Nombraron como notarios a amiga de Verónica Alcocer y a exsuperintendente de Sociedades y se encendió una nueva tormenta política

Después de un proceso fallido de selección de notarios marcado por denuncias de sobornos y manipulación, el Gobierno nacional enfrenta cuestionamientos por la reciente asignación de despachos notariales a funcionarios vinculados a su círculo más cercano.

En menos de una semana, dos nombramientos estratégicos se concretaron en Bogotá, en un contexto en el que casi 330 notarías permanecen bajo designaciones temporales, según confirmó el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, a El Tiempo.

Tanto la justificación oficial como el origen de las vacantes se han situado en el centro del debate público sobre la provisión de estos cargos al cierre de la administración de Gustavo Petro.

La abogada Adriana María Mejía Aguado, que se desempeñó hasta hace pocas semanas como gerente de Artesanías de Colombia, fue designada como notaria 35 de Bogotá.

Casualmente, su llegada se produce en la sede ubicada junto al centro comercial Andino, relevando la vacante que dejó Beatriz Sanín, hermana de la excanciller y ex candidata presidencial Noemí Sanín.

Mejía Aguado mantiene una amistad de larga data con la primera dama Verónica Alcocer. De acuerdo con el medio citado, hacia septiembre de 2022, participó en los trámites de adopción de Nicolás Petro Alcocer, hijo de Alcocer, por parte del mandatario nacional. Además, su trayectoria estuvo marcada por señalamientos de acoso laboral no prosperados.

La propia Mejía Aguado anunció públicamente su nuevo cargo el 29 de abril: “Hoy tomé posesión como notaria 35 de Btá. Con profundo cariño y sincera gratitud agradezco al Presidente @PetroGustavo la confianza depositada al designarme para esta honrosa responsabilidad. La asumo con el firme compromiso de servir a la ciudadanía con dedicación, respeto y honestidad”.

El segundo nombramiento corresponde a Billy Escobar, exsuperintendente de Sociedades y el único funcionario heredado de la administración de Iván Duque que se mantuvo durante el gobierno de Petro. Escobar fue designado en una notaría de la calle 100.

En palabras del propio Escobar, publicadas en sus redes sociales indicó: “Me permito informar al país que he tomado la decisión de avanzar en otros proyectos profesionales a partir de la fecha (...) Se trata de una decisión personal, adoptada tras considerar cumplidos los compromisos que demanda esta responsabilidad”. Sin embargo, Escobar en conversación con El Tiempo dijo que aún no había recibido notificación oficial sobre su nuevo cargo notarial.

En el mismo periodo, se incluyó en el listado a Daniela Andrade, nombrada como notaria 36 de Bogotá. Andrade integró previamente la Fiduprevisora durante el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Este nombramiento se oficializó en 2024.

La cadena de designaciones insinúa una continuidad de relaciones internas, evidenciada en el caso de Andrade. Mientras tanto, la mirada institucional se centra en la intervención recién solicitada por el presidente Petro al superintendente de Salud, Daniel Quintero, para investigar gestiones en el Fomag.

Al ser consultado por el medio citado sobre la presunta distribución de notarías entre allegados al gobierno en la recta final del mandato de Petro, Ricardo Agudelo Sedano rechazó tajantemente esta versión.

En declaraciones recogidas por el diario, explicó que “Son nombramientos que se hicieron por necesidad del servicio. En ambos casos, el del doctor Escobar y la doctora Mejía, los titulares de esas notarías ya habían cumplido 70 años, la edad de retiro forzoso, y estaban esas vacantes. Se necesitaban los nombramientos”.

Agregó que la designación de notarios de primera categoría en interinidad es una facultad constitucional directa del presidente. “La designación la hizo el señor Presidente dentro de las facultades que él tiene para nombrar notarios de primera categoría en interinidad. Los de segunda y tercera categoría, que son muchos, los nombran los gobernadores”, puntualizó Agudelo.

Estos recientes movimientos en los despachos notariales ocurren cuando todavía permanecen cerca de 330 notarías en todo el país en situación de interinidad. Se trata de cargos cubiertos con nombramientos temporales, situación que fortalece el debate sobre la transparencia y estabilidad institucional en el acceso a estos puestos.

El futuro del concurso nacional de notarios sigue en vilo

Durante la misma entrevista, Agudelo respondió acerca del concurso público de notarios, suspendido tras las denuncias formuladas por el mismo presidente Petro sobre posibles irregularidades y falta de transparencia. El superintendente aseguró que “El concurso está andando dentro de sus términos y ajustados al cronograma”.

El saldo actual evidencia una estructura institucional donde la interinidad afecta aproximadamente a un tercio de los despachos notariales de Colombia, una cifra que remarca la magnitud de la situación, según las cifras entregadas por la Superintendencia de Notariado y Registro.