Day Vásquez advierte que si habla “vuelan cabezas” y abogado de Nicolás Petro respondió: “¿Hasta cuándo este nivel de permisividad?”

La controversia en torno a la investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, volvió a escalar tras un cruce de declaraciones entre Day Vásquez, testigo estrella del caso, y el abogado del exdiputado del Atlántico, Alejandro Carranza.

Y es que la barranquillera lanzó un mensaje directo en su cuenta en la red social X que generó inquietud en el proceso judicial que la involucra, en el caso de su exesposo, aunque no separados legalmente.

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Vásquez publicó un mensaje en el que insinuó consecuencias inminentes: “El día que yo en verdad decida abrir la boca, vuelan cabezas… SIN EXCEPCIONES. Y ese día se está acercando… (sic)”. Aunque no mencionó nombres, su vínculo con el caso del hijo del presidente Gustavo Petro provocó una inmediata reacción de su contraparte legal.

El mensaje de Vásquez recordó a muchos observadores el peso de su testimonio, ya que su participación ante la Fiscalía General de la Nación es determinante. La información que aportó sobre supuestos movimientos irregulares de dinero durante la campaña presidencial de 2022 ubicó su figura en el centro de la atención mediática y judicial.

Desde entonces, su papel como testigo del órgano judicial marcó el rumbo del caso, al aportar elementos que sustentan la acusación, que es por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Respuesta de Alejandro Carranza: amenazas públicas y riesgo institucional

Frente a este mensaje, Alejandro Carranza, conocido en redes como “Hombre Jurista” y que también es abogado del presidente, emitió una respuesta contundente, por lo que señaló que las ‘amenazas’ de Vásquez son recurrentes y que su estrategia no se limita al ámbito jurídico.

“Cada vez que señalo a la señora Daysuris del Carmen Vásquez ante los jueces, cada vez que me opongo a decisiones que únicamente la favorecen, la respuesta no es jurídica: es la amenaza pública, cada vez más frecuente, cada vez más grave”, escribió el abogado en su cuenta de X.

Carranza criticó la actuación de Vásquez dentro del proceso, al recordar que la Fiscalía y la Procuraduría sostuvieron ante el juez que la medida de aseguramiento que limita su libertad no estaba vinculada al delito de violación de datos personales; sin embargo, esto contradice lo determinado por el Juzgado 74 Penal de Control de Garantías de Bogotá, que aplicó la medida por la totalidad de los delitos imputados, un hecho que el abogado calificó como una “tergiversación con efectos procesales concretos”.

Medida de aseguramiento y cuestionamientos al actuar de la Fiscalía

El abogado también expuso detalles de la audiencia celebrada en Barranquilla, en la que se debatió la posible revocatoria de la medida de aseguramiento y donde, según él, no se permitió intervenir en otra diligencia sobre la libertad del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

Alejandro Carranza destacó la labor de David Albarracín, que asumió la defensa del Bonilla en un momento decisivo del proceso en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En su mensaje, Carranza vinculó directamente la actitud de Vásquez con un riesgo para la institucionalidad judicial: “La respuesta de @Daysvasquezc es más amenazas. Más presión indebida. Más intentos de intimidación. La pregunta ya no es jurídica. Es institucional. ¿Hasta cuándo este nivel de permisividad señora Fiscal General dra Luz Adriana Camargo? ¿Hasta cuándo el silencio de la Fiscalía frente a conductas que desbordan el debate procesal y rozan la obstrucción de la justicia? (sic)”.

Finalmente, el jurista dejó claro que su labor se centra en proteger los derechos de las víctimas y que continuará su defensa con firmeza: “Porque defender a las víctimas no puede convertirse, en Colombia, en una actividad de riesgo. No pararemos hasta que Daysuris y sus cómplices asuman las consecuencias jurídicas que buscaron”.

El intercambio entre las partes puso de manifiesto un nuevo capítulo de tensión dentro de un proceso que ya ha captado la atención nacional, en el que la relación personal y política entre los protagonistas se entrelaza con decisiones judiciales y acusaciones de presunta corrupción.