Gobierno Petro cuestionó “respaldo” de Procuraduría y la Contraloría a solicitudes de empalme: “Validan la asimetría”

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, manifestó preocupación por “el ambiente” que rodea el proceso de empalme entre el Gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella y cuestionó directamente el aparente respaldo que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República habrían otorgado a las solicitudes del equipo del nuevo gobierno.

Durante la jornada del martes 30 de junio de 2026, se conoció que desde ambas instituciones de control se solicitó a la administración Petro que cooperara con el empalme y que se entregaran informes de gestión con condiciones puntuales en cuanto a asuntos administrativos, contractuales, presupuestales y misionales que abran paso a la gestión del cuatrienio 2026-2030.

En mensajes publicados en sus redes sociales, Ospina señaló: “El tono de intimidación constante del gobierno entrante de cara al empalme, algo nunca antes visto, un comunicado conjunto de @PGNCOL y @CGRColombia, prácticamente validando esa asimetría en las reglas de juego”, dijo.

Cuervo Restrepo alegó que este clima de opinión “hace pensar, no en una transición democrática, sino en la salida por la puerta de atrás de una ‘organización criminal en el poder’”, y puso en duda si el gobierno saliente cuenta con garantías para rendir cuentas de su gestión.

El jefe de la cartera de Justicia agregó que esta percepción generaría, según él, incertidumbre sobre la transparencia del proceso: “Imagino que el escenario ideal sería que en cada comisión de empalme, afuera estén delegados de la @FiscaliaCol y el CTI listos a hacer efectivas órdenes de captura para todos y cada uno de los ministros y directores de entidades. Ese es el clima en el que este gobierno se ve avocado a entregar el poder, prescindiendo de la legitimidad democrática con la que fue elegido”, escribió.

En ese sentido, vaticinó que, desde el Ministerio de Justicia, ya está lista toda la información necesaria para un empalme técnico y transparente, conforme a lo que exige la ley.

“Me pongo a disposición de las autoridades para lo que consideren pertinente. Un demócrata cumple las reglas de juego hasta el final. Espero poder desvirtuar la presunción de culpabilidad que nos han endilgado, una idea contraria al Estado de Derecho”, afirmó.

El alto funcionario también advirtió que un comité de empalme integrado por particulares no tiene competencias legales de auditoría, función que corresponde exclusivamente a los organismos de control.

Recordó que la entrega de información es un procedimiento oficial y que la mayoría de los datos son de acceso público. Según el ministro, la normatividad colombiana define la rendición de cuentas como una obligación legal al finalizar el ejercicio del cargo —regulada por la Ley 951 de 2005 y el artículo 50 de la Ley 1757—, pero no existe una obligación legal específica sobre el empalme.

Este artículo reza que, desde el Gobierno existe ese deber, así: "Obligatoriedad de la Rendición de cuentas a la ciudadanía. Las autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos”.

La rendición de cuentas incluye acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible para los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo entre las entidades de la rama ejecutiva, la ciudadanía y sus organizaciones.

“Es una buena práctica democrática que gobierno entrante y saliente se reúnan a conversar sobre la transmisión del poder. En Colombia es una buena costumbre, pero no es una obligación legal hacerlo. Hacer el informe de Rendición de Cuentas sí es una obligación legal”, concluyó.