Presidente de la JEP respondió a la propuesta de Abelardo de la Espriella de eliminar el tribunal y pidió debate serio: “No buscamos comité de aplausos”

La propuesta de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha convertido en uno de los temas de debate de la campaña presidencial de segunda vuelta. El planteamiento hace parte del programa de gobierno del candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien anunció que, de llegar a la Presidencia, buscará suprimir esta jurisdicción creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016.

De la Espriella ha sostenido que la JEP es una “farsa” y ha manifestado que intentará avanzar en su eliminación a partir del 8 de agosto. Según ha expresado, el tribunal “es un escenario para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las Farc y perseguir a los héroes de la patria”. La iniciativa hace parte de su programa denominado “País Milagro”, que también contempla una reducción del 40% del aparato estatal y la construcción de siete megacárceles bajo un modelo similar al implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

El candidato ha argumentado que la eliminación de la JEP y de otras instituciones que, según su criterio, “no sean funcionales”, permitiría reducir el gasto público. De acuerdo con su propuesta, estos ajustes contribuirían a disminuir impuestos como el cuatro por mil y los gravámenes a la gasolina.

Presidente de la JEP pidió respeto por el debate institucional

Frente a estos planteamientos, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Alejandro Ramelli, se pronunció el martes 9 de junio durante una intervención pública en la que defendió la labor del tribunal y pidió que las discusiones sobre su funcionamiento se desarrollen sin descalificaciones. Sin mencionar directamente al candidato De la Espriella, Ramelli señaló que las críticas a la jurisdicción deben sustentarse en información verificable y no en afirmaciones que, según indicó, distorsionan la realidad de los procesos que adelanta la entidad.

“No buscamos unanimidad ni buscamos comité de aplausos, buscamos justicia. Ahí están los mecanismos. Entiendo la insatisfacción, pero yo creo que los debates tenemos que darlos con altura en Colombia, no con descalificaciones baratas. Tenemos que dar el debate con altura, con evidencia, con cifras. Tenemos ya que dejar esas frases de cajón que son completamente falsas, que son la típica fake news que distorsiona, entendiendo el dolor de las víctimas. Pero no podemos seguirnos basando simplemente en frases que tienen un efecto en la opinión pública, que no corresponden con la realidad”, afirmó el magistrado.

Durante su intervención, Ramelli insistió en que la jurisdicción cuenta con mecanismos institucionales para que las personas expresen inconformidades frente a las decisiones adoptadas por el tribunal y sostuvo que el análisis sobre sus resultados debe realizarse con base en los procedimientos y datos disponibles.

Obstáculos jurídicos para una eventual eliminación

La propuesta de suprimir la JEP enfrenta además diversos condicionamientos jurídicos derivados de la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

El Acto Legislativo 02 de 2017, aprobado por el Congreso de la República y posteriormente avalado por la Corte Constitucional, estableció la obligatoriedad de las instituciones creadas para desarrollar los compromisos derivados del acuerdo. Entre ellas se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz, concebida como uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

En ese contexto, una eventual eliminación de la JEP requeriría modificaciones de carácter constitucional y podría generar debates sobre los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en materia de justicia transicional.

Además, se ha señalado que la desaparición de esta jurisdicción podría abrir la puerta a la intervención de organismos internacionales en investigaciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Entre los casos que actualmente son objeto de estudio dentro de la jurisdicción se encuentran las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a integrantes de la fuerza pública durante el conflicto armado.

El planteamiento de Abelardo de la Espriella ha sido objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores políticos. Entre quienes han expresado reparos se encuentra el senador Iván Cepeda, que competirá contra el aspirante de Defensores de la Patria en la segunda vuelta programada para el 21 de junio.

Cepeda ha advertido que la eliminación de la jurisdicción tendría consecuencias para las víctimas del conflicto armado que participan en los procesos adelantados por este tribunal. Según el senador, la propuesta “les quitaría a millones de víctimas su derecho a la reparación, la verdad y la justicia”.