Clan del Golfo, tras la publicación de los polémicos audios entre Danilo Rueda y ‘Jerónimo’, defendió la “transparencia” desde el inicio de los diálogos

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, emitió un comunicado oficial en respuesta a la difusión de una serie de audios, divulgados en un informe especial de Noticias Caracol, en los que se sugiere la existencia de un “pacto secreto” entre el Gobierno nacional y el grupo armado.

El génesis de la polémica fueron las grabaciones de una reunión reservada entre el entonces alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y el comandante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez Castañeda, alias Jerónimo, y que revelaron detalles de las primeras conversaciones entre el Ejecutivo y la mayor red criminal de Colombia antes de la formalización de los diálogos de paz en 2025.

El pronunciamiento se realizó la tarde del lunes 29 de junio de 2026, cinco días después del informe que cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro. El comunicado fue publicado en la cuenta oficial de la organización en X y estuvo dirigido a organismos internacionales, entidades de control y los países mediadores en el proceso de paz.

De acuerdo con lo que puntualizó el memorando firmado por Luis Armando Pérez Castañeda, vocero del Estado Mayor Conjunto del EGC, la reunión que se menciona en la grabación tuvo lugar el 2 de septiembre de 2022, cuando se adelantaba una etapa exploratoria previa a la Ley 2272 que consolidó la denominada Paz Total.

El comunicado precisó que, en esa fase, “no se producen acuerdos vinculantes para el Estado; se construye confianza”, una afirmación que, según la organización, fue ratificada por el propio comisionado de Paz del momento (Danilo Rueda), en declaraciones a Caracol Radio.

La publicación del reportaje generó una amplia controversia política por la presentación de la conversación como un supuesto acuerdo oculto.

En el comunicado del Clan del Golfo se asegura: “La pieza periodística enmarca esa conversación como un ‘pacto secreto’ y la asocia con polémicas posteriores ajenas a este proceso. Dirigimos a ustedes esta posición porque su acompañamiento ha sido, desde el primer día, la garantía pública de transparencia del espacio de conversación socio jurídico”.

Hechos y cronología: la postura del Clan del Golfo

El EGC sostiene en su posición oficial que la reunión grabada ocurrió “dos meses antes de la sanción de la Ley 2272 del 4 de noviembre de 2022” y “tres años antes de la instalación formal de la mesa en Doha en septiembre de 2025”.

El grupo armado ilegal recalcó la cronología para desestimar la hipótesis de un pacto vinculante previo a la negociación oficial.

Además, en el mismo documento se afirma que “de los 35 generales que aparentemente se mencionan, fueron relevados de la fuerza pública el 22 de agosto de 2022, y los audios en cuestión fueron del 2 de septiembre de 2022, no tiene coherencia cronológica”.

En la conversación divulgada por el mismo medio, el vocero del EGC solicitó el cese de operaciones de infiltración encubierta en zonas donde la organización había anunciado el cese unilateral de acciones ofensivas el 7 de agosto de 2022.

No obstante, el comunicado aclara: “No se pidió retirar al Ejército ni a la Policía Nacional. La distinción es jurídica y operativamente esencial”.

La organización armada argumenta que los hechos posteriores desmienten la existencia de un pacto cumplido, al indicar que durante los años 2023, 2024 y 2025 se mantuvieron operaciones militares y bombardeos contra sus estructuras.

“A finales de 2024 ocurrieron bombardeos del Estado contra el Ejército Gaitanista de Colombia, y en 2025 hubo cinco bombardeos adicionales documentados por el Ministerio de Defensa, incluido el del 7 de julio de 2025 entre Briceño y Valdivia”, resalta el texto. Asimismo, se recalcó la muerte de comandantes y bajas en sus filas tras operaciones conjuntas de Policía, Ejército y Fiscalía, así como bombardeos en Antioquia y Ayapel.

Sobre la expansión territorial y los controles institucionales

Uno de los puntos que más controversia generó tras la emisión del informe periodístico fue la relación entre el proceso de paz y la expansión territorial del Clan del Golfo.

El comunicado refuta dicha asociación y cita datos de la Fundación Ideas para la Paz: “La Fundación Ideas para la Paz ha documentado un incremento del 165 % en integrantes entre 2018 y 2025, periodo que abarca dos gobiernos de signo opuesto. Apuntar el crecimiento al diálogo contradice la evidencia citada por las propias Noticias Caracol”.

En referencia a otros hechos mencionados en el reportaje, el EGC niega cualquier vínculo con la reunión del 19 de agosto de 2025 entre funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia y un esmeraldero, y sostiene que “las eventuales irregularidades cometidas en ese encuentro son responsabilidad personal de quienes participaron y deberán ser investigadas y juzgadas por los órganos competentes. Este proceso de paz no las cobija ni se beneficia de ellas”.

En el memorando también se destaca la actuación de los órganos de control y justicia, y se indicó que las solicitudes para levantar órdenes de captura han sido rechazadas en diferentes ocasiones por la Fiscalía General de la Nación, tanto en mayo de 2026 como en diciembre de 2022.

En otro aparte se reseña que el Congreso no ha aprobado los proyectos de ley de sometimiento radicados hasta la fecha, y que la Procuraduría General de la Nación ha ejercido veeduría continua sobre el proceso.

Compromiso con el proceso y solicitud de acompañamiento internacional

En la parte final del comunicado, Pérez Castañeda ratifica el compromiso del EGC con el proceso de paz y la ubicación voluntaria de sus integrantes en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

Sumado a esto, el vocero solicita a los países mediadores y a la comunidad internacional “la continuidad de su acompañamiento en este momento de intensa presión mediática, que coincide con el cierre del ciclo electoral y con la salida del Gobierno que dio origen al proceso”.

Para cerrar desde el Clan del Golfo se exhortó a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a evaluar el proceso de paz “por sus resultados verificables — documentados por el propio Ministerio de Defensa, por organismos de derechos humanos y por la academia — y no por la lectura interesada de una conversación exploratoria sostenida hace cuatro años, divulgada selectivamente en un momento de máxima sensibilidad política”.