En medio de la polémica por la decisión de la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura de 23 cabecillas del crimen organizado en el Valle de Aburrá como parte de las negociaciones que tienen como objetivo concretar una “paz urbana” en la región, la fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que este beneficio le fue revocado a 16 de los criminales condenados.
El pronunciamiento de Camargo provocó diferentes reacciones a nivel nacional, lo que incluyó a los representantes de los gestores de la mesa de negociación que se adelanta en la cárcel de Itagüí.
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El encargado de hablar en nombre de los cabecillas del crimen organizado fue Jorge Mejía, facilitador de paz en el espacio de conversación sociojurídico, que mencionó el impacto que provoca la decisión de la Fiscalía, enfocándose principalmente en los avances que había concretado antes de ello.
“En esta etapa avanzamos decididamente en la deliberación del acuerdo condicionado de paz urbana, el cual recoge todas las dimensiones y temas que han sido prioridad para el Gobierno nacional en la política de paz total y los elementos sustanciales de la conversación centro jurídica con las estructuras”, indicó Mejía en un espacio en el que atendió a la prensa.
Los representantes de la “paz urbana” indicaron que la negociación estaba en una fase que podía comprometer de manera positiva la seguridad ciudadana en la región, puesto que los cabecillas se han comprometido a trabajar junto a todas las partes para avanzar de una mejor manera en la mesa de diálogo.
Este sería el motivo por el que la decisión de la Fiscalía General de la Nación no incluye a Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; y Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, a los que se les mantendrá la suspensión de la orden de captura.
Entre los objetivos a corto plazo que se han concretado en la negociación está el desescalamiento real de la violencia en la región, eliminar las “fronteras invisibles” de los barrios y que se registre una reducción en el caso de homicidios.
De la misma forma, los voceros que están en prisión se han comprometido a realizar un proceso de reparación y no repetición en el que reconocerán los delitos que han cometido y serán reparadas las víctimas.
Senadora Zuleta rechazó la decisión de la Fiscalía
Como líder de la mesa de diálogo por disposición del Gobierno Petro, la congresista Isabel Zuleta habló con LaFM y rechazó la notificación de la Fiscalía e indicó que se trata de una persecución en contra del proceso de paz que se adelanta en Antioquia.
“Hay una discusión jurídica compleja en este momento en relación a la pertinencia o no de levantar órdenes de captura a privados de la libertad”, dijo la parlamentaria al ser interrogada por la prensa por el tema.
La congresista cuestionó que la Fiscalía ha revocado unos beneficios que el ente acusador aprobó desde febrero de 2026.
“Esta delegación hizo la solicitud a la Consejería Comisionada, quien la dirigió en el mes de febrero a la Fiscalía. La Fiscalía consideró en su momento que era pertinente; ahora considera que no. Eso quiere decir que no hay claridad sobre la pertinencia o hay discusión. No hay una posición única en relación a la pertinencia de esas medidas”.
De la misma forma, Zuleta anticipó que, desde su criterio, concretar el retiro de las órdenes de captura es darles garantías a los negociadores que se encuentran en prisión.
“El origen de la petición a la Fiscalía de la resolución es la persecución judicial y mediática contra este proceso. Si el proceso de paz urbana no tuviese persecución por los medios de comunicación y por las autoridades locales, no sería necesaria la resolución. La petición de esta garantía fue necesaria precisamente por la persecución que se vive. Es meramente una garantía, no es un procedimiento y mucho menos una libertad, como se dijo falsamente”, puntualizó la senadora.
En medio de la polémica se ha confirmado que, a pesar de que había renunciado a seguir siendo parte de la mesa de diálogo, Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como “Carlos Pesebre”, ha vuelto a ser parte de las conversaciones con el Estado.
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