Condenaron a 7 años a exfiscal por simular proceso penal y bloquear extradición de señalado narcotraficante

Condenaron a 7 años de prisión a una exfiscal por simular un proceso penal con el propósito de bloquear la extradición de un ciudadano señalado de narcotráfico hacia Estados Unidos.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Popayán dictó sentencia contra María del Socorro Fernández Chávez, quien ejercía como fiscal en El Tambo, Cauca.

“Luego de verificar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Popayán (Cauca) condenó a la exfiscal de El Tambo (Cauca), María del Socorro Fernández Chávez, a 7 años y 3 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal”, precisó el ente acusador.

La investigación estableció que, durante el ejercicio de sus funciones, la exfiscal impulsó acciones judiciales para favorecer a un colombiano requerido por una corte distrital estadounidense por delitos relacionados con tráfico internacional de estupefacientes.

“La exfuncionaria, en ejercicio de su cargo, participó en un entramado ilegal que favoreció a un ciudadano colombiano pedido en extradición por una corte distrital de Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico trasnacional de estupefacientes”, señaló la Fiscalía.

De acuerdo con las pruebas presentadas, la exfuncionaria inició un proceso judicial paralelo después de que el Gobierno nacional avaló la solicitud de extradición, el 17 de mayo de 2016. En ese contexto, imputó al solicitado por el delito de rebelión, cargo que fue aceptado en su momento. La acusación se basó en una supuesta investigación por pertenecer a un grupo armado ilegal, información que no correspondía a la realidad.

Las actuaciones incluyeron la omisión de reportar una notificación roja de Interpol y la incorporación de documentos de arraigo que presentaron inconsistencias, firmas irregulares y otros elementos considerados falsos.

“Tras avalarse el requerimiento internacional por parte del Gobierno nacional, el 17 de mayo de 2016, la entonces fiscal abrió un proceso judicial paralelo a la solicitud de extradición e imputó al posible narcotraficante por el delito de rebelión, cargo que fue aceptado. La actuación se sustentó en información sobre una investigación que se seguía en su contra por hacer parte de un grupo armado ilegal, lo cual no era cierto”, señaló el ente acusador.

Además, la grabación de la audiencia de imputación no se encontró disponible. Pese a la orden judicial para repetir la diligencia y garantizar su registro audiovisual, la exfiscal se opuso a la decisión.

“Asimismo, se conoció que omitió reportes sobre una notificación roja de Interpol e incorporó documentación de arraigo con inconsistencias, firmas y otros elementos falsos. A esto se suma que la grabación de la audiencia de imputación desapareció y, pese a que un juzgado ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la exfiscal se opuso”, informó la Fiscalía General de la Nación.

Como resultado de la vinculación por rebelión, en enero de 2017, la persona solicitada en extradición interpuso una tutela que fue admitida, lo que impidió su traslado a territorio estadounidense.

“Conforme a la vinculación formal por el delito de rebelión, en enero de 2017, el extraditable interpuso una tutela que amparó su derecho a no ser doblemente incriminado, y de esta forma bloqueó su envío a Estados Unidos”, indicó el ente acusador.

La condena impuesta contempla una pena de siete años y tres meses de prisión en centro carcelario, así como una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A esto se suma la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 104 meses. Contra la decisión judicial existen recursos legales disponibles.

“Socorro Fernández Chávez, además de cumplir la pena en centro carcelario, deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 104 meses. En contra de la condena conocida proceden los recursos de ley”, aseveró la Fiscalía en su información.