
La disputa por el control de la Universidad Autónoma del Caribe volvió a tomar fuerza tras una decisión judicial que podría cambiar el rumbo de su dirección. Un fallo de primera instancia abrió la puerta para que Silvia Gette Ponce regrese a la rectoría, en medio de un proceso marcado por controversias legales y administrativas.
La determinación fue adoptada por un Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías, que ordenó restablecer los derechos de Gette. El juez consideró que existen elementos suficientes para reconocerla como víctima dentro del proceso relacionado con la designación de Ramsés Vargas Lamadrid como rector.

Según el despacho, las actas de las reuniones en las que se tomó esa decisión presentan indicios de irregularidades, de acuerdo con información recopilada por la Fiscalía. Este punto resultó clave para sustentar el fallo y reconfigurar su situación dentro del proceso.
El juez también concluyó que Gette ya cumplió la pena impuesta en su contra, por lo que no enfrenta actualmente inhabilidades para ejercer cargos públicos. “Silvia Gette fue condenada el 29 de mayo de 2019 en primera instancia por el delito de abuso de confianza calificada y agravada por pasar un millón de dólares de las cuentas de la Universidad a una personal en Estados Unidos y dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2022 a 63 meses de prisión e inhabilidad para asumir cargos por el mismo término de la privación de la libertad”, explicó.
En esa línea, el juez enfatizó que el cumplimiento de la condena implica la restitución de derechos. “Una vez cumplida la pena no se le puede cercenar en la misma. El Estado debe garantizar la resocialización de los condenados y si ya la pena fue cumplida no se le puede señalar permanentemente”, sostuvo. Además, agregó que “no existe inhabilidad por sentencia condenatoria y de existir se enfrentaría a los principios constitucionales de resocialización, por lo que no estaría llamada a prosperar”.

No obstante, la decisión generó desacuerdos. El Ministerio de Educación se opuso al restablecimiento de sus derechos, argumentando que Gette no puede ser considerada víctima, ya que no ocupaba el cargo al momento del nombramiento de Vargas. “Ella no era catalogada como víctima en el proceso teniendo en cuenta que cuando Ramsés Vargas Lamadrid fue nombrado como rector de la Universidad Autónoma ella ya no estaba en ese cargo, por lo que consideró que si hubo algún delito en su nombramiento la víctima sería en ese caso el Ministerio de Educación”, señaló.
Asimismo, la entidad insistió en que “Si hubo algún engaño fue contra esta entidad del Estado cuando fue radicado el nombramiento de Vargas Lamadrid”, y recordó que en ese momento Gette enfrentaba procesos judiciales que le impedían ejercer la rectoría.
A estas críticas se sumó la defensa de uno de los implicados, que cuestionó la vía judicial utilizada para solicitar el restablecimiento de derechos, al considerar que debía tramitarse por la jurisdicción laboral. Pese a estas posiciones, la Fiscalía respaldó el fallo, al igual que la defensa de Gette, lo que refuerza su alcance en esta etapa del proceso.

El origen del caso se remonta a 2013, cuando el Consejo Directivo de la universidad nombró a Ramsés Vargas Lamadrid como rector en circunstancias que hoy son investigadas por presuntas irregularidades. Según la Fiscalía, quien debía asumir era el vicerrector, debido a la licencia de Gette, pero esto no ocurrió.
Ese episodio derivó en imputaciones por fraude procesal y falsedad en documento privado contra los miembros del Consejo Directivo de la época. En ese contexto, Gette aparece ahora como presunta víctima de una salida que habría sido “ilegal”. Aunque se trata de un fallo de primera instancia, la decisión reabre el debate sobre el control institucional y el futuro de la universidad. Por ahora, el proceso continúa y serán las siguientes decisiones judiciales las que definan si este eventual regreso se concreta o no.
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