
Las interceptaciones del caso Correal quedaron en el centro del expediente con el que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y llamó a indagatoria al exrepresentante liberal Henry Fernando Correal Herrera por presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
Según reveló Cambio, el caso se relaciona con gestiones ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para adicionar $1.500 millones a un convenio de un polideportivo en Galeras, Sucre.
Las interceptaciones y demás pruebas citadas por ese medio muestran conversaciones sobre gestiones para destrabar esos $1.500 millones, un presunto condicionamiento de la ayuda al pago de una coima y una ruta de $30 millones de pesos que la Corte vinculó con la campaña al Concejo de Bogotá de Josías Fiesco Agudelo.
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El expediente también reúne registros de reuniones, llamadas y movimientos bancarios asociados al mismo episodio.
Correal fue elegido en 2018 como representante a la Cámara por Vaupés por el Partido Liberal. La investigación lo vincula con un supuesto esquema alrededor de la obra LP-005 de 2017 para construir un polideportivo en Galeras, financiada por un convenio suscrito en 2016 entre ese municipio y el DPS.

La obra quedó paralizada hasta 2019 porque los recursos no alcanzaron. Un informe de supervisión del convenio, fechado el 16 de junio de 2023, señaló que la obra estaba detenida desde el 20 de diciembre de 2018 y que una primera solicitud de adicionar $600 millones no prosperó.
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El expediente reseñado por Cambio sostiene que el alcalde Remberto Javier Amell Hernández buscó apoyo de Salomón Mena Moya, economista y lobista ante el Congreso. Mena, a su vez, tenía contacto con Simón Mejía, trabajador de la unidad de trabajo legislativo de Correal.
De acuerdo con las pruebas citadas por la Corte, Mena presentó a Correal y a Amell en un café ubicado en la esquina del Palacio de Justicia, en Bogotá. El objetivo era conseguir un otrosí por $1.500 millones para terminar la obra, a cambio de una presunta coima de $150 millones y de un primer pago de $30 millones por parte del contratista, identificado en el expediente como Álvaro Escobar Thomas y Álvaro Escobar Thorrens.
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Las llamadas sobre la gestión del proyecto en el DPS
La primera interceptación citada en el expediente está fechada el 7 de junio de 2019. En esa llamada, Correal le dijo a Mena: “Traiga plata, que estamos pelados”, antes de pedirle que saludara “al amigo de Galeras” y de señalar que aún no había podido concretar el asunto.
Cuatro días después, el 11 de junio, Mena habló con Amell sobre una reunión con “la señora” prevista para el martes y sobre “los $1.500”.
Ese mismo día, según la investigación, el alcalde solicitó al DPS la adición presupuestal por ese monto. La Corte también tomó en cuenta una llamada del 16 de julio de 2019. A la 13:19, Correal le dijo a Mena: “Lista la vuelta”, y ese día el lobista ingresó al Congreso autorizado por el entonces representante. Mena declaró ante la Corte que las gestiones sí involucraron dinero. Según su testimonio, recogido por Cambio, el acuerdo pasaba por que el representante ayudara al municipio con proyectos en el DPS y que, a partir de ahí, “llegaron a un arreglo económico”.
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La interceptación del “cariñito” y el presunto cobro de la coima
La conversación registrada el 19 de junio de 2019 quedó registrada el 19 de junio de 2019. Según la Corte, allí Correal condicionó la continuidad de sus gestiones al pago anticipado de una coima, a la que en la llamada se refirió como “cariñito”.

En esa interceptación, el excongresista dijo: “Oiga, eso se da, pero si no hay cariñito antes, no hay nada”.
Más adelante insistió: “que hasta que no haya el cariñito, no hay la primer foto”. La misma llamada incluye otra frase que el expediente usa como indicio del supuesto cobro. Correal agregó: “Mejor dicho, yo quedé que llevaba por ahí seis manos pa’ que esta semana ya me muestren la foto que usted dice, pa’ que entregue, y llevamos el resto y sale”.
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La Sala de Instrucción consideró que esas interceptaciones y otros elementos permiten advertir, por ahora, un posible acuerdo económico que primero habría contemplado 50 millones como anticipo.
Después, otras conversaciones apuntaron a una entrega final de 30 millones y a un malestar de Correal por no recibir la suma que esperaba. Mena reforzó esa hipótesis con su testimonio ante la Corte. Según declaró, el contratista le comentó: “vea, yo quedé con el representante que le dábamos los 50 millones de la siguiente forma: 30 ahora, y los otros 20 cuando salieran los proyectos”.
El mismo testigo añadió que, como los proyectos no salieron, el contratista pidió el dinero y “Henry se la devolvió”. Según el expediente, la falta de aprobación de la adición presupuestal no elimina el posible delito si existió promesa de pago y hubo gestiones ante el DPS.
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El rastro del dinero hacia la campaña de Josías Fiesco
Otra parte de la investigación sigue la ruta de un pago de 30 millones de pesos que, según la Corte, salió de las cuentas del contratista y acabó relacionado con la campaña al Concejo de Bogotá de Josías Fiesco Agudelo.
El 30 de julio de 2019, Escobar pagó esa suma en dos cheques: uno del Banco de Bogotá por 10 millones y otro del BBVA por el resto.
Ambos cheques quedaron a nombre de Enrique Carlos López, a quien el expediente ubica como hombre de confianza del alcalde Amell. Ese mismo día, López consignó el dinero en Villavicencio a una cuenta Bancolombia de Salomón Mena Acosta, hijo del lobista.
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Las pruebas citadas por Cambio indican que después Mena Acosta transfirió $29.874.000 a una cuenta de ahorros en Bogotá de Iván Alfonso López Serpa, gerente de la campaña de Fiesco. López retiró luego $29.750.000, tras descuentos por 4x1.000 y comisión.

Ante la Corte, López dijo que el candidato le presentó a Salomón Mena y que ese dinero se usó para una valla. También admitió que esos recursos no entraron de manera oficial a las cuentas de campaña: “Hubo dos vallas: una que fue una plata que, o sea, el pago como casi que directamente o le pagaron directamente y que fue algo que quedó por fuera de las cuentas...”.
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El expediente agrega que el tribunal tiene registros de ingreso de Fiesco al Congreso, autorizados por Correal, los días 3, 10, 16 y 22 de julio de 2019. También reúne 133 llamadas entre ambos durante el periodo en que avanzaban estas gestiones, un conjunto de elementos que el exrepresentante deberá explicar ante el alto tribunal, según la documentación revelada por Cambio.
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