Antes de la posesión de Abelardo de la Espriella, líderes sociales piden que se hable de paz por los territorios más afectados

El 7 de agosto de 2026, en Colombia se posesionará Abelardo de la Espriella como presidente. Su llegada al poder ha generado interrogantes sobre el futuro de los procesos de paz en un contexto donde varios grupos armados han expresado su disposición a dialogar, mientras que el mandatario electo ha advertido que no negociará con estas organizaciones.

De acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales en el país suman más de 27.000 integrantes entre combatientes y redes de apoyo. Paralelamente, el Estado mantiene abiertos ocho procesos de diálogo o construcción de paz con grupos como el ELN, estructuras disidentes, Comuneros del Sur y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, así como escenarios en territorios urbanos y rurales.

Con el planteamiento de que el debate no gire exclusivamente en torno a los grupos armados, sino en los territorios donde millones de personas esperan una reducción de la violencia y una mayor presencia institucional, el presidente de la Unidad Nacional de Líderes Sociales, Otoniel Díaz Bonilla, habló con Infobae Colombia sobre la realidad que se vive en estas zonas.

“La verdadera discusión ya no es si un gobierno comparte o no una política de paz. La verdadera discusión es cuál será la hoja de ruta institucional del Estado frente a procesos que ya involucran miles de comunidades y compromisos asumidos por Colombia”.

El líder social recordó que el artículo 22 de la Constitución establece la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Aunque los gobiernos pueden modificar la política pública, el deber constitucional permanece inalterable y debe guiar cualquier cambio en la estrategia estatal.

De la misma forma, recordó que las políticas de paz no se limitan al acuerdo de paz de 2016 o de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los mecanismos administrativos que han sido claves para implementar estas políticas.

Díaz afirmó que la dimensión internacional también juega un papel importante en estos procesos, y que iniciativas como la del Clan del Golfo cuentan con mecanismos de verificación en los que participan la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Conferencia Episcopal, el Consejo Mundial de Iglesias y países facilitadores.

Para la Unidad Nacional de Líderes Sociales, el principal riesgo de una transición sin reglas claras no recae sobre las mesas de diálogo, sino sobre las comunidades que habitan los territorios históricamente afectados por la violencia.

“La paz no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de los actores armados. El centro del debate deben ser las comunidades, los territorios y la obligación constitucional del Estado de proteger la vida y garantizar la convivencia”, reiteró Díaz Bonilla.

A pocos días de la posesión presidencial, el país conoce las posiciones sobre seguridad y propuestas de De la Espriella, pero persiste la incertidumbre sobre el rumbo de la política de paz. Díaz insistió en la necesidad de claridad institucional sobre estos temas: “El debate no puede reducirse a una discusión entre gobiernos o actores armados”.

Para el líder social, el entorno internacional, la credibilidad de Colombia ante los países acompañantes y organismos multilaterales depende de la continuidad y seriedad de los compromisos asumidos. “La verdadera discusión es cuál será la hoja de ruta institucional del Estado frente a procesos que ya involucran miles de comunidades y compromisos asumidos por Colombia”, recalcó Díaz.

Por último, mencionó que el panorama actual lleva a múltiples preguntas sobre el futuro de los mecanismos de verificación, el papel de los interlocutores del nuevo gobierno y la articulación de los compromisos existentes con la nueva política de seguridad. Una discusión que le pertenece al Estado, a la Constitución y a las comunidades que esperan que los compromisos institucionales se traduzcan en una vida sin miedo.