Elecciones presidenciales: más de 400.000 hombres y mujeres de la fuerza pública garantizarán la seguridad en Colombia

El 16 de junio, cinco días antes de que se lleven a cabo los comicios presidenciales en Colombia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, instaló, junto a los comandantes regionales de la fuerza pública y la cúpula militar, el Puesto de Mando Unificado (PMU) con el que se garantizará la seguridad de la ciudadanía durante la jornada electoral.

El ministro indicó que el propósito principal del PMU es que las autoridades puedan estar alertas ante cualquier novedad que pueda poner en peligro las elecciones.

En la diligencia, que contó con la presencia del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, se confirmó que más de 400.000 uniformados tendrán la tarea de proteger a los colombianos.

“Toda la fuerza pública en su máxima capacidad estará desplegada. De manera directa habrá 248.000 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 160.000 más estarán en actividades de apoyo, para un total de 408.000 uniformados. Reconocemos los riesgos y por ello desplegamos desde hace más de un año el Plan Democracia. El Estado tiene la capacidad para mitigarlos”

El registrador Penagos agradeció por el trabajo del Ministerio de Defensa, alabó que se active con varios días de antelación el PMU e informó que ya comenzó a ser distribuido el material electoral en todas las ciudades, municipios y veredas con acompañamiento permanente de la fuerza pública.

Se confirmó que los uniformados desplegados para los comicios tienen la misión de neutralizar el posible riesgo de constreñimiento al electorado, por lo que invitaron a denunciar a la Línea 157 la comisión de cualquier delito electoral.

Hay 21 amenazas en contra de los candidatos antes de las elecciones

El director de la Policía, general William Rincón, advirtió que se han recibido 21 amenazas en contra de los candidatos, por lo que, en compañía del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, se han abierto 10 noticias criminales con el objetivo de realizar las investigaciones sobre estos casos.

De manera paralela, fueron judicializados los administradores de diez cuentas de redes sociales que se han dedicado a difundir mensajes de odio y de amenazas contra los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño, a los que el director de la Policía los llamó “dinamizadores de amenazas”.

“Invitamos a todos los colombianos a que muestren un comportamiento ejemplar. Que ganen las ideas y no los insultos. Que se respeten los resultados. Que gane la democracia, y que gane Colombia”, declaró el general Rincón, que advirtió sobre el riesgo de la desinformación en esta época electoral y su “capacidad para promover el odio y la paranoia”.

Otro factor que genera preocupación es que las autoridades identificaron 99 municipios en Colombia con riesgos electorales para la segunda vuelta presidencial. De estos, 50 presentan riesgos relacionados con la transparencia del proceso, principalmente en regiones como Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca, mientras que 49 municipios se consideran vulnerables por posibles alteraciones al orden público, especialmente en Cauca, Tolima y Antioquia.

La Policía Nacional y las Fuerzas Militares desplegaron operativos en 535 puntos críticos, distribuidos en 94 municipios y 13 ciudades capitales, para anticipar eventualidades durante la jornada electoral. Además, los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales cuentan con esquemas de seguridad reforzados, integrados por 112 hombres de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.

Hasta el momento, se han reportado 21 amenazas relacionadas con el proceso electoral, de las cuales diez han dado origen a investigaciones penales. Las autoridades también han realizado más de 300 acompañamientos a actividades de campaña, con la participación de 9.700 uniformados. Se han activado planes de contingencia y monitoreo especial ante riesgos de desinformación y posibles hechos de violencia o sabotaje, incluyendo la vigilancia de redes sociales y la identificación de casos de extorsión asociados a la carnetización realizada por grupos armados ilegales.