Nueve funcionarios, incluido Petro, enfrentan investigaciones y suspensiones por presunta participación indebida en política

El Gobierno de Gustavo Petro suma ya nueve funcionarios, incluido el propio presidente, que fueron suspendidos o enfrentan investigaciones por presunta participación indebida en actividades políticas durante la actual contienda electoral.

Las sanciones y procesos, impulsados principalmente por la Procuraduría General de la Nación, alcanzaron tanto a miembros del gabinete como a los embajadores y los mandatarios locales, en un contexto marcado por la polarización ante la segunda vuelta presidencial.

Funcionarios investigados y suspendidos: ¿quiénes son y por qué?

La Procuraduría dictó suspensiones provisionales y abrió investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios del círculo cercano a Gustavo Petro.

Entre los más recientes se encuentran Alfredo Saade, embajador en Brasil, y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que fueron apartados de sus cargos el 2 de junio por presuntamente promover la candidatura de Iván Cepeda.

También figuran en la lista la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, y la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, que vistió un poncho en apoyo al candidato Cepeda el día de las elecciones.

Un caso destacado es el del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, investigado por su discurso en Valledupar durante la instalación de los puestos de votación, en el que resaltó el proyecto de transformación liderado por el presidente.

La entidad disciplinaria documentó: “En el video se advierte que el funcionario, en un momento de su discurso, indica que en la jornada se presentan varias opciones, pero resaltando que una de ellas es la que respalda un proyecto de transformación y de cambio que es el que ha liderado el presidente de la república”.

También están bajo la lupa el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. El caso de Benedetti incluye un video en el que afirma que ningún candidato podría vencer en las urnas al presidente en una eventual reelección y sus declaraciones sobre la necesidad de consolidar un “frente amplio petrista”.

Rojas, por su parte, enfrenta indagaciones tras ser captada sosteniendo una pancarta en apoyo a los candidatos del partido Alianza Verde en un evento público en Manizales.

Fuera del escenario nacional, también fue apartada la alcaldesa de San Onofre, Sucre, y el viceministro de las TIC, Andrés López Cabezas, que renunció tras la controversia por mensajes dirigidos a simpatizantes de la campaña de Cepeda.

Participación política y controversia en la recta final electoral

Las medidas disciplinarias se producen en la antesala de la segunda vuelta presidencial, en la que Gustavo Petro intensificó su presencia en el debate político, incluso superando su nivel de actividad en la primera vuelta.

En un mensaje difundido contra Abelardo de la Espriella, su rival y aspirante presidencial, Petro declaró: “Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. En ese mismo mensaje, instó a sus seguidores a tomar sus propias decisiones para asegurar el triunfo de Cepeda.

Respecto a los motivos de la suspensión de Alfredo Saade, la Procuraduría le atribuye una posible indebida participación en política por mensajes publicados en la red social X, en la que manifestó su apoyo a una campaña específica.

“La medida se tomó para evitar que se siga generando una posible indebida participación en política por parte del mencionado en el marco de las elecciones para Presidencia de la República, periodo 2026-2030, las cuales se encuentran en curso”, explicó la entidad.

Por su parte, Carlos Carrillo justificó su postura afirmando que entiende las preocupaciones del presidente ante lo que considera un proyecto “abiertamente fascista”. Añadió: “Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad, es entendible la preocupación del presidente”.

Procesos y posibles consecuencias: ¿qué riesgos enfrentan los sancionados?

Las sanciones y procesos disciplinarios tienen precedentes en la política colombiana. La abogada Ximena Echavarría, consultada por El Colombiano, recordó el caso de Daniel Quintero, que fue apartado temporalmente de su cargo como alcalde, al igual que la alcaldesa de San Onofre, hasta la finalización de los comicios.

Echavarría señaló: “Dudo que haya más sanciones”, debido a que la suspensión suele ser una medida temporal destinada a evitar la influencia política durante el proceso electoral.

En el caso del presidente, los procesos en su contra avanzan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, órgano competente para investigar a jefes de Estado. La mesa directiva de la Comisión cuenta con mayorías oficialistas y aliados del mandatario, lo que reduce la probabilidad de que los expedientes avancen hacia sanciones más severas.

La renuncia del viceministro de las TIC, Andrés López Cabezas, añade un matiz relevante. Aunque su salida no fue atribuida formalmente a la investigación, se produjo tras la polémica por los mensajes enviados a simpatizantes de Cepeda, en un momento decisivo para la campaña.

López afirmó a La Silla Vacía que el presidente había pedido a sus colaboradores que renunciaran a sus cargos si deseaban involucrarse en la campaña presidencial.