El Carf alerta que la deuda neta en 2026 alcanzará el 61% del PIB y exige un ajuste fiscal urgente

La advertencia sobre la deuda neta de Colombia quedó planteada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf): en 2026 llegaría a 61% del PIB, el nivel más alto de la historia, en un escenario que el organismo considera difícil de alcanzar sin decisiones de política de alta envergadura.

El comité advirtió que esa proyección responde a supuestos macroeconómicos que considera optimistas, una senda de ingresos que ve sobrestimada, un gasto primario que juzga subestimado y metas fiscales sujetas a medidas y reformas que aún no han sido formuladas. En su concepto previo sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, pidió un ajuste fiscal estructural urgente al considerar insostenible la trayectoria de deuda y déficit.

El comité remitió su concepto previo al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), como exige el marco normativo. Allí sostuvo que “el escenario macroeconómico y fiscal del Gobierno contempla proyecciones difíciles de materializar en ausencia de decisiones de política de alta envergadura”.

También señaló que los supuestos de inflación de corto plazo y de crecimiento económico de mediano plazo lucen optimistas. A juicio del organismo, el cumplimiento de las metas fiscales de corto y mediano plazo depende de decisiones y reformas que todavía no existen y que corresponderían al próximo gobierno.

Para 2026, el comité proyecta una brecha entre ingresos y gastos, sin contar intereses, de -4,1% del PIB. Además, calcula un balance total de -7,4% del PIB y califica ese resultado como insostenible.

Las diferencias del Carf con las proyecciones del Gobierno

La mayor diferencia con las cuentas oficiales aparece en el balance primario. Mientras el Gobierno prevé -2,1% del PIB, el Carf estima -4,1% del PIB.

El comité señala que su cálculo de ingresos coincide a grandes rasgos con la meta oficial. La diferencia se concentra en el gasto de funcionamiento e inversión, que ubica en 2% del PIB por encima de lo proyectado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), equivalente a COP 39,6 billones.

El organismo tampoco incorporó recortes de gasto en su escenario. Explicó que el Gobierno no había formulado el decreto de aplazamiento anunciado a comienzos de 2026 y que, con corte a mayo, 58,1% del techo de inversión, el componente más flexible del presupuesto, ya estaba comprometido.

A partir de esa ejecución, el comité advierte que cada vez hay menos margen para que un eventual decreto de recorte o aplazamiento tenga efecto. Esa restricción reduce la capacidad de corregir el gasto en el corto plazo.

El ajuste fiscal que exige la regla y la senda de la deuda

Para 2027, el Carf calcula que cumplir la meta de balance primario del Gobierno, de -0,5% del PIB, exigiría medidas de aumento de ingresos o reducción de gastos por 3,7% del PIB. El escenario oficial, según el comité, supone una reforma tributaria de 1,4% del PIB, pero no detalla su contenido ni la estrategia para aplicarla.

Por esa falta de definición, el comité no incluyó esos recursos en su estimación. Aun así, coincidió con el Gobierno en la urgencia de actuar.

El ajuste requerido para cumplir la regla fiscal desde 2028, frente a un escenario sin medidas de política, sería de 5,5% del PIB en 2028 y de 6,1% del PIB en 2030. El comité añade que la mejora necesaria en el balance primario para 2030 resulta 1,6% del PIB más exigente que la calculada en su concepto sobre el MFMP 2025.

Según ese análisis, pesan el incumplimiento de la meta fiscal de 2025, la expectativa de un nuevo desvío en 2026 y la revisión a la baja del crecimiento económico esperado. El organismo sostiene que los ajustes tempranos mejorarían la trayectoria fiscal posterior.

Incluso en un escenario de cumplimiento de la regla fiscal, la deuda neta seguiría al alza hasta 2030. El comité la proyecta en 63,8% del PIB en 2028, 64,2% en 2030 y 63,1% en 2037.

El Carf considera preocupante esa trayectoria porque ni siquiera un ajuste fuerte del balance primario bastaría para estabilizar la deuda hacia 2030. En su análisis influyen las altas necesidades de financiamiento y la relación entre el costo efectivo de la deuda y el crecimiento económico.

El riesgo de una crisis fiscal si no hay medidas urgentes

El comité advirtió que “las medidas de ajuste fiscal estructural no dan espera, so pena de que el país enfrente una situación de estrés financiero, con consecuencias económicas potencialmente devastadoras”. También pidió que “el Gobierno y el Congreso de la República, con participación y apoyo de la sociedad civil, acuerden urgentemente medidas de alta envergadura para evitar una crisis fiscal”.

En esa línea, recordó que Colombia ha acumulado un historial de crédito soberano que considera esencial para la confianza. La advertencia apunta a evitar que el deterioro fiscal termine por afectar esa percepción.

El riesgo, según el análisis del comité, es que la fragilidad fiscal no siempre se refleje de inmediato en la economía. Si cambia la percepción sobre la solvencia o la capacidad de refinanciar la deuda, el acceso al financiamiento, la tasa de cambio y las primas de riesgo pueden deteriorarse de forma abrupta, con un costo mayor para la población más vulnerable.