Duro golpe para el Gobierno Petro: Congreso archivó el proyecto clave de la jurisdicción agraria en la recta final de la legislatura

El Gobierno nacional, a través de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, confirmó el martes 16 de junio de 2026 el archivo del proyecto que debía definir las competencias y los procedimientos de la jurisdicción agraria y rural: una propuesta que la administración del presidente Gustavo Petro presentó como necesaria para destrabar conflictos de tierra que afectan a más de 10 millones de campesinos.

A cuatro días para el final del cuarto y último periodo legislativo (2022-2026), la funcionaria atribuyó el desenlace a un nuevo cambio en el orden del día de la plenaria de la Cámara de Representantes, que impidió discutir de fondo la iniciativa. Con ello, se decretó el hundimiento de la iniciativa, que se quedó en debates iniciales, pues no se pudo debatir ni en la plenaria de la Cámara ni en el Senado de la República.

Pese al duro revés, Carvajalino informó que el Ejecutivo volverá a radicar el proyecto el próximo 20 de julio, después de que la propuesta fracasó en esta recta final de la labor en el Congreso; pese a los mensajes de urgencia e insistencia promovidos por el propio Gobierno. Todo esto, en relación con una figura elevada a rango constitucional por el Acto Legislativo 03/23 y delimitada en su estructura judicial por la Ley 2570/26.

La ministra sostuvo que el problema no fue solo el archivo del texto, sino la ausencia de debate público sobre sus alcances. En ese marco, cuestionó el papel de la dirigencia gremial que se opuso al proyecto. “Lo grave acá es que no se haya abordado la discusión de fondo porque no se le permitió al país conocer las distintas posiciones y realmente lamentamos posiciones que fueron intransigentes”, precisó la ministra.

A su vez, la titular de la cartera apuntó de forma directa contra la presidencia de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) por su postura frente a la iniciativa. “A nosotros nos preocupa que la posición haya sido tan tajante, porque encontramos ahí que no hay espacio para el diálogo y para encontrar una ruta asertiva frente a este proyecto”, agregó Carvajalino, que no ocultó su desazón frente a lo que ocurrió en el recinto.

Llamado de urgencia del Gobierno Petro no surtió efecto

Es válido destacar que el Ejecutivo había impulsado el proyecto de ley como la norma encargada de precisar qué asuntos conocería la jurisdicción agraria y bajo qué procedimientos operarían sus despachos. Sin embargo, su archivo en su trámite en el legislativo dejó incompleta la implementación de una arquitectura legal que ya tenía base constitucional y una ley sobre juzgados y tribunales, a la espera de avances.

Con este hundimiento, la ministra Carvajalino dijo que una de las consecuencia directas es el aplazamiento de una justicia especializada que el Gobierno considera pendiente desde hace décadas para el campo colombiano. En su análisis, uno de los escollos para este balance no estuvo solo en los tiempos del Congreso, sino en la resistencia política a discutir el alcance de las nuevas facultades sobre conflictos de tierra.

Y es que en los últimos debates, la oposición concentró sus objeciones en las atribuciones que el proyecto otorgaba a los jueces y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre los terrenos baldíos. Ese punto abrió una discusión sobre los límites entre la administración de esas tierras, la protección de la propiedad privada y el alcance de la reforma agraria, lo que fue minando su trámite tanto en el Senado como en la Cámara.

Entre los sectores de oposición, como el Centro Democrático, se advirtió que esas facultades podían abrir la puerta a expropiaciones o vulnerar derechos de propiedad. En respuesta, el Gobierno defendió que la iniciativa buscaba dotar al país de jueces especializados para resolver con mayor rapidez controversias rurales como la titularidad de predios, los linderos, las servidumbres y contratos de arriendo en el campo.