El presidente Gustavo Petro ordenó al comisionado de paz, Otty Patiño, revisar y frenar los acercamientos con las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Calarcá’, tras cuestionamientos por incumplimientos en la mesa de diálogo y nuevos ataques contra la Fuerza Pública. La instrucción fue dada durante el Consejo de Ministros del martes 21 de abril, en el que el mandatario aseguró que no es viable avanzar en negociaciones bajo las condiciones actuales.
“Le he pedido a Otty Patiño que si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó fue a matar soldados, pues no hay paz. ¿Qué más vamos a hacer?”, afirmó.
El jefe de Estado reiteró que los procesos deben sustentarse en compromisos verificables: “A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”.
Señalamientos por incumplimientos y acciones violentas
De acuerdo con la Fuerza Pública, las disidencias de ‘Calarcá’ han continuado con actividades armadas y expansión territorial, a pesar de los acuerdos alcanzados desde la instalación de la mesa de diálogo en octubre de 2023.
Se les atribuye la masacre de 26 disidentes en Guaviare en enero (principalmente rivales de la facción de ‘Mordisco’) y el ataque a un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025. También se reportan acciones contra tropas que han dejado uniformados muertos.
Estos hechos se suman a incumplimientos en compromisos como la erradicación de cultivos ilícitos en el suroccidente del país, uno de los puntos centrales de las conversaciones. En su intervención, el mandatario también hizo referencia a conductas que calificó como crímenes graves: “Si el señor Calarcá se dedicó fue a matar con crímenes de guerra a sus rivales pues no hay paz”.

Contexto de orden público y hechos recientes
Las declaraciones del presidente se producen en medio de una situación de orden público compleja. En zona rural de Ipiales, Nariño, tres soldados fueron asesinados en combates mediante el uso de drones con explosivos, en hechos atribuidos a estructuras armadas ilegales. Petro también mencionó la fractura entre disidencias, aclarando que la facción de ‘Calarcá’ se apartó del grupo de ‘Mordisco’ y conformó el Estado Mayor de Bloques y Frente, lo que ha dificultado la consolidación de los diálogos.
El mandatario también se refirió a la dinámica en regiones de frontera y a la presencia de estructuras como el Estado Mayor Central, al mando de alias ‘Mordisco’.
Economía ilegal, Fedegán y crisis ambiental
Durante el Consejo de Ministros, el presidente vinculó actividades económicas ilegales con el conflicto armado y el impacto ambiental.
“Cuando la banca pública y la banca privada entregan créditos a la palma africana ilegal y a la ganadería ilegal en la selva amazónica, pues están promoviendo un lavado de activos”, señaló. “Y cuando, como es, Fedegán pone vacunas con el ICA en zonas de la selva, está promocionando... Están tumbando la selva. La ciencia indica que no se puede promover la destrucción de la selva amazónica para nada”, agregó, resaltando la gravedad de la deforestación y el papel de actores económicos en el conflicto.
Petro criticó la falta de acción internacional, especialmente de Estados Unidos, para enfrentar el lavado de activos y la destrucción ambiental: “El Gobierno de Estados Unidos debe guiarse por la ciencia... La ciencia indica que no se puede promover la destrucción de la selva amazónica para nada”.

Pronunciamiento de la Fiscalía y ciclos de diálogo
La decisión del Ejecutivo coincide con la solicitud de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de levantar la suspensión de la orden de captura contra alias ‘Calarcá’, al considerar que ha continuado delinquiendo durante el proceso de diálogo. Mientras se conocía esta postura, delegaciones del Gobierno y del grupo armado se reunieron a finales de marzo en los Llanos del Yarí, entre Meta y Caquetá, para hacer seguimiento a los compromisos correspondientes a los meses de febrero y marzo.
Alcance del proceso y presencia del grupo armado
Alias ‘Calarcá’ es identificado como uno de los principales comandantes del denominado Estado Mayor de Bloques, una de las estructuras disidentes de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Su organización tiene presencia en departamentos como Antioquia, Caquetá, Putumayo y Meta, donde ha sido señalada por delitos como extorsión, secuestro y homicidio, además de afectaciones a la población civil.
Estas disidencias estuvieron cobijadas por un cese al fuego bilateral durante 733 días en el marco de la política de paz del Gobierno. Sin embargo, diferentes sectores han cuestionado los resultados de esa medida. Por ejemplo, según Semana, la senadora Paloma Valencia afirmó que durante ese periodo el grupo habría incrementado su capacidad armada: “Calarcá hizo lo que quiso (…) y creció su pie de fuerza a casi 3.000 hombres”.
Otros procesos de diálogo y cierre de ciclo
El panorama de negociación con grupos armados también incluye procesos con otras organizaciones. El ELN, por ejemplo, mantuvo un cese al fuego durante 538 días, aunque las conversaciones se encuentran suspendidas desde el año anterior tras una escalada de violencia en el Catatumbo. Otras estructuras como el Clan del Golfo y disidencias de la Segunda Marquetalia también han estado vinculadas a mecanismos similares por periodos más cortos.
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