El reciente pronunciamiento de Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), durante un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Gustavo Petro, puso en entredicho la versión del general retirado Jorge Ricardo Hernández sobre las razones de su retiro del Ejército.
Mejía afirmó ante el gabinete que la salida de Hernández no se debió al operativo contra la caravana de alias Calarcá en Antioquia, sino a investigaciones sobre presuntos vínculos con la minería ilegal y hechos de corrupción. El debate revela tensiones internas en las Fuerzas Militares y expone conflictos sobre el manejo de denuncias y operativos en el país.
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Contradicciones públicas sobre la salida de Hernández
El martes 16 de junio, el director de la Uiaf, Wilmar Mejía, respondió públicamente a las declaraciones realizadas por el general retirado Jorge Ricardo Hernández.

Según Mejía, Hernández salió a denunciar en medios que fue retirado del Ejército tras encabezar el operativo contra alias Calarcá, líder de disidencias de las Farc, lo cual calificó como falso. “Eso no es cierto”, afirmó el funcionario en presencia de Petro, que intervino para ampliar la explicación oficial sobre el caso.
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El jefe de Estado recordó que medios de comunicación señalaron supuestos vínculos entre altos oficiales y alias Calarcá, pero sostuvo que “todo lo que indica esa investigación es que militares corruptos, que reciben dinero del oro, entonces, pues fueron encontrados en eso. Y uno es el general que dice que ahora es porque estuvo con lo de Calarcá”.
El presidente puntualizó que la decisión de retiro no provino del Gobierno, sino de las propias Fuerzas Militares, tras hallazgos relacionados con tráfico de oro y otras actividades ilícitas. “Obviamente, es la Fiscalía la que tiene que determinar si es así o no”, añadió Petro.
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Investigación por minería ilegal y corrupción
El director de la Uiaf insistió en que la causa del retiro de Hernández está asociada a investigaciones disciplinarias y penales.
“La invitación a este general es que diga la verdad. A él no lo sacaron por el operativo de Calarcá, sino por sus posibles vínculos con la minería ilegal en el departamento de Antioquia, como muchos otros oficiales que han pasado por ese departamento”, sostuvo Mejía.
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Según el funcionario, existen expedientes en la Inspección del Ejército y en la Fiscalía General de la Nación que vinculan a Hernández con un entramado de corrupción que incluye el desvío de recursos públicos y contratos asociados a la logística militar.
En palabras de Mejía, “se robaban los recursos de los servicios públicos, pero además de la obra pública y de otros contratos que están asociados a la logística del Ejército”. El director de la Uiaf informó que solicitó al Ministerio de Defensa acceso a las investigaciones para realizar análisis financieros sobre los generales y altos oficiales implicados, con el fin de esclarecer el alcance de las actividades ilícitas dentro de la institución.
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Versión de Hernández: represalia y falta de respaldo institucional
Por su parte, el general retirado Jorge Ricardo Hernández explicó en entrevista con Noticias RCN que su salida respondió a una “incomodidad” del Gobierno tras el operativo del 23 de julio de 2024, cuando fue detenida la caravana de alias Calarcá en Antioquia.
Hernández aseguró que no recibió reconocimiento oficial por la captura y que la medida se dio en el contexto de una depuración que habría dejado fuera a más de 70 generales entre 2022 y 2026.
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El excomandante de la IV Brigada del Ejército manifestó que la acción contra “Calarcá” fue tratada como un hecho incómodo para la administración, y que la explicación formal de su retiro incluyó referencias a una investigación disciplinaria, así como a “lo que pasó en Medellín”.
El general relató que la falta de respaldo se evidenció en un “silencio absoluto” de sus superiores. Expuso que los mensajes sobre la molestia oficial se manifestaron en traslados y exclusión de estímulos, y que al comunicarle su retiro le mencionaron que el Gobierno estaba incómodo con su labor.
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Según Hernández, esa reacción muestra una asimetría en la política de seguridad, pues observó una menor contundencia operativa frente al grupo de alias Calarcá respecto al tratamiento dado a las disidencias de alias “Iván Mordisco”.
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