El ELN también habría presionado para la “purga” de oficiales del Ejército: estas son las denuncias de un general retirado

Los polémicos audios donde se habrían revelado algunas condiciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, sigue generando repercusión en el país.

De acuerdo con la investigación revelada por Noticias Caracol, tras una conversación entre el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, y Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, uno de los comandantes del grupo armado (en septiembre de 2022), se habría pactado el cese de operaciones militares contra esa organización, así como la depuración de oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

Frente a esto último, se conoció una nueva denuncia sobre la posible intromisión de otros grupos armados frente a la permanencia de uniformados y altos mandos militares.

Se trata de la presunta injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre supuestas presiones de esa guerrilla en la salida, permanencia y ascenso de oficiales de la Fuerza Pública durante la política de Paz Total.

La denuncia fue realizada por el general retirado Óscar Leonel Murillo Díaz que, en declaraciones a Caracol Radio, detalló que fue objeto de seguimientos y perfilamientos.

De acuerdo con su relato al citado medio de comunicación, el excomandante de la Séptima División del Ejército afirmó que cuenta con las pruebas suficientes de que grupos armados ilegales sugirieron qué mandos debían seguir en la institución militar.

Del mismo modo, Murillo sostuvo que los oficiales con resultados operacionales se convirtieron en objetivo de estructuras armadas ilegales.

“Tengo todas las evidencias de que eso fue real y de que emplearon a la Dirección Nacional de Inteligencia para ese tipo de seguimientos, y de que un oficial retirado, y lo digo con nombre propio, Juan Carlos Maso Giraldo, que decía que era el asesor principal del ministro (de Defensa) y que luego fue colocado como presidente de Indumil, tuvieron que ver en el proceso lo que se llama vulgarmente la purga de muchos oficiales en, hablo por mi Ejército”, manifestó Murillo a la cadena radial.

Según dijo el exgeneral, esas presiones habrían surgido después de operaciones contra el ELN y el Clan del Golfo en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, y los que encabezaron esas acciones militares terminaron relevados o apartados de sus cargos.

Murillo dijo además en Caracol Radio que participó en comités de ascenso al grado de coronel y que allí observó irregularidades.

“En los comités de ascenso al grado de coronel, observaba cómo le llegaban al comandante en su momento un papelito donde decían que de acuerdo a tal actividad, y creo que era de la de Contrainteligencia, esta persona no podría ascender teniendo todo un estudio para que ese oficial ascendiera al siguiente grado”, denunció.

De igual manera, recordó que el 28 de octubre de 2024 hubo una reunión de 11 brigadieres generales en el despacho del comandante del Ejército en la que, después de estudios, pruebas físicas, poligrafías, revisiones de investigaciones y verificaciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), les leyeron desde una hoja los que seguirían en la línea de mando y los que les daban la baja. Según su versión, ese procedimiento dejó sin efecto los filtros previos aplicados a los oficiales.

“El general (Luis Emilio) Cardoso, comandante del Ejército, solamente saca una hoja de block y dice: ‘El Gobierno nacional va a trabajar con los siguientes’. (...) ¿Y dónde queda el nivel de selección de un comandante de fuerza con sus oficiales subalternos que lo han entregado todo por este país?”, cuestionó.

Los documentos y señalamientos que cita el general

En su diálogo con Caracol Radio, Murillo recordó una entrevista realizada a Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, uno de los máximos líderes del ELN, y dijo que esa declaración lo llevó a pedirle a Iván Velásquez, entonces ministro de Defensa, los documentos que el ELN habría entregado en la mesa de paz de La Habana.

Aseguró que en esos papeles lo señalaban como narcotraficante desde 2018 en el occidente del país, aunque negó que estuviera judicializado o investigado.

“Yo ya venía con una historia compleja porque me había tocado defenderme, denunciar por injuria y calumnia al ELN con todo lo que me había pasado. Fui portada de la revista Insurrección en la edición 913, donde es una portada perversa del Comando Central (del ELN)”, recalcó.

En declaraciones citadas por La Opinión, Murillo informó que al menos siete denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación entre junio de 2023 y diciembre de 2024, ampliadas por última vez el 16 de abril de ese año, en las que se recoge la tesis de que el ELN presionó su salida desde la negociación.

Uno de los escenarios mencionados en los escritos fue una reunión en Caracas, donde, según un documento citado, se planteó ante la mesa que Murillo era inconveniente para la Paz total.

Así mismo, el medio citado mencionó que el ELN también entregó al entonces ministro Iván Velásquez un expediente con señalamientos sobre supuestos vínculos del oficial con el Clan del Golfo, protección territorial en Chocó y favorecimiento de cuatro rutas del narcotráfico.

Del mismo modo, un oficio del Batallón de Inteligencia Militar No. 7 fechado el 6 de septiembre de 2022 ya advertía sobre una estrategia del Frente de Guerra Occidental para deslegitimarlo. Ese informe, citado por el diario cucuteño, sostuvo que esa campaña “posiblemente se debe a los exitosos resultados operacionales obtenidos” por las unidades bajo su mando contra el ELN.

Las denuncias sobre seguimientos y perfilamientos

La persecución que denunció no se habría limitado a estructuras ilegales, sino que habría alcanzado entidades del Estado. Según una investigación revelada por Noticentro de Canal Uno, el excomandante también habría tenido seguimientos y perfilamientos presuntamente coordinados desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

En Caracol Radio, Murillo sostuvo que una persona de alto nivel de esa entidad se reunió el 30 de septiembre con el ministro de Defensa y con el coronel retirado Juan Carlos Basso para revisar qué generales ascendían y cuáles no.

En esa misma entrevista calificó como perverso que la inteligencia estatal, según su versión, se prestara para esas actividades.

“Los colombianos en su momento votaron en democracia por un gobierno para que los dirigiera a un conductor político, para que tomara las mejores decisiones. Y creo, reitero, hablo en caso propio, de que infortunadamente aplicando una política de gobierno de paz total afectaron a la fuerza pública”, manifestó.

El general retirado también dijo al mismo medio de comunicación que pidió medidas de seguridad porque se consideraba objetivo militar del ELN, pero que se las negaron. Por último, pidió al Gobierno electo de Abelardo de la Espriella que revise el efecto de esas actuaciones sobre la institución.

Es importante recordar que, frente a esas acusaciones, el entonces ministro Iván Velásquez había rechazado la supuesta influencia de grupos armados en decisiones sobre permanencias o salidas.

“No solo no hubo ninguna presión ni ninguna mención, sino que ni las Fuerzas Militares, ni el Ejército, ni el Gobierno Nacional tomaron una decisión de permanencia o no de algún miembro de las Fuerzas Militares en su cargo por una presión que ejerciera algún grupo armado ilegal”, afirmó el entonces jefe de cartera a la prensa nacional.

La controversia mantiene abiertas versiones opuestas sobre el alcance de las tensiones entre la negociación con grupos armados y las decisiones internas de la institución militar.