
El Gobierno nacional autorizó la prórroga de la intervención forzosa administrativa sobre Emssanar EPS por un año más, luego de concluir que persisten las condiciones que dieron origen a la medida adoptada en 2022.
La decisión quedó consignada en la Resolución Ejecutiva 203 del 29 de mayo de 2026, mediante la cual se autorizó extender la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la entidad desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027. La determinación se produce en medio de la crisis que enfrenta el sistema de salud colombiano y mientras continúan reportándose dificultades para la atención de pacientes afiliados a diferentes EPS.
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La medida de intervención sobre Emssanar fue ordenada inicialmente el 31 de mayo de 2022 por la Superintendencia Nacional de Salud. Desde entonces ha sido prorrogada en varias oportunidades, mientras distintos agentes interventores han asumido la administración de la entidad. Actualmente, la agente interventora es Ilsen Inés Jaramillo Laserna.
De acuerdo con la resolución, la entidad aún requiere fortalecer la ejecución y seguimiento de acciones de mejora, razón por la cual se consideró necesario mantener la intervención estatal.
Continúan las dificultades en la atención en salud
Uno de los principales argumentos expuestos para justificar la nueva prórroga está relacionado con la permanencia de problemas estructurales en la EPS. Según el concepto técnico emitido por la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones del Ministerio de Salud, aún subsisten condiciones que motivaron la intervención.
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En la resolución se cita que, “si bien persisten condiciones estructurales que dieron origen a la intervención particularmente relacionadas con dificultades financieras, incumplimientos de indicadores de solvencia, debilidades operativas en la red prestadora, barreras de acceso y altos niveles de judicialización”, también se han identificado avances en aspectos administrativos y operativos de la entidad.
El Ministerio de Salud sostuvo que durante el proceso de intervención se han registrado mejoras relacionadas con la estabilización operativa, el fortalecimiento institucional, la organización de procesos internos, la depuración de información y la implementación de estrategias orientadas a mejorar la prestación de servicios y la gestión del riesgo en salud.
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No obstante, las autoridades concluyeron que dichos avances todavía no son suficientes para superar las condiciones que originaron la medida especial. La firma contralora Nexia Montes & Asociados, encargada de realizar seguimiento a la medida, también concluyó en su informe de viabilidad que Emssanar continúa en un escenario de riesgo que justifica la continuidad de acciones especiales de vigilancia, control y gestión por parte de las autoridades sanitarias.
Suspensión de servicios por deudas con prestadores

La prórroga de la intervención coincide con nuevos problemas relacionados con el pago a prestadores de servicios de salud. La IPS Gesencro informó recientemente la suspensión indefinida de la atención para usuarios de Emssanar debido al incumplimiento en los pagos por parte de la EPS. Según la institución, la deuda acumulada supera los $13.000 millones.
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La situación afecta a miles de pacientes con enfermedades crónicas en cinco municipios del Valle del Cauca, quienes deberán interrumpir los tratamientos que venían recibiendo a través de esta red de atención.
No es la primera vez que se presenta un episodio de este tipo. En febrero de este mismo año ya se había registrado una suspensión de servicios por parte de la misma IPS debido a obligaciones pendientes de pago. En ese momento se alcanzó un acuerdo entre las partes que permitió restablecer la atención. Sin embargo, de acuerdo con la institución prestadora, los nuevos incumplimientos llevaron nuevamente a la decisión de suspender los servicios.
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En ese sentido, la resolución que prorroga la medida establece que “la naturaleza de los riesgos identificados particularmente aquellos asociados a la continuidad en la prestación de servicios, la estabilidad de la red prestadora, la sostenibilidad financiera, el flujo de recursos y el cumplimiento de obligaciones con prestadores y proveedores exige la adopción de medidas” que permitan continuar el seguimiento y la evaluación de las acciones implementadas.

La decisión sobre Emssanar se conoció un día después de que el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) reportaran que entre enero y abril de este año fueron transferidos $34,90 billones para financiar el aseguramiento de los colombianos. De ese total, $17,61 billones correspondieron al régimen subsidiado y $17,29 billones al régimen contributivo.
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Según las cifras del Gobierno, durante el mismo periodo de 2025 se habían desembolsado $29,90 billones de pesos. Sin embargo, aunque las transferencias registran un incremento frente al año anterior, continúan presentándose dificultades financieras en algunas EPS y problemas de pago a los prestadores.
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