La campaña presidencial de Paloma Valencia cerró la primera vuelta con una deuda considerable que supera los $17.000 millones, una cifra que se mantendrá pendiente incluso después de recibir la reposición estatal por votos obtenidos.
Según reportes de Cuentas Claras, la baja votación de la candidata del Centro Democrático no solo la dejó fuera de la competencia electoral, también generó una carga financiera que deberá ser asumida por la colectividad o, según los acuerdos internos, por la propia aspirante.
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Un balance financiero adverso
La estructura financiera de la campaña de Paloma Valencia contempló ingresos por $34.000 millones, de los cuales $32.000 millones provinieron de créditos otorgados por Bancolombia.
El resto, correspondiente a $2.000 millones, fue un préstamo directo del Centro Democrático. De acuerdo con los informes presentados hasta el 31 de mayo, el gasto ejecutado ascendió a $32.000 millones, cifra que ahora enfrenta la dificultad de ser cubierta en su totalidad.
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La legislación colombiana permite que los candidatos accedan a recursos públicos para el pago de sus campañas a través del mecanismo de reposición de votos. Para la primera vuelta presidencial, el monto fijado es de $8.613 por voto válido.
En el caso de Valencia, la obtención de 1.638.893 votos le otorga derecho a recibir cerca de $14.115 millones. Este monto dista de los $32.000 millones gastados y deja un déficit de aproximadamente $17.000 millones, una cifra que deberá resolverse internamente en el partido o mediante otras fuentes de financiamiento.
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El mecanismo de reposición de votos
La reposición de votos en Colombia funciona como un reembolso condicionado a la presentación de gastos comprobados, la validación de topes legales y la revisión de los informes por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este sistema no constituye un pago automático, sino que depende del cumplimiento de requisitos formales y regulatorios. Para la primera vuelta, el valor por voto se fijó en $8.613, mientras que, en una eventual segunda vuelta, el monto disminuye a $2.109 por sufragio.
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De acuerdo con declaraciones de Katherin Díaz, experta en financiación política, recogidas por Portafolio, “la reposición de votos no es un premio, sino un reembolso condicionado al cumplimiento de las reglas”.
Por tanto, aunque la campaña de Valencia haya alcanzado una cifra significativa de votos, la cantidad final a recibir se encuentra supeditada a la rendición de cuentas y la aprobación de los gastos por parte de las autoridades.
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Responsabilidad de la deuda y rol del partido
La deuda que persiste tras la reposición estatal suele recaer sobre los partidos que avalan a los candidatos, en este caso el Centro Democrático. Sin embargo, la claridad sobre los acuerdos internos entre la colectividad y Valencia es limitada, lo que genera incertidumbre respecto a si la candidata deberá asumir parte del pasivo financiero.
La normatividad establece que los partidos pueden responder por las obligaciones, pero todo depende de los pactos previos a la campaña y de la capacidad de pago del movimiento político.
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El esquema de financiamiento habitual incluye préstamos bancarios, recursos propios y créditos partidarios. La obligación de presentar informes detallados en el aplicativo Cuentas Claras y de soportar cada gasto con documentación oficial es un requisito indispensable. El CNE revisa minuciosamente la información y solo autoriza la reposición si no se han superado los topes ni utilizado fuentes prohibidas de financiación.
Otras campañas y la revisión de cuentas
El caso de Paloma Valencia no es el único en el que una campaña queda con deudas tras las elecciones. La empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), por ejemplo, reclama pagos pendientes por servicios prestados a campañas presidenciales y senatoriales del Pacto Histórico durante 2022, según reportó La Silla Vacía.
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Este tipo de litigios revela la complejidad del financiamiento electoral y la frecuencia con que los partidos y candidatos enfrentan obligaciones que perduran más allá del proceso electoral.
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