Explotación sexual comercial de una menor de edad en Medellín le costó una condena de 18 años de cárcel a Miguel Sierra, un ciudadano peruano que residía en Estados Unidos.
La condena de primera instancia castiga a Sierra por contactar por redes sociales a una adolescente de 14 años, ofrecerle dinero para concretar un encuentro sexual y cometer el delito en Medellín.
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Según El Tiempo, la investigación y las pruebas presentadas por la Fiscalía sustentaron la decisión del juez. La justicia lo condenó a 18 años de prisión.
La investigación estableció que Sierra contactó a la menor por redes sociales y le ofreció dinero para que accediera a sus propósitos sexuales. Los hechos ocurrieron en febrero de 2023, cuando el ciudadano peruano viajó a Medellín. El delito se cometió en un apartamento del barrio Belén.
La investigación y la captura en el aeropuerto
Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual siguió la pista del caso y logró la captura de Sierra.
El operativo se hizo por orden judicial en el Aeropuerto Internacional José María Córdova. En el procedimiento, las autoridades le encontraron tres fotografías de la víctima y los chats con los que coordinó el encuentro.
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En la operación participaron la agencia HSI de la embajada de Estados Unidos, la Policía Nacional y la Fiscalía.
El alcalde Federico Gutiérrez celebró entonces el resultado del operativo con un mensaje recogido por El Tiempo: “Otro degenerado que cae. Gracias al trabajo articulado con la agencia HSI de la embajada de Estados Unidos, la Policía Nacional y la Fiscalía General, se logró la captura por orden judicial en el Aeropuerto José María Córdoba de este sujeto de origen peruano y nacionalizado y residente en los Estados Unidos por el delito de demanda de Explotación Sexual y Comercial con menor de 18 años”.
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Gutiérrez afirmó que el hombre viajaba con frecuencia a Medellín y pagaba entre $150.000 y $300.000 a niñas para explotarlas. La Fiscalía informó que la sentencia es de primera instancia y que contra ella proceden los recursos de ley. El fallo, además, ordena la expulsión del extranjero una vez cumpla la pena.
El Gobierno de Estados Unidos activa medidas contra colombianos que difundieron una acusación falsa en Bogotá
El FBI, el Gobierno de Estados Unidos y otras autoridades de ese país activaron medidas contra ciudadanos colombianos que difundieron una acusación falsa de abuso infantil contra un empresario estadounidense en Bogotá, un caso que derivó en amenazas, un intento de linchamiento y ahora puede terminar en la cancelación de visas para los involucrados y sus familiares directos.
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A partir de lo confirmado por el Gobierno de Donald Trump, alcanza a quienes publicaron y compartieron la versión falsa sin verificarla. La decisión se tomó después de que la controversia, originada el domingo 14 de junio en un conjunto residencial del barrio Navarra, en la localidad de Usaquén, cruzara fronteras y afectara también a la familia y al entorno laboral del acusado en territorio estadounidense.
La defensa de la familia afectada reunió más de 400 mensajes vinculados con los responsables del episodio. También avanza en la recolección de grabaciones de cámaras de seguridad para individualizar a quienes participaron en la difusión del señalamiento y en las agresiones derivadas del rumor.
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El caso comenzó cuando circuló una versión que acusaba al ciudadano estadounidense de abuso infantil mientras adelantaba la adopción de tres hermanos colombianos menores de edad. Esa acusación se viralizó con rapidez, pero luego fue desmentida por la Fiscalía General de la Nación y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Icbf, que confirmaron la legalidad del proceso de adopción.
La consecuencia inmediata anunciada por las autoridades estadounidenses es la cancelación de visas. De acuerdo con la información publicada por el medio, esa disposición podría extenderse a familiares directos de las personas involucradas por haber compartido publicaciones sin verificar.
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El abogado de la familia, Fabio Humar, explicó que el FBI se puso en contacto con la embajada de Estados Unidos en Colombia después de conocerse la magnitud de las amenazas.
El jurista sostuvo: “Sobre el involucramiento de las autoridades americanas: sí, en efecto, hemos sabido del interés que, lamentablemente, despertó este caso. La viralización de la noticia hizo que llegara hasta Estados Unidos, donde se toman muy en serio la seguridad de sus ciudadanos. Es apenas normal que las autoridades de allá quieran saber qué pasó y quiénes son los responsables de tan terrible evento”.
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