La suspensión de licencias a 31 empresas de seguridad privada en Colombia generó alarma debido a la infiltración de organizaciones criminales en el sector.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció esta medida el martes 14 de abril, confirmando que varias de estas firmas servían como fachada para suministrar armas y protección a líderes del crimen organizado.
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Las licencias fueron suspendidas porque las autoridades identificaron que muchas de estas empresas actuaban como frente de bandas criminales.
Proporcionaban armas, escoltas y cobertura legal a personas con antecedentes judiciales, lo que aumentó los riesgos para la seguridad pública y puso en evidencia graves fallos institucionales en los controles del sector.
Cómo operaban las empresas de seguridad suspendidas
La investigación publicada por El Tiempo detalló que algunas de estas compañías funcionaban con licencias que no aparecían en el sistema oficial y mediante contratos fraudulentos para ofrecer servicios de vigilancia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Zipaquirá, Yopal y Bello.
En marzo de 2025, se reveló que los esquemas irregulares permitían amparar armas a capos y delincuentes, quienes llegaron a actuar como escoltas bajo respaldo legal.
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Según la Fiscalía, se habrían otorgado servicios y alquiler de armas a personas requeridas judicialmente.
Entre las empresas sancionadas se encuentran Pretorian Security Ltda., Securbel y Sara Ltda., señaladas por tener vínculos con líderes de estructuras delictivas. Este caso expuso cómo los procesos de control internos permitieron la multiplicación de licencias fraudulentas y el alquiler ilegal de armas.
Vínculos entre exoficiales, empresas y bandas criminales
El análisis posterior identificó la presencia de oficiales de policía retirados en la dirección de varias empresas suspendidas. El coronel (r.) Pedro Ruiz Pulido era el representante de Pretorian Security Ltda., vinculada a uno de los implicados en la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota.
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Ruiz Pulido, de 58 años, fue contratado como consultor de la Unidad Nacional de Protección en 2019 y en 2023 fundó la empresa Franper Security and Service LLC. En Miami, ubicada en 1900 N Bayshore Dr. Suite 1A #136.
A inicios de 2025, el coronel (r.) fue capturado junto a dos personas más, acusados de utilizar estas empresas para actividades delictivas, según el medio mencionado.
La investigación resalta que el clan del Golfo articulaba relaciones entre compañías, administradores y criminales involucrados.
Seguridad Sara fue señalada por suministrar armas a exparamilitares como Jhon Fredy Gallo, alias Pájaro, y Oliverio Isaza, alias Terror, quien falleció en una operación militar el 24 de febrero. Además, Pretorian protegió como escolta a Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias Gárgola, jefe de la banda ‘la Constru’.
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También se destaca el caso de Édgar Elicio Munevar Castillo, alias el Caballista, lugarteniente del clan del Golfo y subordinado de ‘Terror’, quien fue liberado en enero.
‘Pájaro’ y ‘el Caballista’ fueron procesados como responsables intelectuales de la evasión de alias Matamba, y la firma Isvi Rental Ltda., otra empresa sancionada, figura vinculada a estos hechos.
En Isvi Rental Ltda., el coronel (r.) Ruiz Pulido aparece como suplente del gerente. Allí trabajaron Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias el Capi, y Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro, ambos condenados en Estados Unidos por el atentado con carro bomba en la Brigada 30.
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Francisco Vergara Lago, gerente durante ese periodo, también aparece relacionado con la firma en Miami.
Las autoridades investigan si otras empresas de seguridad con licencias suspendidas ocultan más integrantes de redes criminales al interior de sus estructuras.
Reacciones y próximos pasos de las autoridades
El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo ante el escándalo, subrayando los riesgos de que empresas que deben proteger a la ciudadanía puedan estar al servicio de intereses criminales. La Fiscalía identificó contratos falsos y el alquiler irregular de armas, lo que evidenció deficiencias en la supervisión del sector.
Las investigaciones fueron ampliadas y no se descarta que otras firmas, funcionarios o exfuncionarios públicos sean vinculados, según el medio citado.
La Superintendencia de Vigilancia intensificó el análisis de documentos y tras la desaparición de registros anteriores, asumió el compromiso de mejorar sus controles.
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