
La familia de Jorge Eliécer Gaitán pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella que anule la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, porque ese acto permitió que el Clan del Golfo fuera reconocido con la denominación de “Ejército Gaitanista de Colombia” en el desarrollo de los acercamientos de paz con el Gobierno nacional y, según los descendientes del líder liberal asesinado en 1948, compromete su legado político e histórico.
La solicitud fue presentada públicamente por Gloria Gaitán y María Gaitán, que también cuestionaron que el gobierno de Gustavo Petro no hubiera revertido la medida pese a las peticiones elevadas durante los meses posteriores a su expedición.
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La familia sostuvo que la controversia no se reduce a una denominación, sino al uso institucional del apellido Gaitán por parte de una organización armada ilegal. Según la carta abierta difundida por la familia, la resolución reconoció al grupo armado organizado y le permitió identificarse como “Ejército Gaitanista de Colombia”.
Gloria Gaitán afirmó que esa denominación fue concedida para que la estructura pudiera usar ese nombre en caso de llegar a un eventual acuerdo de paz con el Estado.

Gloria Gaitán aseguró que la resolución fue firmada por el ministro del Interior Armando Benedetti mientras ejercía funciones presidenciales durante un viaje oficial de Petro al exterior. A su juicio, el acto incorporó asuntos políticos que no podían ser delegados constitucionalmente.
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En el documento, la hija del dirigente liberal afirmó: “Dicha resolución incorporó asuntos de naturaleza política que no podían ser objeto de delegación constitucional, razón por la cual considero que se trata de un acto viciado de inconstitucionalidad”.
La familia consideró que permitir que el Clan del Golfo use el nombre de Gaitán distorsiona el significado histórico y político asociado a una de las figuras más influyentes de la política colombiana del siglo XX. También sostuvo que esa apropiación de un símbolo político e histórico no corresponde a una organización armada ilegal.
En la carta dirigida al presidente electo, Gloria Gaitán señaló que derogar la resolución sería una forma de proteger la memoria de su padre y de evitar que el apellido continúe vinculado institucionalmente a una estructura criminal.
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Añadió que la medida también afectaría a quienes se reconocen como herederos del pensamiento gaitanista, porque les impediría usar legítimamente esa identidad política.
La dirigente expresó: “Tal decisión constituye una grave afrenta contra la memoria del doctor Jorge Eliécer Gaitán, contra su ideario democrático y contra quienes, durante décadas, hemos defendido legítimamente el pensamiento gaitanista”.
Gloria Gaitán recordó que, tras la expedición de la resolución, adelantó protestas para exigir su derogatoria e incluso inició una huelga de hambre. Según su versión, Gustavo Petro se comprometió a anularla, pero la decisión no se concretó y la medida terminó frenada por presiones relacionadas con el Clan del Golfo.
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Por eso pidió que la primera decisión del futuro gobierno sea reversar el acto administrativo. En su carta afirmó: “Esta decisión constituiría un acto de reparación histórica frente al pueblo gaitanista, frente a la memoria de Jorge Eliécer Gaitán y frente a todos los colombianos que no aceptamos que el nombre de una causa democrática, popular y civilista sea entregado a una organización armada ilegal”.
La solicitud de la familia no se limita a la anulación de la resolución. Gloria Gaitán también pidió la reapertura del Centro Jorge Eliécer Gaitán, institución creada para preservar, estudiar y difundir el pensamiento del líder liberal. A esa petición sumó la devolución de archivos personales, documentos, fotografías y parte de la biblioteca de su padre que, según explicó, fueron retirados de las instalaciones del centro durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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Entre los reclamos también figura la culminación de las obras del Exploratorio Nacional, concebido como un espacio de participación y formación ciudadana.
En el cierre de la carta, la familia insistió en que el caso involucra la defensa de una memoria política. “No se trata solamente de una controversia nominal.
Se trata de impedir que se consume un nuevo acto de memoricidio contra el gaitanismo, contra sus seguidores y contra las ideas de justicia social, democracia directa y restauración moral que defendió Jorge Eliécer Gaitán”.
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