No pagar las multas de tránsito en Colombia puede generar problemas legales: esto dice la ley

No pagar un comparendo de tránsito en Colombia puede acarrear consecuencias legales de alcance patrimonial y laboral, al punto de habilitar el embargo de cuentas bancarias y la imposibilidad de ejercer cargos públicos.

El cobro coactivo permite a la autoridad ejecutar medidas contra bienes y salarios, mientras que la falta de actualización de datos en el Runt incrementa el riesgo de notificaciones fallidas y la consiguiente pérdida del derecho a defensa.

La normativa exige al infractor cumplir tanto con las obligaciones financieras como con el deber de mantener vigente la información personal ante los organismos de tránsito, lo que condiciona la validez del proceso sancionatorio y puede derivar en complicaciones adicionales al intentar renovar la licencia o realizar trámites vehiculares.

La deuda por infracciones de tránsito puede ser reclamada judicialmente incluso por sumas pequeñas, dado que la autoridad tiene tres años para iniciar el cobro a partir de la infracción, y tras la expedición del mandamiento de pago dispone de otros tres años para ejecutar la medida, según el artículo 159 de la Ley 769 de 2002.

Si el proceso no se realiza en este plazo y el infractor no es notificado, puede solicitar la prescripción, para lo cual la entidad debe responder en un máximo de 15 días hábiles.

La falta de pago de un comparendo restringe trámites esenciales: renovar la licencia de conducción, vender o traspasar un vehículo, firmar contratos con entidades oficiales e incluso acceder a nombramientos o ascensos en el sector público.

Los intereses de mora comienzan a generarse después de los primeros 30 días de impuesta la sanción y, una vez superados los 90 días sin pago, la autoridad puede iniciar un procedimiento de cobro coactivo, lo que habilita el embargo sobre cuentas de ahorro y corrientes, retención de una parte del salario y afectación directa sobre bienes del deudor.

El impacto se extiende más allá de lo administrativo: la inclusión en las centrales de riesgo limita el acceso a productos financieros y afecta la vida crediticia del infractor. Esta consecuencia se mantiene aún si la notificación de la multa no fue recibida, ya que la ley presume válida toda comunicación realizada a la dirección registrada en el Runt, siendo obligación del ciudadano mantener estos datos actualizados.

No hacerlo puede anular la posibilidad de alegar violación al debido proceso, salvo que se aporte prueba fehaciente de la irregularidad durante el plazo legal.

En respuesta a la consulta sobre los descuentos, James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, explicó a El Espectador que existen reducciones sustanciales para quienes pagan prontamente: el 50% del valor si el pago se realiza en los primeros cinco días hábiles tras la infracción y el 25% entre el sexto y el vigésimo día hábil, siempre que se curse el seminario pedagógico obligatorio. A partir del día veintiuno hasta el trigésimo, el pago debe ser por el monto total, y pasado ese punto se activan los intereses moratorios y el riesgo de cobro judicial.

Derechos y recursos ante errores o casos especiales

Reclamar por una multa considerada injusta o por comparendos notificados incorrectamente requiere intervención directa ante la autoridad emisora. Ignorar la sanción bajo el alegato de error no impide el avance del proceso. El recurso es solicitar audiencia y apelar en la entidad que impuso el comparendo, ya que el trámite no se puede adelantar en ciudades distintas.

Si el embargo se produce antes de la notificación o tras un pago ya realizado, el titular del vehículo debe juntar comprobantes y solicitar la terminación de la medida acompañada de un paz y salvo que permita corregir el reporte negativo en las centrales de riesgo. En caso de sanción generada por un uso indebido del vehículo tras una dación en pago al banco, el documento que certifique la fecha del traspaso es esencial para desligar la responsabilidad de infracciones futuras.

La prescripción, en virtud del artículo 159 de la Ley 769 de 2002 y el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, se opera cuando han transcurrido tres años desde el acto sin que se haya iniciado formalmente el cobro. La notificación del mandamiento de pago interrumpe este plazo y habilita un nuevo periodo de tres años para la gestión de la sanción. Si el infractor solicita la prescripción, la entidad tiene 15 días hábiles para resolver y, de no mediar respuesta o si persiste una actuación irregular, es posible acudir a la tutela judicial.

Entre las medidas más drásticas destaca el embargo de bienes, cuentas y hasta el salario. El impacto patrimonial puede ser inmediato y de amplio espectro. La sentencia C-038 de 2020 de la Corte Constitucional estableció, además, que la responsabilidad solidaria del propietario frente a infracciones generadas por terceros fue limitada, permitiendo la defensa solo durante los cuatro meses siguientes a los hechos.

No revisar periódicamente el estado de las multas o no mantener los datos de contacto actualizados ante la Secretaría de Movilidad constituye una de las fallas más frecuentes. La ley no exime por desconocimiento ni por falta de aviso, dado el requisito legal de vigilancia personal sobre las obligaciones ante los organismos de tránsito.

Al pagar una multa luego de una irregularidad reconocida por la Policía Nacional, el ciudadano puede solicitar devolución del dinero ante la inspección general, quedando el fallo como título ejecutivo. Si esta instancia falla en contra, sólo quedan vigentes los recursos de reposición y apelación.

Una multa de tránsito impaga no se extingue por olvido ni por ausencia de notificación, y se convierte en un obstáculo legal y económico que afecta múltiples áreas de la vida cotidiana.

Las alternativas de reducción solo aplican en los plazos iniciales y dependen de la realización de cursos pedagógicos, mientras que la omisión o la demora exponen al infractor a sanciones patrimoniales y la posibilidad real de embargo judicial.