
Gran incertidumbre ha causado el proceso judicial contra Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo o el ‘zar del contrabando’.
Aunque las autoridades colombianas había notificado su salida del país desde el 3 de diciembre de 2024, la duda creció después de que el 9 de junio de 2025 recuperó la libertad en el país europeo tras pasar varios meses detenido por una solicitud de extradición.
Desde ese entonces, se ha conocido que el Gobierno colombiano ha adelantado gestiones para traer de vuelta al empresario colombiano, al estar formalmente acusado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.
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Incluso, en medio de la investigación, se mencionó que Marín Buitrago había emprendido la huida, luego de que la Policía Nacional de Colombia le notificara a la Fiscalía General de la Nación que hubo un operativo para capturarlo pero que no fue posible su ubicación.

Así mismo, fuentes cercanas del proceso mencionaron a Caracol Radio que la circular roja de Interpol contra ‘Papá Pitufo’ habría tenido una modificación que la hizo dejar de ser visible y que eso habría facilitado una salida hacia España, aunque con destino final supuestamente desconocido.
Sin embargo, esta versión ha tenido un giro de 180 grados. El mismo Diego Marín Buitrago salió a desmentir dicha información, indicando que permanece residiendo en Oporto (Portugal) y que no se habría ido hacia territorio español, como propósito de evitar a las autoridades policiales.
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Solicitud de asilo
En conversación telefónica dada al programa 6AM W de Caracol Radio, alias Papá Pitufo aclaró que su estadía permanente en Portugal obedece a un trámite especial: la solicitud de asilo.
Del mismo modo, dijo que nadie ha intentado detenerlo y que él mismo acudirá a la Policía portuguesa para obtener una certificación que pruebe que sigue en ese país y que no se ha movido. “Lo voy a demostrar”, sostuvo Marín Buitrago al medio citado. Esa constancia, de acuerdo con su versión a la cadena radial, también serviría para demostrar que no hubo un operativo de captura en su contra.
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También sostuvo que confía en que esa solicitud de residencia permanente será resuelta a su favor, y no se descarta que ese pedido se resuelva en las próximas semanas, según declaró a la cadena radial.
El desenlace es seguido con atención porque, si regresa a Colombia, su situación podría impactar a sectores que temen revelaciones sobre vínculos con políticos, empresarios e integrantes de la Fuerza Pública durante más de 30 años.
Por su parte, John Villamil, abogado de Marín Buitrago, respaldó esa posición y confirmó el domicilio actual de su cliente en la ciudad de Oporto (Portugal). Esa información, según el citado medio de comunicación, ya fue transmitida a los jueces de las audiencias en las que han participado la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
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La última de esas diligencias se realizó el jueves 25 de junio ante el juez 52 de control de garantías de Bogotá. En ese punto se apoya parte de la defensa de Marín: si su ubicación fue informada en sede judicial, la versión sobre una fuga pierde sustento.
Es valido recordar que el 25 de junio, un juez de la república negó la solicitud que dejaba sin efecto la medida de aseguramiento contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, que le fue impuesta el cuatro de febrero de 2025.
Al responder la solicitud de la defensa, el juez sostuvo que los argumentos planteados no bastaban para modificar lo ya resuelto. “La incidencia de lo denotado, por el doctor defensor, que no se solicitó prórroga por parte de la Fiscalía General de la Nación al caso del ciudadano Diego Marín Buitrago”, indicó el togado.
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El expediente avanzó además con la admisión, el 27 de mayo de 2026, de nuevas pruebas contra cuatro integrantes de la Policía Nacional investigados por presuntos nexos con esa red en Bolívar. Entre el material aceptado figuran audios, videos, conversaciones en plataformas privadas, documentos y el acta de incautación de 300 millones de pesos.

Los procesados en esta parte del caso son los policías Alexander Galeano Ardila, Ricardo Orozco Baeza, conocido como El Bendecido, Mario Andrés Sarmiento Rojas y José Helí Álzate Moncayo.
Enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, bajo la tesis de que omitieron funciones de control en uno de los principales puertos de Bolívar para facilitar el tránsito de cargamentos ilegales.
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