique a Aida que hay una enorme diferencia entre un Banco “ordinario” y el BID que es multilateral de desarrollo, de propiedad de los Estados miembros, que además de créditos maneja líneas de cooperación técnica no reembolsable para fortalecimiento institucional”, escribió en su cuenta de X.

A la par, Cabal refutó la interpretación de Aida Quilcué enfatizando los términos y condiciones de los recursos que Abelardo de la Espriella contará para el empalme presidencial.

“Tiene que hacerse revisar, Aida. Son 60 millones de dólares no reembolsables. Eso significa que son recursos que no constituyen deuda, no deben devolverse ni generan intereses”, expuso.

La exsenadora remarcó: “Esta cooperación técnica no es un préstamo, no engañe”.

En otro mensaje, Cabal pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunciar el Acuerdo de Escazú, puesto que, en su criterio, vulnera la soberanía nacional.

“Presidente @ABDELAESPRIELLA hay que denunciar el acuerdo ESCAZÚ, herramienta de la extrema izquierda para entregar nuestra soberanía a terceros fuera de Colombia”, escribió en su cuenta de X.

En esa misma publicación, Cabal vinculó su reclamo con una agenda de desarrollo y agregó: “Vamos a desarrollar este país, privilegiado por Dios con tanta riqueza”.

Cabe recordar que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, así como a nivel mundial, que incluye disposiciones para proteger a quienes defienden el medio ambiente. Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, en Costa Rica.

Entre sus ejes figura el acceso a la información ambiental, que establece el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir información de manera oportuna, clara y gratuita por parte del Estado colombiano, según la descripción del propio acuerdo. También contempla la participación pública en decisiones con impacto ambiental y el acceso a la justicia ambiental, con mecanismos legales y tribunales que permitan denunciar daños o exigir el cumplimiento de las normas.