Colombia sorprendió en medición global sobre protección a menores, aunque todavía hay graves vacíos

Mientras en buena parte del mundo los sistemas de protección infantil siguen mostrando enormes fisuras, Colombia apareció este año entre los países con mejor desempeño en políticas para enfrentar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El resultado, sin embargo, llegó acompañado de una advertencia, todavía existen vacíos institucionales y legales que impiden hablar de una protección realmente sólida.

La evaluación fue presentada durante la edición número 79 de la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se desarrolla esta semana en Ginebra. Allí, además de las discusiones sobre crisis sanitarias y sistemas de salud, también se conocieron análisis relacionados con derechos de la infancia y prevención de violencias.

Uno de esos estudios fue el Índice Out of the Shadows 2026, elaborado por Economist Impact, una medición internacional que revisa qué tan preparados están los gobiernos para prevenir y responder a la violencia sexual contra menores de edad. Colombia logró ubicarse entre los diez países con mejor puntuación del mundo y alcanzó el primer lugar entre las naciones de ingresos medianos altos. El informe evaluó a 60 países distribuidos en seis regiones y que representan cerca del 83% de la población infantil global. A diferencia de otras mediciones, este índice no se enfoca en contar casos de violencia sexual, sino en analizar la capacidad de respuesta de los Estados.

Para hacerlo, los investigadores estudiaron 23 indicadores relacionados con leyes, programas públicos, atención a víctimas, acceso a justicia y mecanismos de prevención. El objetivo era medir qué tan preparados están los países para proteger a niños y adolescentes frente a este tipo de delitos. Colombia obtuvo una calificación general de 69,7 sobre 100. Aunque el resultado la ubicó en una posición destacada a nivel internacional, las organizaciones detrás del estudio consideran que todavía está lejos de representar un sistema completamente efectivo.

El componente donde el país mostró su mejor desempeño fue el de prevención y protección infantil, con 83,3 puntos sobre 100, uno de los puntajes más altos entre todas las naciones analizadas. También logró resultados relativamente sólidos en sanación, con 75 puntos, y en justicia, con 74,5. Sin embargo, la evaluación dejó al descubierto debilidades importantes en gobernanza y rendición de cuentas, apartado donde Colombia obtuvo apenas 44,6 puntos. Esa área mide qué tan coordinadas están las instituciones y qué capacidad tienen los gobiernos para garantizar seguimiento, control y respuesta efectiva frente a estos casos.

Elly Vaughan, directora de la investigación en Economist Impact, explicó que el estudio se construyó sobre cuatro pilares: gobernanza, prevención, sanación y justicia. Aun así, aclaró que el informe no mide directamente la cantidad de casos de violencia sexual infantil que ocurren en cada país.

Pese al lugar destacado de Colombia, Vaughan aseguró que los hallazgos generales siguen siendo preocupantes. “En los 60 países que evaluamos, nuestra investigación revela brechas críticas en los sistemas de protección infantil”, afirmó. Según su análisis, ningún país está haciendo lo suficiente para garantizar una protección integral frente a este tipo de violencia.

La directora ejecutiva de Together for Girls, Daniela Ligiero, fue aún más directa al interpretar los resultados colombianos. Aunque reconoció avances importantes, insistió en que la calificación sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. “Una puntuación de 69.7/100 simplemente no es suficiente para los niños y niñas”, señaló.

Para Ligiero, el informe debe servir como una guía para fortalecer las políticas públicas y no únicamente como una medición positiva para el país. A su juicio, Colombia necesita consolidar acciones más consistentes entre instituciones si realmente quiere reducir la violencia sexual contra menores de edad. “Solo cuando se tomen medidas consistentes en todos los indicadores, los niños y niñas estarán seguros”, aseguró.

Entre las recomendaciones entregadas al Gobierno colombiano aparece la creación de un Consejo Nacional de Sobrevivientes y el desarrollo de un plan nacional específico para enfrentar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El estudio también plantea modificar algunos aspectos legales, como establecer los 18 años como edad de consentimiento sexual, con excepciones relacionadas con cercanía de edad. Además, insiste en la necesidad de fortalecer las normas contra la explotación sexual infantil y ampliar el alcance de las leyes para castigar abusos cometidos por familiares o personas con posiciones de autoridad.

Otro de los puntos que genera preocupación tiene que ver con los delitos que cruzan fronteras. El informe señala que varios países, entre ellos Colombia, todavía presentan vacíos en herramientas relacionadas con extradición, trata de menores y persecución internacional de redes de explotación sexual. Pese a las diferencias económicas entre los países evaluados, el estudio concluye que los recursos financieros no son el único factor que determina mejores sistemas de protección. “Casi la mitad de los 20 países mejor clasificados son de ingresos medios”, recordó Ligiero.