La Procuraduría General de la Nación le llamó la atención al Icbf por el caso de Mía Cataleya Ramírez, la bebé de seis meses que murió a causa de actos violentos en El Espinal, Tolima, y le exigió a la regional de la entidad en ese departamento garantizar atención y protección integral de manera permanente e ininterrumpida, tras detectar presuntas fallas en la activación oportuna de las rutas de protección y restablecimiento de derechos antes del hecho de violencia.
La exigencia del Ministerio Público incluyó la disposición de defensores de familia y equipos interdisciplinarios con atención 24 horas, además del fortalecimiento de la articulación con hospitales, comisarías, personerías, Policía y Fiscalía, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación.
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La entidad también pidió que la regional informe qué medidas adoptó para asegurar la prestación continua del servicio en Tolima.
La actuación preventiva se originó, según la Procuraduría, después de conocer información sobre esas presuntas fallas en un caso reportado por la Alcaldía Municipal de El Espinal.
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El órgano de control sostuvo que la niñez tiene protección reforzada y que las autoridades deben actuar con diligencia, oportunidad e inmediatez ante cualquier amenaza, vulneración de derechos, violencia o violencia sexual.
El caso corresponde a Mía Cataleya Ramírez, que tenía seis meses y murió a finales de mayo pasado en El Espinal. Según la información conocida por las autoridades, la niña fue víctima de actos violentos cometidos por un hombre sin identificar.
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El requerimiento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se produjo después de denuncias sobre una presunta negligencia de funcionarios de la entidad en este expediente. En ese contexto, el alcalde de El Espinal Wilson Gutiérrez denunció demoras del Icbf para designar funcionarios que activaran la ruta de atención ante un posible caso de abandono y hasta presunto abuso sexual.
La Procuraduría citó en su comunicado que la actuación preventiva del Ministerio Público nació tras el reporte de la alcaldía sobre ese caso. En esa misma comunicación, el organismo reiteró que las autoridades competentes deben intervenir de forma inmediata cuando exista riesgo para niños, niñas y adolescentes.
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La respuesta directa al caso es esta: la Procuraduría le ordenó al Icbf Regional Tolima mantener atención continua, con personal disponible todo el día, y coordinarse mejor con el sistema de salud, las autoridades locales y los organismos judiciales para evitar nuevas fallas en la protección de menores.
El caso se hizo público cuando la madre de la niña acudió al hospital San Rafael de la ciudad con la menor, de acuerdo con la información conocida del expediente. Por la gravedad de las lesiones y por las múltiples agresiones registradas en miembros inferiores y superiores, la bebé fue trasladada a Ibagué, donde murió pese a recibir atención médica especializada.
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Medicina Legal no encontró rastros de violencia sexual, pero sí dejó registrados actos de agresión. La Procuraduría, no obstante, habló en su comunicación de un presunto caso de abuso sexual reportado por la Alcaldía Municipal de El Espinal.
La agresión ocurrió en un barrio de El Espinal donde la niña vivía con su madre. Según indicaron las autoridades, se trata de una joven de 24 años identificada como Laura Valentina López, señalada además como consumidora de alucinógenos.
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La mujer fue capturada el miércoles 3 de junio y está bajo protección de la Policía, según la información oficial conocida sobre el caso. El agresor material de la bebé fue descrito por las autoridades como un hombre sin identificar.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció y sostuvo que toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible. La entidad agregó que su protección en todos los entornos debe ser una prioridad, porque la violencia constituye una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima, y menos un menor de edad.
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En ese pronunciamiento, la Defensoría pidió a familias, comunidades, instituciones educativas, entidades territoriales y ciudadanía activar de manera oportuna las alertas frente a cualquier riesgo que afecte a niños, niñas y adolescentes, con el fin de contribuir a la construcción de entornos seguros y protectores para la infancia.
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