
Horas antes de la liquidación del Ministerio de la Igualdad, quedó firmado en Colombia el impuesto de salida del país que creó el Decreto 0625 de 2026, una medida de USD 1 por pasajero que inquieta a aerolíneas y al sector turístico.
El Decreto 0625 de 2026 reglamenta en Colombia un cobro de USD 1 o su equivalente en pesos para nacionales y extranjeros, residentes o no residentes, cuando compren un tiquete aéreo para salir del país, según conoció Semana.
La norma, expedida el 19 de junio y firmada por los ministerios de Hacienda, Transporte e Igualdad, dispone que el pago corresponde al pasajero y que las empresas que venden los tiquetes deben recaudarlo.
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El decreto se expidió el mismo día en que estaba programado el cierre administrativo de esa cartera. El documento reglamenta el impuesto de salida del país por vía aérea para pasajeros de tráfico internacional.
La norma fija el momento exacto en que nace el cobro. “El impuesto de salida del país por vía aérea se causa en el momento de la compra del tiquete aéreo respectivo y será correspondiente a USD 1 de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos colombianos, conforme a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia vigente el día de la compra”.
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¿A qué se destinarán los recursos del nuevo impuesto?
El decreto justifica su expedición a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), porque los recursos irán al Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

Según el texto citado por Semana, ese fondo lo administra el Icbf, que quedó bajo el Ministerio de la Igualdad tras la creación de esa cartera. La norma también aclara que el cobro recae sobre los usuarios y no sobre las aerolíneas. El valor será el equivalente en pesos al dólar vigente según la TRM certificada para el día de la compra.
¿Cuáles son las obligaciones para aerolíneas y la inquietud del sector turístico?
El decreto ordena a las empresas que venden tiquetes informar ese valor a los pasajeros y publicarlo en sus páginas web como parte de las condiciones de compra.
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Además, asigna a las compañías aéreas y a los vendedores la tarea de cobrar, declaración y transferencia del impuesto. La obligación operativa quedó consignada en el mismo documento.
“Actuarán como responsables del cobro, declaración y transferencia del impuesto de salida del país por vía aérea, las empresas nacionales y extranjeras de transporte aéreo regular y no regular de tráfico internacional de pasajeros que vendan el tiquete”.
La disposición añade que esos recursos deben consignarse cada trimestre. Para varias aerolíneas nacionales e internacionales y para gremios del turismo, la medida eleva el costo de los viajes y puede afectar la actividad turística, de acuerdo con el medio citado.
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Los empleados atribuyeron la restricción de ingreso a una presunta orden de la Secretaría General - crédito @EltrinoCo/X
Esos actores ya pidieron reuniones con entidades del Gobierno nacional para revisar los puntos fijados en la norma. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) seguía examinando el alcance del decreto cuando el medio consultó por la reacción del sector.
El desmonte del Ministerio de Igualdad comenzó con empleados sin acceso a la sede
El Ministerio de la Igualdad y Equidad comenzó su desmonte en Colombia con una señal inmediata para sus trabajadores: la mañana del lunes 22 de junio, a decenas de funcionarios se les impidió entrar al edificio sin aviso previo, en medio del proceso de liquidación activado tras el cierre definitivo de la entidad, que dejó de existir oficialmente desde el 20 de junio.
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La restricción de ingreso se produjo después de que el Congreso se negara a aprobar el proyecto que buscaba darle continuidad a la cartera.
Esa decisión dejó al ministerio sin marco legal para operar y cerró la posibilidad que el Gobierno había defendido en sesiones extraordinarias.
Los empleados llegaron a la sede para cumplir sus labores habituales y encontraron bloqueado el acceso. La situación los dejó a la intemperie mientras intentaban obtener una explicación formal sobre su condición laboral y el futuro inmediato de sus funciones.
De acuerdo con versiones internas citadas por el medio, la medida respondería a una presunta instrucción de la Secretaría General. Hasta ahora no se ha emitido un comunicado oficial que detalle las razones de la restricción ni los pasos que seguirán para el personal afectado.
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La entidad dejó de existir tras el fracaso del proyecto en el Congreso
La desaparición del ministerio quedó sellada luego de que el Congreso no aprobara la iniciativa para mantenerlo en funcionamiento. La cartera, una de las principales apuestas sociales del gobierno de Gustavo Petro, completó así un ciclo de tres años.

La entidad había sido encabezada en una primera etapa por la vicepresidenta Francia Márquez. Su creación había recibido respaldo mayoritario en el Congreso como parte de las promesas de campaña del presidente, con el objetivo de reducir brechas sociales en un país atravesado por la desigualdad.
El cierre, según la publicación, no obedeció a una sola causa. Se combinó la falta de apoyo parlamentario, la caída de su sustento jurídico por decisión de la Corte Constitucional y la incapacidad del Ejecutivo para reunir las mayorías necesarias para rehacer el proyecto.
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La Corte Constitucional tumbó la ley de creación del ministerio por la ausencia de certificado de disponibilidad presupuestal. Después de esa decisión, el Gobierno intentó corregir el obstáculo y presentó de nuevo la iniciativa con mensaje de urgencia, pero no consiguió salvarla.
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