El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que 11 menores de edad reclutados por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), bajo el mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, fueron asesinados con armas de fuego el 27 de mayo de 2026 en la zona rural de San José del Guaviare.
Las víctimas murieron durante un enfrentamiento entre esos grupos que se disputaban el control del narcotráfico en Barranco Colorado, de acuerdo con una investigación de Semana.
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El informe forense reveló que los 11 menores fueron identificados entre 43 cuerpos reconocidos de un total de 48 víctimas trasladadas a Medicina Legal tras los combates. “Todos fallecieron producto de disparos con arma de fuego”, señaló un documento citado por el mencionado medio.
¿Quiénes eran las víctimas y su contexto?
Entre las víctimas se encontraba Daniela Mucutuy Valencia, quien acababa de cumplir la mayoría de edad y era prima de los hermanos Mucutuy, rescatados tras sobrevivir en la selva.
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Daniela, en cambio, fue reclutada cuando era una niña y murió combatiendo para las disidencias, sin recibir protección mediática ni institucional.
5 de los menores asesinados tenían 15 años, lo que muestra el reclutamiento forzado al que estaban expuestos por parte de organizaciones armadas ilegales. De los 11 menores identificados, 8 eran varones y 3 mujeres, informó el instituto forense.
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El rol de las disidencias de las Farc en el reclutamiento y la violencia
Las disidencias de las Farc encabezadas por Iván Mordisco y alias Calarcá, protagonistas de enfrentamientos por el control del narcotráfico en la región, son señaladas como responsables del reclutamiento y asesinato de los menores.
Estos cabecillas participaron en espacios de diálogo con el Estado colombiano, hecho que agrava la controversia sobre su implicación directa en crímenes de guerra, según destacó Semana.
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Medicina Legal precisó que, reflejo del carácter letal de la confrontación.
El análisis forense identificó 43 cuerpos de un total de 48 víctimas trasladadas a Medicina Legal tras los combates: 34 correspondían a adultos, 39 a hombres y 9 a mujeres, incluidas las 11 víctimas menores.
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Reacción del Estado y repercusiones en la sociedad
La historia de los hermanos Mucutuy, que recibieron atención mediática tras ser rescatados en la selva, contrasta con el destino de Daniela y los otros menores asesinados. El contraste entre el rescate de los hermanos Mucutuy y la falta de protección para Daniela derivó en reclamos por una mayor protección de la infancia en zonas atravesadas por el conflicto.
El caso reabre interrogantes sobre la capacidad del Estado para cumplir los compromisos de los procesos de paz y ofrecer seguridad a las comunidades afectadas por el conflicto.
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Algunos menores regresaron a sus hogares tras episodios de búsqueda y rescate, otros, como Daniela, quedaron fuera del foco de las acciones oficiales y expuestos a la violencia de los grupos armados.
El Icbf rechaza la muerte de once menores en los enfrentamientos de San José del Guaviare
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) rechazó la muerte de once menores identificados entre los fallecidos de los enfrentamientos del 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare, y pidió a los grupos armados que detengan el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado.
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Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la presencia de menores entre las víctimas, un hecho que la entidad calificó como una afectación a los derechos de la niñez.
La entidad recordó que el reclutamiento, uso y vinculación de menores por parte de actores armados constituye una violación de sus derechos. También reiteró el llamado de la directora del Icbf, Astrid Cáceres, para que los grupos armados entreguen a los menores que permanecen en sus filas y permitan su retorno a entornos de protección.
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De acuerdo con el ICBF, en los últimos cuatro años 1.305 niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado ingresaron a programas especializados de atención y restablecimiento de derechos. La institución agregó que 1.219 menores fueron incorporados al sistema de protección especial por amenazas de reclutamiento o riesgos contra su vida, con el objetivo de evitar su captación por estructuras armadas.
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