La Cidh exigió justicia en el caso del reportero Cristian Herrera, asesinado en Cúcuta: “Considerar como posible móvil del crimen la labor periodística”

El asesinato de periodistas en Colombia ha generado una alerta internacional tras la muerte violenta de Cristian Herrera, uno de los periodistas judiciales más reconocidos en Cúcuta, quien fue atacado con arma de fuego el 6 de junio de 2026 frente a su familia.

El crimen provocó la condena pública de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y de organizaciones nacionales, que exigen acciones para proteger la libertad de prensa.

La Cidh advirtió que el asesinato de Herrera refleja la persistencia de la violencia contra la prensa en Colombia, marcada por impunidad, fallas en los mecanismos de protección y estigmatización contra periodistas.

El mencionado comunicador trabajaba como asesor de comunicaciones en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta y era miembro del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

De acuerdo con la Cidh, el ataque ocurrió cuando descendía de un vehículo con su familia, en el barrio Quinta Oriental.

Fue trasladado a un centro médico, donde falleció a causa de las heridas. A lo largo de más de veinte años, Herrera investigó casos de corrupción y seguridad ciudadana, lo que lo expuso a reiteradas amenazas.

Según la Cidh, notificó a la Fiscalía sobre algunas de ellas entre 2023 y 2025, sobrevivió a un atentado en 2017 y tuvo que salir del país temporalmente por seguridad.

Desde 2014 recibía medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero el día del ataque viajaba sin la escolta asignada, lo que, según la UNP, comprometió su seguridad y facilitó el crimen.

Las autoridades de Norte de Santander y Cúcuta informaron el nueve de junio de 2026 la captura de tres personas, incluido el presunto autor material y dos posibles cómplices. Se ofrece una recompensa de hasta $100 millones a quien aporte información que lleve al esclarecimiento del caso. La Cidh destaca que Herrera, además de informar sobre agresiones a la prensa, participaba en la defensa de la libertad de expresión regional.

Reacción internacional y condena al asesinato

La Rele/Cidh expresó su rechazo al asesinato de Herrera y llamó al Estado colombiano a cumplir sus “obligaciones internacionales de prevención, protección y procuración de justicia frente a la violencia contra la prensa, en un contexto cada vez más adverso para el ejercicio periodístico”.

El caso revela una situación de estigmatización y polarización política, donde se han registrado discursos hostiles desde cargos públicos.

La Cidh indicó que este es el segundo asesinato de un periodista en 2026, tras el caso de Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, en mayo, y advirtió sobre el efecto intimidatorio que estos crímenes generan en organizaciones como la Flip y defensores de derechos humanos.

Las demandas recogidas subrayan que el caso no puede quedar impune y recuerdan que la protección a la prensa es necesaria para el ejercicio periodístico.

Contexto de violencia e insuficiencias en la protección de periodistas en Colombia

Los asesinatos de Herrera y Pérez Rueda exponen la problemática de la impunidad y la insuficiencia institucional. La Cidh advierte que, pese a existir esquemas de protección, estos han fallado en impedir nuevos ataques, y hay antecedentes de periodistas asesinados estando bajo resguardo oficial.

Herrera denunció amenazas ante la Fiscalía entre 2023 y 2025, pero no se abrieron investigaciones. Para la Cidh, preocupa la falta de rigor en la evaluación de riesgos y en los procedimientos para modificar o retirar medidas de protección, especialmente en regiones con altos niveles de peligro para la prensa.

El clima hostil se ve agravado por discursos estigmatizantes provenientes de funcionarios públicos. La Cidh insiste en que estos mensajes intensifican la animadversión y elevan el riesgo para reporteros, en particular en zonas afectadas por el conflicto armado o las economías ilegales.

Llamados y demandas al Estado colombiano y funcionarios públicos

La Cidh y la Rele urgieron al Estado colombiano a realizar investigaciones y “considerar como posible móvil del crimen la labor periodística de Herrera y las amenazas previas”.

Exigen reforzar la protección para su familia y mejorar el apoyo a periodistas que trabajan en contextos de alto riesgo. Ambas instancias recomendaron avanzar en la aplicación de las sugerencias incluidas en el informe de país sobre violencia y derechos humanos en Colombia.

Un punto central es el llamado a los funcionarios públicos a “abstenerse de emitir discursos que propicien, estimulen, favorezcan o profundicen el riesgo o vulnerabilidad inherente a la profesión periodística”, tal como recogen la Cidh.