Policía se refirió a perra que fue atropellada por una moto de la institución en Bogotá: aseguran que investigan el caso

La reacción de la comunidad del barrio El Recreo, en la localidad de Bosa, se intensificó tras la circulación de un video donde se observa a una moto de la Policía involucrada en un incidente con una perra criolla.

En las imágenes divulgadas, un uniformado supuestamente atropelló al animal y se retiró sin prestarle ayuda.

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La Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado oficial después de que la grabación se viralizara en redes sociales.

En el documento, la institución confirmó que la Policía Ambiental intervino rápidamente, logrando rescatar a la perra, identificada como Kiara “quien ya recibió atención médico veterinaria y se encuentra estable”.

Esta información fue proporcionada por la propia institución, que detalló los pasos seguidos tras el accidente.

Según la institución, “se adelantan las verificaciones de tiempo, modo y lugar para esclarecer lo ocurrido, mientras se realiza la recolección de información con el fin de que las autoridades competentes inicien las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar”.

El video que se difundió en plataformas digitales motivó la reacción de la comunidad y el llamado a esclarecer la conducta del uniformado implicado.

La situación puso en el centro del debate la actuación de los policías en casos de maltrato animal y la respuesta institucional ante hechos de esta naturaleza.

En respuesta a la preocupación ciudadana, la Policía invitó a la comunidad a colaborar: “La institución invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad, la convivencia y la protección animal a través de la línea 123”.

Así como explicó el teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la estación de Policía Bosa: “En las últimas horas se conoce un video que está circulando por redes sociales, donde aparentemente una motocicleta de la policía, conducida por un uniformado de la institución, atropella a un canino. Es así que con nuestra policía ambiental estamos en la labor de la recuperación de este canino de nombre Kiara”.

El oficial detalló que “en estos momentos estamos adelantando las investigaciones de tiempo, modo y lugar para establecer los hechos sucedidos y así iniciar las investigaciones correspondientes, disciplinarias y penales que haya lugar”.

Detalles de los hechos

La reacción ciudadana no se hizo esperar tras la difusión de imágenes en las que una motocicleta oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá arrolla a una perra en la intersección de la calle 71 Sur con carrera 98B.

Eran la 1:36 a. m. del 3 de abril cuando el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del sector, generando un reclamo inmediato en redes sociales y en el propio vecindario.

La escena quedó grabada: el vehículo policial embistió a la mascota y prosiguió su marcha. “Que se identifique al presunto responsable y que pague con todo el peso de la ley. La vida animal se respeta, por muy policía que sea”, se lee en mensajes replicados por internautas, quienes expresaron su rechazo ante la falta de reacción institucional.

El episodio, registrado durante la madrugada, motivó a los vecinos a salir de sus viviendas al escuchar el golpe. Al acercarse, hallaron a la perrita de pelaje negro inmóvil, quejándose de dolor.

Según relataron testigos a medios locales, el animal pertenece a una familia de recicladores asentada en la zona. Los residentes, conmovidos, organizaron una colecta para costear la atención veterinaria de la canina.

Vecinos y usuarios en plataformas digitales coincidieron en exigir una respuesta a las autoridades. El video, ampliamente compartido, multiplicó las críticas nacionales sobre los procedimientos de algunos integrantes de la fuerza pública, reavivando cuestionamientos sobre el trato hacia los animales y la responsabilidad institucional.

El caso vuelve a poner en el centro de la discusión la implementación de la Ley Ángel, la Ley 2455 de 2025, que endurece las penas por actos de violencia contra animales en Colombia.

La normativa prevé hasta 56 meses de prisión y multas de 15 a 60 salarios mínimos para quienes causen la muerte de un animal, además de impedir que los condenados puedan tener mascotas y establecer un registro nacional de maltratadores.