El 29 de junio de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó sobre un operativo conjunto en el departamento de Chocó que resultó en la destrucción de 15 dragas pertenecientes al Clan del Golfo, empleadas para actividades de minería ilegal en la región del Río Quito.
Según Sánchez, la acción fue ejecutada por miembros del Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional, quienes actuaron en medio de operativos orientados a combatir las economías ilícitas que sostienen a organizaciones criminales.
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En su mensaje, el titular de la cartera de Defensa detalló que las dragas incautadas correspondían a modelos brasileños, utilizados sistemáticamente por el Clan del Golfo para la extracción de minerales de manera clandestina.
“Destruidas 15 dragas del cartel criminal del Clan del Golfo”, señaló Sánchez, subrayando el impacto de la operación en las finanzas de la estructura ilegal. Además, indicó que este golpe afecta una de las fuentes clave de recursos para dicho grupo, conocido por su influencia en el crimen organizado y sus efectos negativos en la seguridad regional.

El ministro enfatizó que la minería ilegal genera “graves daños ambientales, contamina las fuentes hídricas y afecta a las comunidades del Chocó”. Las autoridades aseguraron que continuarán atacando las actividades que financian el crimen y destruyen el patrimonio natural del país.
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Sánchez expresó su reconocimiento a los uniformados involucrados, al destacar: “Mi reconocimiento a nuestros soldados y policías por proteger la seguridad, el medio ambiente y la riqueza natural de Colombia”.
El operativo fue presentado como parte de una estrategia sostenida para frenar economías ilegales y fortalecer la presencia del Estado en zonas vulnerables.
Sánchez reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas a través de líneas habilitadas como Gaula 147 y 165, así como los contactos contra el reclutamiento infantil y otras modalidades delictivas, garantizando “absoluta reserva”. Cerró su mensaje con la frase: “El Estado somos todos… y los buenos somos más”, en alusión al compromiso institucional frente a la criminalidad.
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Pedro Arnulfo Sánchez destacó incautación histórica de cocaína y reforzó estrategia nacional contra el tráfico de drogas
En una acción coordinada y ejecutada entre el 25 y el 27 de junio, la Fuerza Pública de Colombia logró incautar casi cuatro toneladas de cocaína en los departamentos de Nariño y Norte de Santander.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que las operaciones conjuntas de la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitieron asestar un golpe relevante al narcotráfico en solo tres días.
Según los reportes oficiales, los operativos incluyeron la confiscación de 1,14 toneladas en Bochalema, Norte de Santander, el 25 de junio. Al día siguiente, en Cumbal, Nariño, las autoridades decomisaron 1,02 toneladas adicionales. El 27 de junio, en Santacruz, Nariño, se sumó la incautación de 1,8 toneladas, totalizando 3,96 toneladas de droga que no alcanzarán mercados internacionales.
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Sánchez detalló que, además de la droga, las fuerzas de seguridad destruyeron varios laboratorios clandestinos con capacidad para producir más de tres toneladas mensuales.

“En solo tres días, la Fuerza Pública golpeó el narcotráfico con casi cuatro toneladas de cocaína incautadas”, recalcó el ministro, resaltando el esfuerzo conjunto de los cuerpos policiales y militares.
El impacto de la operación tiene alcance internacional. Sánchez señaló que “66 millones de dosis ya no llegarán a las calles de los países consumidores”, lo que representa una reducción significativa en la oferta de drogas ilícitas. Además, la acción evita la circulación de 126,7 millones de dólares destinados a financiar la red criminal involucrada en el tráfico y comercialización de cocaína.
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Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar el narcotráfico, fenómeno que afecta la seguridad nacional y la estabilidad regional.
El ministro reconoció el trabajo de los uniformados y reafirmó el compromiso del gobierno para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado. La incautación de droga y la destrucción de laboratorios refuerzan la estrategia oficial orientada a contener la producción y distribución de estupefacientes a gran escala.
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