La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt por una presunta omisión en el reporte de información contable durante su administración. El proceso disciplinario se relaciona con el incumplimiento en el envío de datos sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos del tercer trimestre de 2021, según información obtenida por Revista Semana.
El organismo de control indicó que estos reportes eran obligatorios y debían remitirse dentro de los plazos establecidos a la Contaduría General de la República. Esta información es clave para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y permitir el seguimiento fiscal por parte de las autoridades y la ciudadanía, según información obtenida.
La investigación establece que la administración distrital no habría cumplido con el envío oportuno de los datos, lo que derivó en la apertura formal del proceso disciplinario. La omisión ha sido considerada relevante por su impacto en el control de los recursos del distrito.
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Omisión en el reporte y consecuencias para el control fiscal
De acuerdo con la Procuraduría, la administración de Cartagena tenía como fecha límite el 31 de octubre de 2021 para entregar la información correspondiente al periodo comprendido entre julio y septiembre de ese año.
Sin embargo, el reporte no fue enviado dentro del plazo estipulado, lo que encendió las alertas del ente de control y dio lugar a la formulación de cargos.
El Ministerio Público advirtió que la omisión en el reporte contable no es un asunto menor, ya que estos informes son fundamentales para garantizar la transparencia en la gestión pública. La ausencia de la información habría dificultado el seguimiento detallado del uso de los recursos públicos durante ese periodo, afectando la capacidad de control institucional.
En ese mismo contexto, la Procuraduría explicó que los reportes presupuestales permiten evaluar la ejecución de ingresos y gastos, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las entidades territoriales. La falta de estos datos limita la supervisión y podría generar vacíos en la rendición de cuentas ante los ciudadanos.
Por estos hechos, también se formularon cargos contra el entonces director financiero de la Secretaría de Hacienda de Cartagena, Eudes Soler Sanabria, quien, según la investigación, tendría responsabilidad directa en el envío de la información requerida por la Contaduría General de la República.
Falta gravísima y etapa del proceso disciplinario
La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta atribuida a los funcionarios como una falta gravísima a título de culpa gravísima, una de las categorías más severas dentro del régimen disciplinario colombiano. Esta clasificación implica que, de comprobarse las irregularidades, los implicados podrían enfrentar sanciones que incluyen inhabilidades para ejercer cargos públicos.
El caso entra ahora en fase de juicio disciplinario, una etapa clave dentro del proceso en la que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa, presentar pruebas y controvertir los argumentos expuestos por el ente de control. Esta fase determinará si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades y definir eventuales sanciones.
La Procuraduría ha reiterado que el cumplimiento de los deberes contables es esencial para garantizar una administración pública transparente y eficiente. En ese sentido, la omisión en la entrega de información financiera puede tener implicaciones disciplinarias significativas, especialmente cuando se trata de recursos públicos.
Este proceso se suma a otros episodios disciplinarios relacionados con la gestión de William Dau Chamatt, quien fue alcalde de Cartagena entre 2020 y 2023. Durante su administración y posteriormente, ha enfrentado diversas investigaciones y sanciones que han mantenido su nombre en el centro del debate público.
La actuación del organismo de control pone nuevamente en evidencia la importancia de los mecanismos de vigilancia sobre la gestión pública y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas continúan siendo aspectos clave en la administración de los recursos del Estado.
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