
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó nuevos avances en el proyecto del Escudo Nacional Antidrones, una de las iniciativas más ambiciosas en materia de seguridad aérea del país. El plan contempla pruebas simultáneas de tecnologías en Asia, Europa y Norteamérica, con el objetivo de fortalecer la capacidad del país para contrarrestar amenazas emergentes con drones utilizados por estructuras criminales.
A través de sus redes sociales, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que el proceso se encuentra en una fase clave de verificación técnica, en la que se evalúa el desempeño de múltiples tecnologías internacionales.
El ministro también detalló que, de manera paralela a las gestiones realizadas en Colombia, se han desplegado equipos evaluadores en seis países de tres continentes.
“Hemos decidido desplegar tres equipos evaluadores en 3 continentes y 6 países para evaluar tecnologías de más de 10 empresas en Asia, Norteamérica y Europa. Esto se realiza considerando que varias empresas han reportado dificultades para importar los equipos a Colombia para las pruebas anunciadas desde comienzo de año”, puntualizó.
Sánchez también hizo énfasis en la naturaleza transparente y simultánea de la evaluación internacional, señalando que mientras las visitas internacionales avanzan, en el país continúan las pruebas de otras opciones tecnológicas, y existe una comunicación permanente con embajadas y órganos de control.
“La evaluación se desarrolla de manera simultánea y transparente. Mientras avanzan las visitas internacionales, en Colombia continúan las pruebas paralelas de otras opciones y mantenemos una comunicación permanente con embajadas y órganos de control”, sostuvo el ministro.

El titular de la cartera enfatizó el compromiso institucional para contratar la mejor solución dentro del primer semestre del año, recalcando la importancia de una regulación estricta en el país: “Se requiere una regulación estricta para proteger vidas frente a las amenazas de drones. Confiamos en que el Congreso de la República tramite con celeridad la ley sobre sistemas no tripulados y sus contramedidas, clave para proteger la seguridad y la soberanía de Colombia”.
El ministro agregó que la seguridad es responsabilidad de todos y puso como ejemplo el caso de China, donde, según sus palabras, el mayor productor de drones del mundo ha implementado estrictas regulaciones y leyes antidrones para controlar el espacio aéreo de baja altitud, incluyendo el registro obligatorio con nombre real, restricciones severas de vuelo y la prohibición de importación y venta de ciertos modelos.
Contexto y origen del Escudo Nacional Antidrones
El presidente Gustavo Petro, anunció el 9 de enero la creación del Escudo Nacional Antidrones con una inversión estimada en 6,3 billones de pesos y una fase inicial de 1 billón. El propósito es garantizar la seguridad de la población civil y de los miembros de la Fuerza Pública desplegados en unidades militares y policiales ante el uso de drones por parte de grupos ilegales.
El contrato para adquirir la solución tecnológica se ejecuta directamente con la empresa seleccionada y cuenta con el acompañamiento diplomático del país fabricante. El mandatario ordenó asignar cerca de 1 billón de pesos para iniciar la primera fase en 2026. Para llevar adelante este proyecto se conformó un equipo multidisciplinario integrado por personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Pruebas técnicas y criterios de selección
La evaluación de las tecnologías incluye pruebas en el ambiente operacional colombiano, lo que implica que los equipos deben demostrar su eficacia bajo condiciones reales y particulares del país. De acuerdo con Cambio, el Ministerio exige que los sistemas puedan detectar y neutralizar drones, tanto mediante sensores como por tecnologías de radiofrecuencia. Entre los requisitos técnicos, se exige la capacidad de detectar dispositivos a una distancia mínima de 800 metros y bloquear señales en un radio de al menos dos kilómetros en un tiempo máximo de 10 segundos.
En el proceso participan 41 empresas nacionales e internacionales, que desde enero presentan sus propuestas y demuestran el potencial de sus tecnologías. Las pruebas técnicas, iniciadas el 25 de marzo y extendidas hasta el 18 de abril, serán evaluadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos del Ministerio.
Proceso contractual, confidencialidad y documentación revelada
De acuerdo con Cambio, el Ministerio prevé adjudicar el contrato el 7 de mayo, antes de la primera vuelta presidencial, siempre que no surjan imprevistos. El proceso de contratación excluye intermediarios y exige acuerdos Offset, donde el contratista debe compensar al Estado de alguna manera. Además, la empresa seleccionada deberá garantizar actualización permanente, entrenamiento y capacitación de instructores para la operación y el mantenimiento de los equipos.
El acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional y de una empresa especializada en contratación estatal busca asegurar transparencia en todas las etapas del proyecto. Las ofertas presentadas serán evaluadas conforme a los procedimientos contractuales establecidos por la ley.

Sobre los criterios y tecnologías en estudio, Cambio accedió a documentación reservada que detalla aspectos técnicos y requisitos específicos para los sistemas tácticos antidrones, incluyendo la capacidad de detección, el uso de tecnología micro Doppler para radares y la opción de incorporar munición antidrones (soluciones Hard Kill) para la neutralización efectiva de los dispositivos en vuelo.
Los documentos también mencionan la necesidad de sistemas que trabajen con radiofrecuencia, tanto para la detección como para la interferencia de señales, y precisan que las pruebas técnicas son confidenciales y deben cumplir con los parámetros exigidos por el Ministerio.
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