Cancillería tomó importante decisión sobre la atención al público por “Día cívico” este viernes 17 de abril de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dejó sin efecto la suspensión de atención al público prevista para el viernes 17 de abril de 2026 y mantendría operativos sus servicios en embajadas y consulados.

De acuerdo con lo informado por Caracol Radio, la entidad emitió una nueva circular que dejó sin efecto la instrucción inicial de no atender ese día, pese a que previamente se había notificado a funcionarios y usuarios la suspensión total de actividades.

La reversión respondería a la necesidad de evitar mayores afectaciones en medio de la reciente caída del sistema de atención, que habría dejado cientos de citas represadas a nivel global.

La decisión inicial de la Cancillería —contenida en una circular firmada por la Secretaría General— contemplaba sumarse al Día cívico de la Paz con la Naturaleza, una jornada institucionalizada mediante el decreto 500 del 18 de abril de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro.

Esta fecha, que se celebra el tercer viernes de abril, buscará promover el ahorro de energía y agua en el sector público.

Sin embargo, la nueva directriz, que fue emitida el miércoles 15 de abril, estableció que las sedes diplomáticas en el exterior continuarían con sus actividades habituales el viernes 17 de abril de 2026, garantizando así la continuidad de los servicios y la atención a los usuarios.

El “día cívico” aplicará únicamente para los funcionarios de la Rama Ejecutiva nacional, por lo que su adopción dependería de entidades territoriales, alcaldías y empresas públicas y privadas.

Además, la medida excluirá a los servicios considerados esenciales, como los relacionados con seguridad, atención hospitalaria, movilidad y gestión del riesgo, que seguirían operando con normalidad.

Con este ajuste, el Ministerio de Relaciones Exteriores equilibrará la aplicación de la jornada institucional con la necesidad de no interrumpir trámites clave para la ciudadanía, tanto en Colombia como en el exterior.

Las investigaciones por las caídas del sistema el 9 de abril

la Cancillería habría desmentido informaciones sobre una supuesta nueva caída del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), plataforma clave para la expedición de pasaportes y otros documentos.

Según un reporte publicado el 14 de abril por El Espectador, la entidad aseguró que los incidentes técnicos registrados en días anteriores ya habrían sido superados y que los servicios operan con normalidad.

De acuerdo con esa versión oficial, la asignación de citas y la entrega de pasaportes no presentarían interrupciones. No obstante, el mismo medio citó fuentes internas que habrían reconocido fallas puntuales, atribuidas principalmente a problemas de conectividad y no a fallas estructurales del sistema. Estas dificultades no habrían implicado cierres de oficinas ni suspensión de servicios, ni en Colombia ni en consulados en el exterior.

También se investigaría un ciberataque de alta complejidad contra los servidores del Sitac, lo que habría activado protocolos de seguridad con la participación de entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía y el Ministerio de Tecnologías de la Información.

Las hipótesis preliminares apuntarían a la posible presencia de software malicioso con capacidad de persistencia, lo que representaría riesgos sobre la integridad y confidencialidad de los datos.

El Sitac, en funcionamiento desde 2013, concentra información biométrica y documental de millones de ciudadanos, además de soportar trámites como apostillas, legalizaciones y procesos consulares sensibles. Su relevancia lo convierte en una infraestructura crítica para la operación del servicio exterior colombiano.

A la par de los problemas técnicos, el modelo de expedición de pasaportes implementado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro también se encuentra bajo revisión.

La Procuraduría General de la Nación habría advertido posibles irregularidades en el convenio firmado en 2025 con la empresa portuguesa Imprensa Nacional – Casa da Moeda, cuyo valor superaría los 1,3 billones de pesos.

El ente de control habría señalado deficiencias en la planeación, ausencia de estudios de mercado y cuestionamientos sobre la figura de contratación utilizada, lo que podría comprometer la legalidad y sostenibilidad financiera del acuerdo. Asimismo, alertó sobre riesgos asociados a pagos en moneda extranjera y posibles déficits presupuestales desde las primeras vigencias del contrato.

En medio de este panorama, funcionarios de carrera diplomática habrían reiterado advertencias sobre la fragilidad del sistema tecnológico que soporta estos procesos, señalando que la falta de modernización estructural podría derivar en nuevas contingencias.