Acolgen pidió a la Corte Constitucional tumbar el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para que se declare la inexequibilidad del decreto mediante el cual el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en respuesta a la ola invernal.

En su intervención, el gremio expuso una serie de argumentos jurídicos y técnicos con los que cuestiona la validez de la medida adoptada por el Ejecutivo.

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De acuerdo con el concepto radicado y conocido por Infobae Colombia, Acolgen sostiene que los hechos que motivaron la declaratoria no cumplen con los requisitos constitucionales de imprevisibilidad ni de sobreviniencia, al tratarse de fenómenos que habían sido anticipados tanto por entidades técnicas como por la propia institucionalidad estatal. Asimismo, el gremio advierte que el Gobierno no agotó ni evaluó adecuadamente los mecanismos ordinarios disponibles antes de acudir a un estado de excepción.

Falta de imprevisibilidad y errores en la valoración de la crisis

Uno de los principales argumentos presentados por Acolgen se centra en que los fenómenos climáticos asociados a la ola invernal eran previsibles dentro de los escenarios de variabilidad climática que han sido advertidos por entidades como el Ideam. En ese sentido, el gremio señala que, aunque puede existir incertidumbre en el corto plazo sobre el momento exacto de ocurrencia de estos eventos, su frecuencia e intensidad han sido ampliamente documentadas.

El documento también indica que el Gobierno debía demostrar que el evento que motivó la declaratoria era estructuralmente imprevisible, así como que su magnitud superaba la capacidad de respuesta del Estado. Sin embargo, según la intervención, estos elementos no fueron acreditados en el decreto.

Acolgen también cuestiona la valoración realizada por el Ejecutivo sobre la gravedad de algunas situaciones específicas. En el caso de Hidroituango, el documento señala que el decreto presenta el escenario como crítico, mientras que reportes de autoridades regionales lo ubicaban en niveles de alerta inferiores.

De igual forma, frente al embalse de Urrá, se expone que su operación correspondía a condiciones técnicas normales y que, incluso, habría contribuido a mitigar el impacto de las crecientes. En este punto, el gremio advierte que se configuraría un “error manifiesto de valoración”, al considerar que los hechos descritos no corresponden a una situación extraordinaria que justifique la adopción de medidas excepcionales.

Omisión de herramientas ordinarias y problemas de ejecución

Otro de los ejes de la solicitud radica en que el Gobierno no habría evaluado ni utilizado plenamente los instrumentos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico para atender este tipo de situaciones. Acolgen menciona que el decreto no hace referencia a mecanismos como la Ley 1523 de gestión del riesgo, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, el Fondo de Adaptación, ni a otras herramientas presupuestales y regulatorias disponibles.

Asimismo, el gremio señala la ausencia de análisis sobre instrumentos de planificación como los Planes de Ordenamiento Territorial, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1931 de 2018 sobre cambio climático y el Conpes 4058 de 2021. Según el documento, la Corte Constitucional ya había establecido en precedentes como la Sentencia C-383 de 2023 la necesidad de evaluar estos instrumentos antes de declarar una emergencia.

Acolgen sostiene que la situación no obedece a la falta de mecanismos, sino a dificultades en su implementación. En ese sentido, cita lo ocurrido durante una sesión del 6 de febrero de 2026, en la que, según el documento, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que ya existían declaratorias previas que no habían sido ejecutadas.

En el ámbito fiscal, el gremio argumenta que los problemas señalados por el Gobierno no constituyen hechos sobrevinientes, sino situaciones conocidas con anterioridad por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. También señala que no se habría demostrado la existencia del faltante presupuestal mencionado en el decreto.

Solicitudes a la Corte

En su intervención, Acolgen solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto mientras se adopta una decisión de fondo, al considerar que su aplicación podría generar efectos irreversibles en distintos ámbitos, incluido el sector energético.

Adicionalmente, pidió que se declare la inexequibilidad total de la norma por varios motivos, entre ellos presuntos vicios formales, falta de motivación suficiente, ausencia de hechos extraordinarios y no demostración de la insuficiencia de los mecanismos ordinarios.

Como alternativa, el gremio planteó la posibilidad de una inexequibilidad parcial, dirigida a apartes del decreto relacionados con la crisis del mercado energético, los niveles de los embalses y las medidas de carácter tributario y regulatorio, al considerar que no guardan relación directa con la emergencia declarada.

El documento también advierte que el uso del estado de excepción podría estar orientado a la adopción de decisiones que, en condiciones normales, corresponderían al Congreso de la República. En ese sentido, se menciona que algunas de las medidas incluidas en el decreto tendrían implicaciones en materia tributaria y regulatoria.

Finalmente, Acolgen señala posibles impactos en el sector eléctrico derivados de la implementación del decreto, incluyendo efectos sobre la inversión, la prestación del servicio y el acceso a la energía, así como eventuales repercusiones en el ejercicio de derechos fundamentales. “La falta de preparación del Estado frente a fenómenos previsibles no puede convertirse en justificación para declarar una emergencia”, concluye el documento presentado ante la Corte Constitucional.