Un nuevo golpe contra las estructuras armadas ilegales que operan en el Pacífico colombiano se registró en las últimas horas en zona rural de Tumaco, Nariño.
Tropas del Ejército Nacional lograron el sometimiento a la justicia de 18 integrantes de la denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura armada residual que tiene presencia en diferentes sectores del departamento.
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La operación fue desarrollada por unidades de la Fuerza de Tarea Hércules en la vereda Berlín, donde las tropas adelantaron acciones contra esta organización. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el resultado permitió afectar de manera significativa la capacidad armada y logística de la estructura. Además, el procedimiento también permitió recuperar a dos menores de edad, que se encontraban en poder del grupo armado.
La presencia de los niños dentro de estas organizaciones ha sido uno de los principales motivos de preocupación de las autoridades, debido a las prácticas de reclutamiento utilizadas para incorporar niños, adolescentes y jóvenes a sus filas.
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Denuncian reclutamiento de jóvenes
Según la información recopilada durante la operación, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano estaría utilizando mecanismos de reclutamiento forzado para incorporar jóvenes de las comunidades rurales a sus estructuras.
Las autoridades señalaron que estas personas serían utilizadas posteriormente para participar en diferentes actividades ilegales y acciones contra la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública.
El Ejército calificó estas prácticas como una grave afectación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, especialmente porque impactan a comunidades vulnerables ubicadas en zonas donde la presencia de grupos armados limita las posibilidades de los habitantes.
El sometimiento de los 18 integrantes representa, según la institución militar, una oportunidad para que estas personas abandonen las actividades ilegales y se incorporen a los mecanismos establecidos por el Estado para quienes deciden dejar las armas.
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Además del sometimiento de los integrantes de la estructura, durante el operativo las tropas lograron incautar un importante número de armas y municiones que, de acuerdo con las autoridades, eran utilizadas para fortalecer las capacidades ofensivas del grupo.
El material decomisado está compuesto por 16 armas largas, tres pistolas, 3.451 cartuchos calibre 5,56 milímetros y 43 cartuchos calibre 9 milímetros. A este arsenal se suman 60 proveedores para fusil calibre 5,56 milímetros y tres proveedores para pistola, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades competentes.
Para el Ejército, la incautación representa una afectación directa a la capacidad de fuego de la estructura ilegal, debido a que impide que este material sea empleado posteriormente en ataques contra la Fuerza Pública, intimidaciones a las comunidades o acciones relacionadas con otras actividades criminales.
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El operativo se suma a las acciones que las Fuerzas Militares adelantan en el Pacífico nariñense para contener la expansión de estructuras armadas y proteger a las comunidades que permanecen expuestas a hechos de violencia.
Tumaco y otros municipios del Pacífico de Nariño han sido escenarios de presencia y disputa de diferentes organizaciones armadas ilegales, situación que ha generado afectaciones para las comunidades rurales y restricciones para quienes habitan en estos territorios.
Entre las principales preocupaciones de las autoridades se encuentran precisamente el reclutamiento de menores y jóvenes, el control territorial y la utilización de las comunidades para desarrollar actividades relacionadas con las economías ilegales.
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Por esa razón, el Ejército aseguró que continuará adelantando operaciones en la región con el objetivo de reducir la capacidad de acción de estos grupos y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes.
El resultado obtenido en la vereda Berlín también fue presentado por la institución como una muestra de la importancia de las operaciones orientadas no solamente a la incautación de armamento, sino a la protección de personas que han sido involucradas en estructuras ilegales.
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