Procuraduría abrió investigación la Gobernación de Córdoba por supuesta propaganda política en la feria ganadera

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para esclarecer si existió propaganda política financiada con recursos públicos durante la Feria Ganadera de Montería, celebrada el 13 de junio de 2026.

La decisión surgió luego de cuestionamientos públicos sobre la proyección de videos con contenido electoral de Abelardo de la Espriella en un evento respaldado por la Gobernación de Córdoba.

Según informó Caracol Radio, el Ministerio Público busca determinar si funcionarios de la administración departamental incurrieron en algún grado de responsabilidad en hechos que podrían constituir irregularidades administrativas.

El proceso disciplinario se activó tras una denuncia pública realizada por el presidente Gustavo Petro a través de la red social X, en la que solicitó un pronunciamiento oficial sobre el posible uso de dineros estatales en actividades proselitistas.

“Le solicito al señor Procurador expresarse sobre por qué si la Feria Ganadera de Córdoba se paga con dinero público del pueblo cordobés, a través de la gobernación, se permite pasar videos de propaganda electoral en el evento (div)”, publicó el mandatario.

De acuerdo con la información divulgada por Caracol Radio, la Procuraduría expuso que la indagación busca “esclarecer posibles irregularidades administrativas relacionadas con una posible indebida participación en política” y establecer la eventual implicación de servidores públicos en los hechos denunciados. El expediente se abrió de manera inmediata, como respuesta institucional a los señalamientos realizados desde la máxima instancia del Ejecutivo.

El detonante de la actuación disciplinaria fue la exhibición de un video del candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante el “Concierto de Feria – Montería”, evento realizado en el estadio de béisbol de la capital cordobesa y patrocinado por la administración departamental. En el material audiovisual, se habría promovido una precandidatura presidencial, según relataron los funcionarios involucrados en el proceso de instrucción.

Paralelamente, el senador Alex Flórez, integrante del Pacto Histórico, cuestionó al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, atribuyéndole responsabilidad directa por la proyección del video y el uso de recursos públicos en la organización de la feria.

“Oye gobernador Erasmo Zuleta, pensé que eras un hombre respetuoso de la ley y la constitución. Tú eres el encargado y responsable de todo lo que pasa en la feria de la ganadería, en serio que esto de proyectar un video de un candidato en un concierto de la feria que es organizada por la Gobernación y con recursos públicos ha sido lo más descarado que he visto en política (sic)”, publicó Flórez en su cuenta oficial de X.

La Procuraduría, según consta en documentos oficiales, delegó una comisión especial para recaudar material probatorio que permita individualizar responsabilidades dentro de la administración regional. Entre las pruebas solicitadas, se pidió a la Gobernación de Córdoba informar sobre el tipo de vínculo jurídico o contractual que mantiene con la Feria Ganadera y el Concierto de Feria, así como detallar si el evento recibió subsidios o apoyo logístico proveniente de fondos públicos.

En paralelo, la oficina asesora jurídica de la Gobernación deberá responder un cuestionario detallado sobre la estructura financiera y organizativa de la festividad, además de suministrar documentación, informes y videos que permitan verificar la presencia de funcionarios y del propio gobernador en las actividades.

El expediente disciplinario se encuentra en etapa de indagación previa, una fase orientada a la recolección de pruebas y análisis de mérito para determinar si existen causales para avanzar hacia una investigación formal.

Las actuaciones institucionales también se fundamentaron en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, que regula los procedimientos de la justicia disciplinaria en Colombia. La comisión designada por la Procuraduría deberá establecer la naturaleza y alcance de la posible participación de servidores públicos en hechos de connotación política dentro de un evento apoyado con recursos estatales.

La investigación disciplinaria continuará con la revisión de material documental y audiovisual, así como la recopilación de testimonios de funcionarios y organizadores, para esclarecer la presunta promoción de propaganda política en un evento de carácter público. Las autoridades no han adelantado conclusiones ni señalado responsables, mientras el expediente permanece en fase preliminar.