El caso conocido como Misión 300 reveló la verdadera situación de un albergue ubicado entre las veredas de Vático y Eseas, en el municipio de Carmen de Carupa.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, este sitio, que recibía donaciones y aportes materiales de la comunidad para la manutención de animales rescatados, funcionaba bajo la administración de María Constanza García Aguirre.
Las autoridades detallaron que, lejos de ser un espacio de protección, el lugar se había convertido en un infierno para los animales. Las investigaciones judiciales determinaron que más de 300 caninos permanecieron encerrados en condiciones de hacinamiento, sin acceso suficiente a alimento ni agua.
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El reporte de la Fiscalía confirmó que los animales vivían en instalaciones no aptas para su bienestar: comederos deteriorados, agua sucia y estancada, presencia de moscas, corrales de madera sin desinfección, y un ambiente plagado de heces y escombros. Esta información fue ratificada en la audiencia judicial.
La figura detrás del albergue
La investigación identificó a María Constanza García Aguirre como responsable del lugar, que se presentó ante la justicia tras la imputación del delito de maltrato animal. García Aguirre no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, que la señala de mantener a los animales en un entorno que comprometía gravemente su salud y bienestar.
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De acuerdo con lo informado por el ente investigador, el sitio operaba gracias a los aportes de la comunidad, que confiaba en la misión de rescatar perros en situación de abandono.
Sin embargo, tras las inspecciones realizadas por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (Ipybac), se comprobó que los perros se encontraban en estado de desnutrición, padecían enfermedades y presentaban lesiones que ponían en riesgo sus vidas.
Las condiciones del lugar y el impacto en los animales
El fiscal del caso, José Sneider Caita, describió que los perros permanecían encerrados en espacios reducidos, rodeados de alambres de púas, puntillas y restos de escombros, lo que aumentaba el riesgo de heridas y facilitaba la propagación de bacterias.
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“Los animales que estaban bajo el cuidado se encontraban en instalaciones no aptas para el confort, como comederos y bebederos con bordes deteriorados, presencia de pasto y tierra; agua sucia, amarilla y turbia; en los bebederos había alta presencia de moscas, corrales de madera sin desinfección, déficit de estructuras que protejan las corrientes de aire, piso con heces, encharcamiento (…)”, relató el fiscal.
Durante una visita de verificación, efectuada el 12 de agosto de 2022, se constató que varios perros no tenían acceso a agua ni comida, carecían de atención veterinaria y presentaban signos evidentes de desnutrición y lesiones. La falta de higiene y las condiciones precarias favorecieron la aparición de enfermedades, lo que agravó la situación de los caninos.
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La intervención de las autoridades y la respuesta institucional
La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y el Ipybac, desarrolló la intervención bautizada como Misión 300 para atender la emergencia. El instituto brindó acompañamiento técnico durante todas las fases de la operación, apoyando la valoración clínica de los animales y su posterior traslado para recibir atención médico-veterinaria.
“Cada acción por el bienestar animal cuenta. Misión 300 nos recuerda que proteger a los animales requiere compromiso, corresponsabilidad y trabajo articulado entre todos los sectores de la sociedad”, expresó Juan Guillermo Rubio, gerente del Ipybac.
La Gobernación de Cundinamarca informó que continuará promoviendo acciones orientadas a la prevención del maltrato animal, así como el fortalecimiento de la cultura de denuncia y la protección de los animales como seres sintientes, mientras la investigación judicial sigue su curso.
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