
La captura de vida de lujo oculta de alias Gato Negro en Barranquilla dejó al descubierto cómo se escondía en Colombia el fugitivo ecuatoriano, cuyo nombre de pila es Galo Javier Suárez Román, requerido por su país con notificación roja de Interpol por un asesinato cometido en 2017.
Vivía bajo identidad falsa en una mansión y es señalado además como segundo al mando de Los Tiguerones, según las investigaciones de Interpol.
Suárez Román usaba documentos falsos a nombre de Jhonatan Miguel Rueda Sánchez y residía en el conjunto residencial Tennis Park, en el área metropolitana de Cúcuta. Las autoridades citadas por ese medio indicaron que habitaba una mansión avaluada en $6.000 millones y que se movía con un esquema de seguridad y vehículos de alta gama.
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La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional de Colombia y la Policía de Ecuador lo ubicaron en Barranquilla tras varios meses de investigación.

Llegó a Colombia en 2022, huyó de la justicia internacional y consiguió documentos falsos para él y su núcleo familiar.
Para las autoridades ecuatorianas la detención iba más allá de la captura de un prófugo: Suárez Román era uno de los líderes de Los Tiguerones y además se lo investiga por la supuesta planificación y financiamiento de un atentado terrorista.
Cómo vivía en Cúcuta: así era su mansión
Las autoridades citadas por Semana señalaron que el fugitivo se instaló en el conjunto residencial Tennis Park. Allí residía en una mansión avaluada en aproximadamente cerca de un millón y medio de dólares.
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El mismo medio detalló que se movilizaba en varios Toyota Corolla, tres camionetas Toyota TXL, una Toyota 4Runner, una Toyota FJ, un Mercedes-Benz y una Honda XRE 300; el valor total de esa flota superaba los $3.000 millones.

Las autoridades también indicaron, según Semana, que tenía a su servicio más de una docena de hombres con funciones de escoltas y mandaderos. Ese esquema, añadieron, buscaba garantizar su impunidad dentro de Colombia.
El operativo internacional
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, dijo a Semana que el resultado obedeció a un trabajo articulado entre autoridades. “La retención se materializó en cumplimiento de una Notificación Roja emitida por Interpol; el ciudadano ecuatoriano era requerido de manera urgente por las autoridades judiciales de su país para que responda por el delito de asesinato”.
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En la operación participaron la Policía Nacional de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia. Ese medio atribuyó al ministro de Defensa de Ecuador John Reimberg la confirmación de una coordinación entre instituciones de los tres países.
“Esta operación fue ejecutada en conjunto entre la Policía Nacional del Ecuador, Centro Nacional de Inteligencia, con la Agencia de Alguaciles Federales de los Estados Unidos (U.S. Marshals) a través de la Unidad de Investigación de Fugitivos FIU de Colombia y la Policía Nacional de Colombia. Este individuo fue localizado y capturado en Barranquilla. Será extraditado pronto. Su celda en El Encuentro aguarda por él. Cero impunidad. Seguimos trabajando”, afirmó Reimberg en sus redes sociales.
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La información oficial señala que el detenido será extraditado a Ecuador para cumplir la condena pendiente. Según ese medio, el caso reforzó además las alertas regionales por las conexiones de la organización criminal.
Las causas judiciales en Ecuador
Suárez Román era requerido por un asesinato cometido en 2017, caso por el que fue sentenciado a 26 años de cárcel. Ese mismo medio informó que en 2019 se fugó de la Penitenciaría del Litoral.

La Dijin sostuvo, según Semana, que “según el expediente judicial, Suárez Román presuntamente participó de manera directa en el homicidio de Gonzalo Luciano Rivas, a quien habría atacado con un arma de fuego a la salida de un establecimiento nocturno”.
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La entidad añadió, por medio de ese mismo reporte, que la víctima murió en el lugar. Ese medio indicó también que mantenerlo en libertad representaba una amenaza para la seguridad nacional de Ecuador.
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