Se acaba el Ministerio de la Igualdad: Gobierno Petro comenzó reorganización para seguir con los programas sociales

El Gobierno colombiano ha puesto en marcha un plan de reorganización institucional ante la desaparición del Ministerio de la Igualdad, tras la declaración de inconstitucionalidad hecha por la Corte Constitucional en la sentencia C-161 de 2024 y la falta de avances legislativos para salvar la cartera.

La administración de Gustavo Petro ordenó a sus ministerios y entidades afectadas preservar las políticas destinadas a poblaciones vulnerables y redistribuir los programas sociales del Ministerio de la Igualdad en otras entidades estatales ante su supresión por mandato judicial y falta de aval legislativo.

Las instrucciones buscan prevenir la interrupción de la protección a mujeres, juventudes, personas Lgbtiq+, campesinos y pueblos étnicos.

Tras el fallo de la Corte Constitucional que declaró “inexequible la ley creadora del Ministerio de la Igualdad por vicios de procedimiento”, el Gobierno colombiano adoptó una directiva presidencial para distribuir las funciones y programas sociales de esa cartera entre otras entidades estatales.

Con plazo máximo el 17 de junio, cada ministerio y departamento afectado debe presentar actos administrativos para asegurar la continuidad de las políticas públicas dirigidas a sectores excluidos.

En este documento, difundido en los últimos días, el Ejecutivo instruye a varias entidades a garantizar la continuidad de los programas sociales iniciados por la citada cartera. El texto destaca que la falta de impulso legislativo y el cierre del periodo ordinario del Congreso, el 20 de junio, hacen inevitable la supresión del ministerio y exigen redistribuir sus competencias.

¿Cómo se redistribuirán los programas sociales?

La estrategia, según establece que ministerios y entidades como el Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Departamento de Prosperidad Social, Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp) y Departamento Nacional de Planeación deben asumir la reubicación y ejecución de los programas sociales.

La directiva ordena al Dafp pronunciarse técnicamente sobre empleo público, organización administrativa y simplificación de trámites, según Cambio. Esta orientación busca que los programas sigan operando alineados con las políticas gubernamentales y las metas nacionales.

Entre los objetivos de la redistribución de responsabilidades estatales están la economía, el género, la diversidad y la ruralidad. La protección de grupos históricamente excluidos se mantiene como prioridad.

La protección de los funcionarios públicos

La directiva presidencial es la protección de los derechos de los funcionarios públicos afectados por la desaparición del ministerio. La instrucción determina que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá ofrecer el acompañamiento jurídico pertinente para identificar y mitigar riesgos litigiosos asociados a la reorganización.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado prestará asesoría legal “para la identificación y mitigación de riesgos litigiosos asociados al proceso de reorganización institucional, así como para la prevención del daño antijurídico”, según Cambio. El Gobierno busca así prevenir demandas administrativas, reubicaciones forzosas o indemnizaciones que afecten la estabilidad laboral de los empleados vinculados.

La Función Pública será la encargada de guiar la reubicación de puestos y tareas, garantizando el respeto a los derechos laborales y la legalidad, apuntan ambas fuentes.

El impacto político y fiscal de la desaparición del ministerio

La creación del Ministerio de la Igualdad, impulsada por el presidente Petro, articuló programas sociales y garantizó derechos a sectores marginados.

Sin embargo, la directiva reconoce, como señala Cambio, la imposibilidad de contar con “el impulso y voluntad legislativa necesaria para culminar oportunamente su trámite”. La iniciativa parlamentaria para subsanar los vicios señalados por la Corte no prosperó, lo que llevó al Ejecutivo a descartar la solicitud de prórroga judicial y optar por organizar la transición.

El Ministerio de Hacienda evaluará la viabilidad fiscal y presupuestal de las medidas adoptadas, velando porque la redistribución de programas no afecte los recursos dirigidos a derechos y beneficios sociales.

Los retos no solo son jurídicos, sino también económicos, ya que mantener las políticas requiere recursos en un contexto de restricción presupuestaria. El Departamento Nacional de Planeación supervisará la coherencia de los cambios con los instrumentos y metas del Estado.

Aunque la desaparición del ministerio supone un reto administrativo y financiero, el Ejecutivo recalca que debe garantizarse la continuidad en el acceso a derechos y reducir riesgos de exclusión social tras la transición institucional.

Además, deben proteger a los funcionarios públicos e implementar las medidas que aseguren que los derechos y políticas para poblaciones vulnerables no retrocedan durante el proceso de reorganización.