La citación a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez quedó fijada para el 24 de julio de 2026 por decisión de la Fiscalía General de la Nación, en una investigación por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en la década de 1990.
La Fiscalía citó al exmandatario para notificarle durante la audiencia, por medio de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, su vinculación a la investigación por esas masacres.
Según Radio Nacional de Colombia, la diligencia corresponde a los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado; además, el expediente también incluye otros hechos relacionados con el caso.
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La citación fue confirmada por la Fiscalía.
¿Qué investiga la Fiscalía en este caso?
La investigación avanza por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
Se relacionó la actuación judicial con la presunta conformación y actuación de grupos paramilitares en Antioquia. La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal por hechos de violencia relacionados con la conformación de un grupo paramilitar.
Los hechos en el municipio de San Roque y en las masacres cometidas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango; históricamente, estas masacres ocurrieron entre 1996 y 1997 en el municipio de Ituango; hechos investigados corresponden al periodo en que Uribe ocupó la Gobernación de Antioquia.
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La respuesta del expresidente Uribe
Uribe publicó en cuenta en X: “La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó”.
En la misma publicación, añadió: “El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas. Esto es un atropello”. El expresidente presentó la diligencia como una decisión que, a su juicio, repite actuaciones judiciales irregulares.
La investigación había comenzado en 2000 y fue reactivada en 2013
El auto que justificó la reapertura del caso, compuesto por ocho páginas, reseña que la investigación previa fue abierta el 16 de mayo de 2000 por hechos ocurridos cuando Uribe era gobernador de Antioquia.
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Ese mismo año, el 28 de diciembre, un fiscal delegado ante la Corte se inhibió de iniciar instrucción formal.
Esa decisión cambió el 2 de enero de 2013, cuando la fiscalía sexta delegada ante la Corte revocó la resolución inhibitoria. El fundamento fue una comunicación recibida el 7 de septiembre de 2011 con declaraciones de miembros de grupos paramilitares que señalaban a Álvaro y Santiago Uribe Vélez por la conformación de un grupo cuyo centro de operaciones habría sido la hacienda mencionada.
La resolución deja constancia de que desde el 2 de diciembre de 2020, cuando ese despacho asumió el conocimiento del caso tras la salida de Uribe del Senado, se practicaron distintos actos de investigación, entre ellos la versión libre del indiciado.
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Abadía Cubillos indicó además que para todos los delitos analizados se aplicaría una agravación punitiva por la posición que ocupaba el procesado como máxima autoridad departamental de Antioquia.
En el caso de La Granja, la fiscal sostuvo que el entonces gobernador conocía el riesgo que enfrentaba la población por la presencia e incursiones paramilitares en la zona. Pese a ello, según la decisión, no habría adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de la comunidad, aunque tenía la capacidad y el deber jurídico de hacerlo por su cargo.
El expediente también incorpora el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo
La investigación incluye el crimen de Jesús María Valle Jaramillo, abogado, concejal de Ituango en la época de los hechos y defensor de derechos humanos, asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998.
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Para incorporar ese episodio, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias el 24 de noviembre de 2017 y una jueza especializada de Medellín hizo lo mismo el 6 de octubre de 2025.
Sobre ese homicidio, la fiscalía sostuvo que, por las denuncias de Valle contra la administración departamental, la fuerza pública y los paramilitares que operaban en Ituango, “el aquí procesado, por intermedio de su Secretario de Gobierno, pudo haber determinado a Carlos Castaño para que se ejecutara este homicidio”. A partir de esa hipótesis, concluyó que Uribe sería posible determinador del delito de homicidio en persona protegida.
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La decisión también ordenó obtener la declaración rendida el 13 de agosto de 2010 por Jhon Fredy González Isaza, alias El Rosco, y la versión libre de Isaías Montes Hernández del 16 de octubre de 2008, además de las pruebas que se desprendan de esas actuaciones. La determinación se conoció a tres días de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
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