Indígenas del Cauca se declararon en minga permanente tras actos violentos en el departamento: “Nuestros territorios no son botín de guerra”

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) expresó su rechazo a una serie de hechos violentos registrados en el sector El Túnel, sobre la vía Panamericana, que dejaron víctimas fatales y múltiples personas heridas en distintos puntos del departamento entre el 24 y el 25 de abril.

La Cric informó sobre la activación de artefactos explosivos en zonas de tránsito vehicular en los municipios de Cajibío y Mercaderes, así como afectaciones directas a comunidades indígenas, lo que motivó la declaración de una “Minga Humanitaria de manera permanente” y un llamado a las autoridades nacionales e internacionales.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la organización indígena aseguró que se trató de un ataque dirigido contra la población civil, incluyendo trabajadores, comuneros y transeúntes. El pronunciamiento señala que estos hechos se suman a otros ataques recientes en el departamento del Cauca, configurando un panorama de riesgo para las comunidades. “Condenamos este acto de extrema crueldad contra la población civil (…) que ajenos al conflicto sufren las consecuencias de proyectos de muerte que pretenden justificarse bajo discursos políticos”, indicó la organización.

Ataque en la vía Panamericana

Los hechos violentos se registraron en dos momentos distintos. El primero ocurrió en la noche del 24 de abril, cuando un grupo de 45 comuneros del resguardo La Aguada-San Antonio se desplazaba hacia el departamento de Nariño. En la madrugada del 25 de abril, el vehículo en el que viajaban fue alcanzado por la explosión de un artefacto instalado en la vía, en el sector Pan de Azúcar, jurisdicción de Mercaderes.

Como consecuencia de este ataque, al menos siete personas resultaron gravemente heridas, entre ellas un menor de edad. Dos de los afectados permanecen en estado delicado de salud en ese municipio. Todas las víctimas pertenecen al resguardo indígena mencionado.

Horas después, hacia la 1:00 p. m. del 25 de abril, se reportó un segundo atentado en la vía Panamericana, esta vez en el sector El Túnel, en Cajibío. Según información preliminar, el hecho dejó 14 personas fallecidas y más de 38 heridas, en un punto de alto flujo vehicular.

El Cric advirtió que la instalación de explosivos en carreteras transitadas por civiles constituye una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. “La instalación de artefactos explosivos en una vía pública transitada por población civil (…) constituye una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, señaló el documento.

Alerta por crisis de seguridad

En sus comunicaciones, la organización indígena afirmó que los hechos no son aislados, sino que forman parte de una situación más amplia de inseguridad en el departamento. Se mencionan ataques, retenes ilegales, atentados y asesinatos selectivos en municipios como Santander de Quilichao, Corinto y Caloto.

También se reportó el amedrentamiento a comunidades indígenas durante actividades de defensa territorial, así como el incremento del reclutamiento forzado de menores de edad. El Cric indicó que la presencia de múltiples actores armados en la región ha incrementado los riesgos para la población civil.

“Estos hechos ocurren, además, en un contexto de coyuntura electoral que no puede pasarse por alto”, se lee en el comunicado. Asimismo, la organización indígena manifestó su preocupación por la restricción de acceso a organismos de derechos humanos y del Ministerio Público en varios municipios del departamento, lo que limita el monitoreo de la situación.

Exigencias y declaratoria de minga humanitaria

Ante este panorama, el Consejo Regional Indígena del Cauca formuló una serie de exigencias al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales. Entre ellas, la adopción de medidas urgentes y eficaces concertadas con autoridades indígenas, así como la implementación de esquemas de protección integral que respeten la jurisdicción especial indígena.

También solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar investigaciones rápidas, imparciales y transparentes que permitan identificar a los responsables de los ataques. “Exigimos a la Fiscalía (…) resultados prontos, imparciales y transparentes para identificar y sancionar a los responsables”, indicó la organización.

El Cric reiteró su llamado a los actores armados, tanto legales como ilegales, para que respeten la vida y la autonomía de los pueblos indígenas. En ese sentido, afirmó: “Nuestros territorios no son botín de guerra. Exigimos el respeto absoluto a la vida, a nuestra autonomía y a los procesos organizativos”.

Finalmente, la organización hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que fortalezcan su presencia en el suroccidente colombiano y acompañen a las comunidades del departamento.