Contrato por $33.000 millones del Sena está bajo la lupa, denuncian irregularidades en proceso de seguimiento

La adjudicación de un contrato por 33.000 millones de pesos para la vigilancia privada en la Zona dos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se ha convertido en el eje de una controversia pública, luego de que tres de los cuatro consorcios participantes señalaran posibles irregularidades y favorecimiento a un solo oferente en la audiencia celebrada el 9 de abril en Bogotá.

El proceso, que abarca los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Meta, ha despertado inquietud en torno a la transparencia y equidad de la licitación, sin que exista ningún tipo de respuesta por parte de la entidad.

Durante la diligencia, la atención se centró en las denuncias de los consorcios competidores, que afirmaron que los requisitos de los pliegos de condiciones coincidían exactamente con los perfiles de la Unión Temporal DI Seguridad, integrada por las empresas Detección Seguridad Privada Ltda e Implementar Seguridad Ltda.

Según los oferentes, los criterios establecidos habrían restringido la competencia, ya que solo esa unión temporal podía cumplir con todos los parámetros exigidos. Una veeduría ciudadana había advertido sobre esta situación desde la etapa de borradores del proceso.

Los denunciantes indicaron que los informes de evaluación y ponderación no se publicaron antes del inicio de la audiencia, lo que impidió que pudieran analizar los resultados y preparar observaciones fundamentadas. Ante las acusaciones por falta de transparencia en la publicación de los informes, se tomó la decisión de suspender temporalmente la diligencia.

Infobae Colombia conoció que los representantes de los consorcios no favorecidos manifestaron que el comité evaluador aplicó criterios más estrictos para evaluar sus propuestas, en contraste con el trato recibido por la Unión Temporal DI Seguridad, y aseguran que a su grupo se les exigió subsanar requisitos de experiencia y documentación que, presuntamente, no se solicitaron al oferente finalmente recomendado para la adjudicación.

Ante la gravedad de las denuncias, la Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso y expresó preocupación por la posible existencia de un “pliego a la medida”. El órgano de control recordó que las alertas sobre un supuesto direccionamiento ya habían sido comunicadas previamente y solicitó al comité evaluador que garantice la igualdad de condiciones para todos los participantes.

Los denunciantes indicaron que, a pesar de la gravedad de las denuncias, la administración del Sena concedió únicamente un receso de 90 minutos antes de retomar la audiencia y los asistentes al proceso consideraron insuficiente este tiempo para la revisión y respuesta a las controversias expuestas, dado el volumen de documentos y la gravedad de los señalamientos, por lo que se pedirá una nueva suspensión.

Cabe recordar que el contrato en disputa abarca la seguridad de sedes y centros de formación en seis departamentos de la región centro-oriente del país. De acuerdo con los pliegos, la adjudicación busca garantizar la prestación continua de servicios de vigilancia privada, un rubro que históricamente ha sido objeto de múltiples licitaciones e investigaciones administrativas en el sector público colombiano.

Entre los aspectos filtrados de la adjudicación está que la Unión Temporal DI Seguridad, señalada como posible beneficiaria del proceso, está conformada por Detección Seguridad Privada Ltda. e Implementar Seguridad Ltda., empresas con trayectoria en la prestación de servicios al Estado. En audiencias anteriores, representantes de otras firmas competidoras ya habían hecho énfasis en la coincidencia entre los requisitos técnicos y la experiencia acreditada exclusivamente por este grupo empresarial.

Voceros de las partes denunciantes indicaron a Infobae Colombia que lo registrado en la audiencia es una muestra de las irregularidades que se han registrado en el proceso y denunciaron dos aspectos.

En primer lugar, falta de transparencia, argumentando que la audiencia debió suspenderse inicialmente porque los informes de evaluación y ponderación no se publicaron a tiempo. Segundo, desigualdad de criterios: Los oferentes rechazados e inconformes aseguran que se les aplicó un rigor evaluativo que no se usó con el consorcio “favorito”, el cual, presuntamente, no subsanó requisitos de experiencia exigidos a los demás.