Un ataque armado ocurrido la noche del lunes 29 de junio de 2026 en el barrio Villa San Carlos alteró la tranquilidad de la comunidad y dejó como saldo una víctima fatal y tres personas heridas, entre ellas una adolescente de 17 años.
La situación se presentó alrededor de las 10:30 p. m., cuando un grupo de individuos, a bordo de una motocicleta, abrió fuego contra quienes se encontraban en un establecimiento comercial.
La persona fallecida fue identificada como Santos Reyes Herrera, hombre de 63 años. Las otras víctimas, que resultaron lesionadas, son Jesús David Berdugo Ortiz, de 35 años, Yolanys Daileth Cortina Rocha, de 35, y la menor de edad.
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Vecinos y testigos trasladaron a los heridos hasta el Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde los profesionales de salud certificaron la muerte del adulto mayor debido a la gravedad de las lesiones.
Según el informe emitido por la Policía Metropolitana de Barranquilla, la investigación inicial apunta a una disputa entre estructuras criminales rivales que operan en la zona. Los responsables del ataque, tres sujetos que se desplazaban en motocicleta, habrían actuado por encargo dentro de un conflicto territorial.
Las autoridades señalaron como presuntos implicados a alias Chopita, supuesto miembro de la organización delictiva Nueva Generación Los del Freseo, y alias El Yonky, identificado como jefe de zona de la organización criminal Los Costeños.
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La policía local indicó que se están recopilando evidencias y testimonios para determinar las motivaciones específicas detrás del ataque armado.
Las autoridades también reforzaron la presencia policial en el sector, con el propósito de prevenir nuevos hechos de violencia y brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas.
21 homicidios sacudieron a Barranquilla durante el puente festivo y reavivaron el debate sobre seguridad
Durante el puente festivo comprendido entre el 27 y el 29 de junio de 2026, Barranquilla y su área metropolitana vivieron uno de los episodios más violentos del año, con un saldo de 21 homicidios.
La cifra fue confirmada por fuentes oficiales y reflejó el crítico panorama de seguridad tanto en la capital del Atlántico como en los municipios circundantes.
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El sábado se convirtió en el día más sangriento, con nueve asesinatos reportados. El domingo, las autoridades contabilizaron siete muertes violentas, mientras que el lunes festivo se sumaron cinco víctimas más.
Las primeras líneas investigativas apuntaron a que estos crímenes podrían estar vinculados a disputas entre organizaciones delictivas, venganzas personales y cobros por extorsiones.
La situación generó una fuerte reacción en el ámbito político y social. Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, utilizó su cuenta oficial de X para responsabilizar directamente al Gobierno nacional por el deterioro de la seguridad en la ciudad y la región.
“La única herencia que deja el Gobierno Nacional es un país más inseguro: criminalidad disparada, grupos armados fortalecidos, cabecillas convertidos en huéspedes privilegiados de las cárceles y una Fuerza Pública congelada, mientras los delincuentes ganaban terreno”, sentenció el mandatario local.
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Char también cuestionó la política de Paz total promovida por la administración de Gustavo Petro, señalando que su implementación ha favorecido a los actores ilegales en detrimento de la seguridad ciudadana.
“¿Qué pasó con la llamada Paz Total? ¿Qué dejaron después de tantas mesas de negociación? Nada. Solo beneficios para los delincuentes y más miedo para los colombianos”, manifestó el alcalde, quien además criticó los “audios filtrados” relacionados con supuestos pactos de inacción institucional.
Las autoridades, por su parte, mantienen activos los procesos investigativos para esclarecer los móviles de cada caso y determinar posibles conexiones entre los homicidios registrados durante el largo fin de semana.
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El fenómeno de violencia reavivó el debate público en la región sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la respuesta del Estado ante el avance de grupos armados ilegales.
Mientras la comunidad exige respuestas, la administración local insiste en que el legado presidencial en materia de orden público ha dejado a la ciudad expuesta y con una sensación creciente de inseguridad.
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